Planteos de la defensa pública

Sobre el cierre de la audiencia de ayer se abrió el debate de nulidades en el juicio por algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por represores del V Cuerpo de Ejército.

Los planteos principales de la defensa oficial apuntaron a dos de los cuatro jueces del Tribunal, a uno de los fiscales y a la jurisdicción de la justicia federal bahiense sobre los imputados por casos iniciados en Viedma.

Fue el dr. Gustavo Marcelo Rodríguez, representante de la defensa pública, quien comenzó la discusión planteando la recusación de los jueces Martín Bava y Oscar Hergott, vocal y juez sustituto respectivamente.

A Bava se le reprocha no ser camarista -es juez federal de Azul- y a Hergott se le cuestiona no estar bajo el criterio de “cercanía” (entre su tribunal original y el local) e intervenciones en otras causas.

“Dos circunstancias permiten sospechar falta de imparcialidad”, aseguró el defensor y detalló el voto de Hergott en el plenario Díaz Bessone, donde habría “tomado posición” respecto a los alcances de la dictadura y el terrorismo de estado y una incidencia en la causa ESMA en la cual manifestó que estos juicios eran necesarios para evitar la impunidad. Según el defensor esta frase motivó muchas recusaciones ante el TOF 5.

Además solicitó se pida a Casación la designación de un juez sustituto para “resolver esta incidencia” y un nuevo magistrado por Bava. Además de exigir la nulidad de todo lo actuado por ambos jueces.

Su compañero de equipo en la defensa pública, dr. Alejandro Joaquín Castelli, intentó desacreditar la participación del fiscal Horacio Azzolín denunciando un supuesto vínculo con Susana, hija del imputado ex integrante del Estado Mayor del V Cuerpo Osvaldo Bernardino Páez.

Invocando también la “garantía de imparcialidad” el abogado relató que Azzolín y la hija del militar habrían compartido años atrás “grupos misioneros” e incluso “Azzolín pernocto en casa del hijo” del militar en un viaje a Neuquén.

El letrado Leonardo Germán Brond se refirió a la “incompetencia parcial en razón del territorio del excelentísimo tribunal” sobre los hechos imputados a los policías federales de Viedma Abelleira, Contreras y Goncalves exigiendo se remitan al TOF de Roca.

Finalmente insistió en la “imposibilidad” del traslado de Oscar Corres leyendo un informe médico que dice que el represor “teme hacer el ridículo” al prestar declaración dado su estado de salud y menciona un déficit atencional que le impediría comprender “lo que se va a oír durante el debate”.

‎Si se le impone la reanudación del juicio, la defensa ofreció al TOF dos peritos oficiales de la Defensoría de la Nación: la lic. en psicología Ana María Cabanillas y/o los médicos psiquiatras Ezequiel Mercurio y Blanca Ugelman.

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