A puertas cerradas

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Esta tarde el Tribunal Oral realizó una inspección en el barrio donde ocurrió la Masacre de calle Catriel. La intención de los magistrados y las partes era sumar elementos visuales que permitan corroborar las declaraciones de varios vecinos y vecinas de la época que se presentaron en las audiencias de estas semanas.

“Estamos en el lugar donde ocurrieron los hechos. Tenemos que tener un panorama de las dos casas donde habrían transitado las personas que dicen que transitaron para evaluar los sucesos porque en las audiencias surgen dos interpretaciones y nosotros tenemos que lograr la correcta”, afirmó el juez José Mario Triputti.

Al no ser atendidos por los actuales inquilinos de la vivienda de Catriel 321 avisados del trámite judicial por el propietario Héctor Raúl Porras la comitiva se dirigió a la casa trasera con frente sobre Cafulcurá 318.

Allí las partes con el permiso de la inquilina pudieron ingresar al patio hasta que llegó el titular de la Inmobiliaria Segú que con actitud prepotente cuestionó el accionar del tribunal.

Cuando el juez Jorge Ferro lo invitó a prestar declaración dado que “dijo que sabía todo y conocía todo”, Segú prefirió bajar el tono y reconocer que “sabía que aquí había pasado algo pero no que conocía todo” y quedó a disposición del magistrado para “lo que usted diga si usted tiene posibilidad de manejar mi vida”.

“Los ciudadanos argentinos que somos respetuosos de la ley tenemos que colaborar con las diligencias judiciales sean citados o no porque en el estado de derecho las cosas se hacen como las están viendo ustedes, cristalinamente y a la luz del día”, manifestó Triputti disgustado y advirtió que “el tribunal va a disponer algunas citaciones para verificar qué saben las personas que dicen que saben algo”.

Por su parte Alicia, vecina del lugar, relató que la noche de los hechos participaba en una reunión en la vivienda de Elsa Manuel en calle Cafulcurá 321 y recuerda intacto aquel momento porque personal del Ejército irrumpió también en el lugar.

“Alguien les pasó un dato porque entraron a la casa, irrumpieron con armas fal, estábamos con gente, era una fiesta… pusieron una mesa en la cocina hicieron pasar uno por uno, nos preguntaron quiénes éramos y cuando descubrieron a la hija de un general que no recuerdo su nombre pidieron disculpas”, aseguró.

 Según comentó los represores “dijeron que habían tenido un enfrentamiento con subversivos hacía pocos momentos en la otra cuadra. Pero eso fue después que vieron que una de las personas que estaba en esa reunión era hija del general”.

“Al día siguiente vimos que esto (la casa de Catriel 321) era un paredón de fusilamiento absolutamente. Esa noche quedamos totalmente conmovidos, no había dudas, habían sido acribillados”, concluyó.

Las autoridades judiciales redactaron un acta donde describieron lo visto y detallaron algunas marcas en el frente de Catriel 321 y cuando estaban terminando, el juez Martín Bava notó movimientos en una de las persianas de la vivienda e instó al inquilino a “conversar unos minutos”. Sin colaboración ni respuesta la inspección en el interior donde los y las testigos vieron tres manchas supuestamente de sangre y marcas de disparos quedará para otra ocasión.

La noche del 4 de septiembre de 1976 en Catriel 321 una patota del Ejército fusiló a los militantes peronistas Zulma Matzkin, Pablo Fornasari, Manuel Tarchitzky y Juan Carlos Castillo.

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