Justicia en la boca del lobo

Por Diego Martínez / Fotos de Rolando Andrade, Marcelo Núñez y Nicolás Jusit

Ante un mural del general San Martín uniformado, en el imponente auditorio del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, comenzó el martes en Bahía Blanca el primer juicio por delitos de lesa humanidad a ex oficiales del Cuerpo Quinto de Ejército. Fallecidos el ex comandante Osvaldo René Azpitarte y sus segundos Adel Edgardo Vilas y Abel Teodoro Catuzzi, el principal imputado es el general Juan Manuel Bayón, 84 años, jefe del departamento Operaciones en 1976 y luego director de la Escuela Superior de Guerra. Por el agravamiento de su salud, sobre el que una junta médica se pronunciará el lunes, no estuvo en las audiencias iniciales el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, torturador del centro clandestino La Escuelita. Más previsible fue la ausencia del teniente coronel Miguel Ángel García Moreno, liberado pese a sus antecedentes como prófugo por el Tribunal Oral Federal que presidía el juez Juan Leopoldo Velázquez (recusado por su amistad con el imputado Hugo Sierra), quien ya no estaba en su casa cuando el TOF en su nueva composición ordenó detenerlo.

Los diecisiete acusados, incluidos seis ex miembros del estado mayor del Cuerpo V, llegaron a las 7.15 desde la cárcel de Villa Floresta en un celular del Servicio Penitenciario Federal y, ya sin esposas, fueron ubicados en las dos primeras filas. Detrás se ubicó una hilera de veinte gendarmes con los ojos fijos en el público, que colmó el auditorio. Pasadas las nueve, mientras el “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” se filtraba desde la calle, abrió la audiencia el juez Jorge Ferro, presidente del Tribunal. Lejos de los tiempos en que el juez Guillermo Madueño recibía instrucciones de los jerarcas militares y encubría sus crímenes, el camarista marplatense leyó los nombres de los imputados, les ordenó ponerse de pie, les encomendó prestar atención a la lectura del requerimiento de elevación, les advirtió que por el momento sólo podían hablar por medio de sus abogados y los autorizó a sentarse.

Cuando los secretarios comenzaron a leer la acusación, que lleva la firma del ex fiscal federal Hugo Cañón, varios militares sacaron sus anotadores y comenzaron a tomar notas. Marcó la diferencia el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, quien se entretuvo retratando a los miembros del tribunal, y el teniente coronel Mario Carlos Méndez, que enfrentó la acusación con un crucifijo en la mano. “El Loco de la Guerra”, como lo llamaban sus camaradas, recibió en 1977 una medalla al “heroico valor en combate”, que bendijo el arzobispo Jorge Mayer, y ya había dado muestras de su fe religiosa durante su indagatoria, cuando se encomendó a la virgen de las Mercedes.

Bahía en la calle

A media cuadra de la plaza Rivadavia, pleno centro bahiense, un millar de personas, jóvenes en su mayoría, hizo el aguante desde la primera hora. A medida que el sol amortiguó el frío la avenida Colón se pobló de banderas y pancartas con los rostros en blanco y negro de los desaparecidos. Embellecieron el frente del rectorado los retratos gigantes de Graciela Izurieta, Cora Pioli, Daniel Carrá y Carlos Rivera, producto de un trabajo colectivo encabezado por el pintor Jorge González Perrín.

“Salimos a la calle cuando el terror nos paralizaba. Recorrimos regimientos y comisarías con la misma pregunta: ¿dónde están? ¿De qué se los acusa? ¿Por qué niegan a los padres el derecho a saber?”, recordó Celia Korsunsky (foto), Madre de Plaza de Mayo, feliz porque “hoy son muchos los jóvenes que sueñan y luchan y se rebelan contra la injusticia, los jóvenes que trabajan, aman, bailan y cantan”. “Había perdido las esperanzas de ver a los genocidas ahí”, confesó con su pañuelo blanco en la cabeza Marcela Egues, madre de Luis Jesús García, asesinado por la Triple A. “El caso del Negrito no está en el juicio pero se me hincha el corazón de alegría de ver a tantos jóvenes tomando el lugar de lucha de nuestros hijos”, explicó sobre el escenario que se montó en Colón 80, frente a un millar de personas. “Era también mi compañero, yo militaba con mi hijo. No pudieron quebrarme y no lo van a conseguir”, advirtió.

“Bahía Blanca comienza a vivir hoy una nueva etapa”, abrió el acto al mediodía el periodista Mauro Llaneza, que condujo de sol a sol la radio abierta de FM de la Calle en la vereda frente al rectorado. “Hoy es un día histórico. Hombres que se consideraban señores de la vida y de la muerte rinden cuenta de sus acciones ante la justicia”, destacó Adolfo Pérez Esquivel. “Es un avance importantísimo para Bahía Blanca pero también para la humanidad. Tenemos que felicitarnos porque nadie nos regaló nada, esto es una conquista del pueblo”, dijo, y arrancó aplausos el Nobel de la Paz.

Enrique Gandolfo, del Suteba y la CTA local, prefirió “no hablar de la ciudad reaccionaria y del diario fascista” sino “de la otra Bahía, bastante invisibilizada pero que viene del fondo de la historia”, y repasó acontecimientos olvidados por la historia oficial: la huelga en Ingeniero White en 1907, la resistencia al golpe de 1955, la huelga que paralizó la ciudad cuando explotó el Cordobazo, el paro que terminó con López Rega en 1975, y “la generación de estudiantes rebeldes, generosos y combativos” aniquilados durante la última dictadura. Se detuvo en los nombres de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos y delegados gremiales de La Nueva Provincia, secuestrados hace exactamente 35 años y fusilados luego de cuatro días desaparecidos. “Fueron luchadores contra una patronal que los mandó a matar miserablemente”, destacó Gandolfo, y arrancó un espontáneo “Massot / basura / vos sos la dictadura”, coreado por un millar de personas y dedicado al actual director del diario bahiense, el apologista de la tortura Vicente Massot.“Quiero felicitar a las madres y a los padres de Bahía. Sé que todo les costó mucho más que a nosotras, pero que fueron valientes y no se achicaron”, dijo emocionada Norita Cortiñas. “No nos vamos a reconciliar hasta que todos los asesinos estén en la cárcel. Queremos que aparezcan sus archivos y nos digan qué pasó con cada uno de nuestros hijos”, exigió, y reclamó que también se esclarezcan las desapariciones de Jorge Julio López y Luciano Arruga.

Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH bahiense, recordó que hace ya un cuarto de siglo que “empezamos el camino institucional” y destacó el rol de los impulsores del organismo: Ernesto Alfredo Malicia, ya fallecido, y Noemí Fiorito de Labrune, fundadora de la APDH de Neuquén y del CELS. Con los ojos llenos de lágrimas, Hidalgo homenajeó también a quien “fue un pilar fundamental en la búsqueda de justicia y sigue representando a la justicia aunque ya no esté en actividad”, en referencia al ex camarista Luis Cotter, presidente del tribunal que declaró la nulidad de las leyes de impunidad en los ’80, que fue premiado con un aplauso cerrado por pibes que entonces no habían nacido.

El ex fiscal Cañón, protagonista central del proceso judicial bahiense desde el retorno de la democracia hasta su renuncia al cargo, explicó que “la justicia es reparadora y genera ciudadanía”. Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S., lamentó que “nada nos devolverá lo irrecuperable” pero celebró que “algo cambió, y hoy Argentina está a la vanguardia de los países que reclaman justicia”. “La mentira no es eterna, la verdad está triunfando”, destacó Santucho, a quien la dictadura le arrebató a sus padres y a su hermana Mónica, de 14 años, asesinada luego sufrir torturas en cautiverio, exhumada de una fosa común e identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El acto central concluyó con la lectura de un documento de la Comisión de Apoyo a los Juicios, leído por Anahí Junquera, hija de desaparecidos, y por Susana Matzkin, hermana de Zulma, secuestrada en La Escuelita y asesinada en un enfrentamiento fraguado que pasó a la historia como la Masacre de calle Catriel. “La impunidad, que tanto brilló en Bahía Blanca, que transitó durante años por infames despachos y fascistas redacciones, se debilita frente al embate de la Justicia. Serán por fin juzgados los sicarios que nos arrebataron a los nuestros y nos arrancaron de un tirón la alegría”, leyeron. “La impunidad quiso que algunos escaparan y otros murieran sin castigo. Hasta ayer caminó por las calles con sus trajeados esbirros, esos que firmaron obscenas libertades que propiciaron fugas”, recordaron. “La impunidad fue construida sobre sólidas editoriales apologistas del terrorismo de Estado, con las arteras manos de funcionarios que jamás cumplieron su juramento. Esa impunidad, que trabajó desde las sombras para que familiares y compañeros no pudiéramos ver la acción reparadora de la Justicia, que intentó socavar nuestra fe y nuestra fuerza, con su odio visceral se recordará este día. Porque a pesar de la complicidad y la traición, hoy y aquí se están juzgando genocidas”.

diemar75@gmail.com

 RECUADRO I:

Los protagonistas

El tribunal que conduce el juicio lo integra el camarista marplatense Jorge Ferro, los jueces José Triputti –presidente del TOF que en noviembre condenó a militares y policías de La Pampa– y Marín Bava, de Azul. Como juez sustituto oficia Oscar Hergott. La acusación en representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolín. Como querellantes participan del juicio los abogados Walter Larrea y Mónica Fernández Avello. La defensa oficial de los imputados está a cargo de un equipo encabezado por Gustavo Rodríguez, en tanto como abogados privados actúan Luis de Mira (defensor de Adel Vilas en los ’80), Walter Tejada (hijo de un imputado), Guillermo Vidal, Eduardo San Emeterio (que al finalizar la audiencia amagó con romper una bandera con rostros de desaparecidos para provocar a los familiares presentes), y el teniente coronel Mauricio Gutiérrez, que en dictadura prestó servicios en el departamento jurídico del Cuerpo V, supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en el centro clandestino La Escuelita y fue procesado por encubrir el asesinato del soldado Omar Carrasco, causa que prescribió antes de que fuera juzgado.

RECUADRO II:

Ausentes con aviso

La impunidad que generaron las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem implicaron la muerte sin condena de los tres ex jefes del Cuerpo V, generales Osvaldo René Azpitarte, Adel Edgardo Vilas y Abel Catuzzi; de miembros de su Estado Mayor como el teniente coronel Argentino Cipriano Tauber o el ex mayor Arturo Ricardo Palmieri; del jefe de la patota de secuestradores, teniente coronel Emilio Jorge Ibarra; del principal interrogador de La Escuelita, suboficial Santiago Cruciani, alias “Tío” o “Mario Mancini”; de uno de los médicos que aportaba su pericia para evitar muertes en la tortura, mayor Jorge Guillermo Streich; y del penitenciario que simulaba rescatar a los desaparecidos que el Ejército decidía blanquear en la cárcel de Villa Floresta, Leonardo “El Mono” Núñez, entre otros. También murieron antes de que el Estado se certificara su complicidad con el terrorismo de Estado civiles como el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, los obispos Jorge Mayer y Emilio Ogñenovich, y la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot.

RECUADRO III:

La guerra según Breitenstein

“El Estado, en el caso europeo y creo que en el nuestro también, tiene que entender claramente que no puede atentar contra civiles por más que piensen distinto en el marco de una guerra”. La afirmación pertenece al intendente bahiense Cristian Breitenstein, quien admite en público su relación con el apologista del genocidio Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, y paradójicamente se postula para ser reelegido en representación del kirchnerismo. “Dichas palabras no hacen más que reflotar la perimida y falaz teoría de los dos demonios, desterrada totalmente por una sociedad que conoce claramente que el accionar de la dictadura se basó en un plan sistemático de exterminio a los opositores políticos”, lo repudió la Comisión de Apoyo a los juicios. “El Sr. Intendente nunca se expidió ante la dilación -sin motivo real- del inicio de los debates orales por los crímenes de lesa humanidad en esta jurisdicción, ni realizó manifestación alguna con respecto a un hecho tan trascendente. Cuando tuvo que responder a las preguntas del periodismo local lo hizo con el viejo y falaz argumento esgrimido por los apologistas de la dictadura, que para justificar la represión estatal señalaban que en Argentina hubo una guerra. En nuestro carácter de víctimas, familiares, testigos, querellantes, compañeros y fundamentalmente de seres humanos que queremos vivir en paz y libertad, queremos manifestar a la Comunidad que repudiamos y lamentamos que el máximo responsable político local y referente del partido cuya política en materia de Derechos Humanos es conocida internacionalmente, se exprese de una manera que atenta contra la memoria de nuestros desaparecidos”.

Los imputados (Conocele las caras ACÁ)

Más allá de fallecidos y prófugos, los procesados por delitos de lesa humanidad del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta, un diez por ciento del universo total del país. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el estado mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los grupos de tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Ellos son:

1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.

2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.

3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”– como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.

4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.

5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.

6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.

7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.

8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.

9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.

10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.

11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.

12. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.

13. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.

15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.

17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

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2 thoughts on “Justicia en la boca del lobo

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