Del Batallón a juicio

Lawless y González Chipont

La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de estado de Bahía Blanca a cargo del fiscal federal ad hoc dr. Abel Córdoba, formuló hoy un nuevo requerimiento parcial de elevación a juicio por seis procesados, en el marco de la causa 04/07 caratulada “Investigación de delitos de lesa Humanidad (Armada Argentina).

La mencionada elevación involucra a los oficiales retirados del Ejército Argentino, Guillermo González Chipont, Alejandro Lawless, Raúl Oscar Otero y Carlos Andrés Stricker quienes revistaron en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca.

“Nada es igual que antes”

"Collazos y yo lo conocemos como Macho".

En 1976, Héctor Núñez vivía con su esposa Viviana Camagni y el hijo de ambos en un edificio de Sarmiento al 300 y trabajaba en la Tesorería de la Municipalidad de Bahía Blanca.

El mediodía del 19 de marzo, «había llegado del cementerio con la recaudación y el tesorero me dice que había unas personas de la Policía Federal que querían hablar conmigo. Había un señor que me mostró una placa y me dijo que lo tenía que acompañar. Le dije que iba a buscar mis documentos y un pullover, salí y me fui con ellos», declaró en el juicio.

Pañuelo universal

A las 9:30 comenzó la audiencia en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. La defensa pública en una extensa argumentación pidió la prisión domiciliaria para los represores Bayón, Páez, Mansueto Swendsen, Selaya, Delmé y Miraglia. Posteriormente la Fiscalía expuso su oposición a la medida. Ayer el tribunal rechazó la domiciliaria pedida por el representante legal de Walter Tejada.

 La primera declaración de día es la de Celia Korsunsky, Madre de Plaza de Mayo de nuestra ciudad. El fiscal solicitó a los jueces permiso para que pueda colocarse el pañuelo blanco. En estos momentos se debate la cuestión ante la oposición del defensor Hernán Vidal que argumentó que «detrás del dolor hay ideología».

Construyendo un mundo mejor

Este mediodía declaró Anahí, hija de Néstor Oscar Junquera y María Eugenia González secuestrados el 9 de noviembre de 1976. Fueron vistos en el centro clandestino de detención y torturas “La Escuelita” y continúan desaparecidos.

Luego de la irrupción de “fuerzas de inteligencia vestidos de civil” en la casa familiar, Anahí y su hermano fueron llevados por vecinos que presenciaron el operativo a casa de sus abuelos paternos. Ella viviría allí y su hermano con los padres de María Eugenia.

“Mi abuela siempre tuvo el reparo de hacerme saber cuál era la realidad de los hechos aunque era muy chica, entonces sé la historia desde siempre y tengo muchos recuerdos de dolor, ver a mi familia en la búsqueda, en mi infancia sentir la discriminación, ser la distinta. Había una estigmatización por ser ‘hija de’, con el tiempo una aprende a sobrellevarlo, mecanismos para hacer pasar desapercibida esta situación y no estar en contacto permanente con la circunstancia de ser hija de desaparecidos”, relató.

Sigue la audiencia

Durante toda la mañana declaró el represor Jorge Enrique Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181. Intentó deslindar responsabilidades argumentando que no estaba en esa función al momento de los hechos que se le imputan, se refirió al funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y destacó el rol de Adel Vilas, que llegó de Tucumán «con mucho poder».

Luego fue el turno de Hugo Barzola, ex detenido, técnico en electrónica, presume que su nombre figuraba en una libreta obtenida en un operativo realizado y promocionado en los medios por Vilas. Pasó aproximadamente tres meses en cautiverio. También se presentó ante el tribunal su esposa.

Marinos procesados

Francisco Martínez Loydi

El viernes pasado el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni dispuso el procesamiento de Luis Ángel Bustos, Pedro Alberto Pila y Néstor Alberto Nougués agentes retirados de la Prefectura Naval Argentina y de Luis Alberto Pons, oficial retirado de la Armada Argentina.

En la misma resolución el juez dispuso ampliar los procesamientos de Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Manuel Jacinto García, Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi.

«¿Señor Bayón, por qué mató a mi papá?»

El 21 de marzo de 1976, Néstor José del Río estaba internado en el Hospital Municipal recuperándose de la golpiza sufrida en un intento de secuestro frente a su familia, en su vivienda del barrio Comahue.

Entre la una y las dos de aquella madrugada dos tipos armado y con la cara cubierta entraron a la Sala II de Neurocirugía, redujeron al personal e inutilizaron los teléfonos.

Ordenaron a una enfermera a que los lleve hasta la sala de Del Río, cerca del lugar interrogaron a otra. Obligaron a las mujeres a tirarse al piso y uno con ametralladora se quedó vigilándolas. Así escucharon varias detonaciones de armas de fuego y los pasos que se alejaban.

El Juicio desde la Calle 14

Esta semana en El Juicio desde la Calle conversamos con Gonzalo Conte, coordinador de los trabajos que lleva adelante el grupo Memoria Abierta junto a científicos de la UNS en las tierras donde funcionó el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. Repasamos los argumentos del fiscal para recusar al juez ad hoc Luís María Esandi y su apelación ante la Cámara para que revoque la liberación de Hugo Mario Sierra.

Además segunda parte del testimonio del ex legislador Mario Medina y la historia de la apropiación de los dos primeros hijos de Juan Oscar Gatica y Ana Caracoche. Resumen de declaraciones del debate oral e invitación a la actividad homenaje de los compañer@s desaparecidos de la Pequeña Obra.

El Juicio desde la Calle se emite los viernes de 20 a 21 por FM De la Calle 87.9Mhz. El programa se puede descargar y reproducir libremente por cualquier medio. Reemisiones: Lunes a las 17 por FM De la Calle y a las 15 por FM De la Ventana 96.9Mhz de Sierra de la Ventana. Entrá y escuchálo cuando quieras.

Estamos con el fiscal

La Comisión de Apoyo a los Juicios de Bahía Blanca expresa su respaldo al fiscal Abel Córdoba y a su labor al frente de la investigación y acusación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra región durante la dictadura cívico militar.

Conocemos su honestidad y la de todo su equipo, incomparables a los hombres de «amplios criterios en materia de excusaciones» cuando se trata de salvar al colega o la de los otros, que «exteriorizan estrechas relaciones» negadas cuando no había riesgo para el amigo.

Y no es sólo la defensa sino también el ataque al que está fuera, al que no pertenece al club. Abel Córdoba fue denunciado por el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez por dar a publicidad supuestamente, cuestiones inherentes a causas judiciales. Por el delito de «violación de secretos».

Le reiteramos nuestro apoyo.

Más ahora, que cada vez son menos los secretos.

La mutual de la impunidad

Luego del anuncio del fiscal Córdoba sobre la recusación contra Luís Esandi como juez ad hoc y la apelación ante la Cámara Federal exigiendo se revea la decisión del subrogante de Álvarez Canale sobre la liberación de Hugo Sierra, van aquí los fundamentos.

Para el Ministerio Público, Esandi «debió y aún debe apartarse de conocer en esta causa» que lo tiene a Sierra imputado por haber integrado «desde su posición de funcionario del Poder Judicial de la Nación una asociación ilícita destinada a cometer delitos la que conformó junto con otros funcionarios judiciales y miembros jerarquizados de las Fuerzas Armadas que integraban la cadena de mandos de las Unidades Militares de esta jurisdicción”.

Córdoba sustenta su sospecha de parcialidad en primer término en el «poder general judicial» que la Sociedad Militar Seguro de Vida le otorgó «para que represente a esa institución en todos los asuntos judiciales pendientes o futuros de cualquier naturaleza, fuero o jurisdicción en que la misma sea parte como actora, demanda o interesada».

Tiene probado como mínimo que los haberes de los imputados Julián Corres (fallecido), Armando Barrera, Jorge Masson, Mario Méndez, Jorge Mansueto Swendsen, Mario Casela y los prófugos Miguel Ángel García Moreno y Aldo Mario Álvarez eran girados a la entidad en cuestión.