“La impunidad se revela como el fundamento jurídico en la prolongación actual del genocidio. Entonces, se hace evidente, como experiencia histórica renovada, que la justicia no es un acto formal del derecho, sino que previamente es necesario adquirir el poder colectivo de sentar a los demás criminales en el banquillo: deshacer la trama. La justicia es el acto final en el ejercicio previo de la resistencia social y del poder colectivo: impedir con nuestra propia fuerza que lo puedan seguir ejerciendo para destruirnos y expropiarnos”.
León Rozitchner
35 años después del inicio de la dictadura cívico militar que implantó el terrorismo de Estado y llevó adelante el genocidio que costó la vida de 30 mil argentinos y argentinas y somete aún a millones a una vida de marginación y exclusión producto de las políticas neoliberales que inspiraron a represores y cómplices civiles, Bahía Blanca será sede del primer juicio por aquellos delitos de lesa humanidad en la región.
Respetando cada una de las garantías jurídicas que ellos avasallaron, serán en principio 19 imputados que deberán rendir cuentas por un centenar de casos cuyas víctimas pasaron por el circuito de secuestro, tortura, asesinato o desaparición bajo el control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército. Algunos de ellos y ellas fueron liberados y formarán parte del grupo de más de 300 testigos ofrecidos por las querellas y la fiscalía.
Nuestra ciudad ha sido fuertemente influenciada por los intereses antidemocráticos del Ejército, la Armada, la jerarquía de la Iglesia Católica y los sectores empresariales que se beneficiaron durante la última dictadura. Para ello contaron y cuentan con un vocero históricamente identificado con las causas antipopulares como el diario La Nueva Provincia.
Ante la relevancia nacional e internacional del proceso judicial en marcha que tendrá su debate oral, según estimaciones, en el mes de abril y se desarrollará en uno de los escenarios emblemáticos de la represión como fue la Universidad Nacional del Sur.
Y teniendo en cuenta, como dijo el fiscal Abel Córdoba, que “el proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”.
Desde la Cooperativa de Servicios Culturales de Bahía Blanca, a través de la FM De la Calle y con el respaldo y colaboración de la Comisión de Apoyo a los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad de Bahía Blanca, asumimos el compromiso de dedicar nuestros esfuerzos a brindar la mayor difusión sobre el desarrollo de las audiencias, las voces que las acompañen desde las gradas y la calle y contextualizar lo que de allí surja para permitir a la comunidad la comprensión del genocidio y sus consecuencias.