“Carece de sustento normativo”

La resolución del juez subrogante a cargo del Juzgado Federal Nº1, Luís María Esandi, que dejó en libertad a Hugo Mario Sierra cuestiona la competencia del Tribunal Oral para ordenar su detención.

Antes de argumentar, enumera el rechazo del juzgado de primera instancia y las Cámaras de Apelaciones y Casación a las numerosas peticiones realizadas por la Fiscalía donde exige las detenciones y allanamientos de los domicilios y estudios jurídicos de Sierra y su colega Gloria Girotti, ambos secretarios penales del juez genocida Guillermo Madueño.

Incluso reconoce que aún debe responder varios de esos pedidos firmados por el fiscal Abel Córdoba. Pero lejos de asumir la llamativa lentitud con que atiende cuestiones de “urgencia” responsabiliza al Ministerio Público por la insistencia.
Esandi asegura que “el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad tiene todas las facultades necesarias para continuar con las actuaciones que permitan dar con el paradero y proceder a la detención de un imputado elevado a juicio por la instrucción, para asegurar su indispensable presencia en el debate oral”.

“Sin embargo, éste no es el caso de autos, pues Hugo Mario Sierra no fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en que se pidió tal extremo, consecuentemente no fue resuelta su situación procesal, ni la Cámara Federal local tuvo oportunidad de expedirse sobre ello, por lo que mal puede considerarse que el nombrado, aunque resulte obvio decirlo, se encontraba elevado a juicio”, escribe.

En función de ello, la medida adoptada por el Tribunal Oral “carece de sustento normativo, y esto es una exigencia de validez de toda resolución”.

Además, el juez subrogante advierte que el Código Penal establece que “si en la audiencia se cometiere un delito de acción pública, el tribunal ordenará levantar un acta y la inmediata detención del presunto culpable; éste será puesto a disposición del juez competente”.

Más adelante, resalta en negrita que “el Código Procesal Penal de la Nación no faculta a los Tribunales Orales a detener un presunto imputado con base en los argumentos expuestos” por los jueces Triputti, Ferro y Bava, “quienes -por otro lado- no indican cuál es la norma legal que justifica la decisión”.

A lo dicho agrega que “menos aun se puede concebir” la detención sin que haya un pedido en ese sentido del Ministerio Público Fiscal.
Por último, antes de “disponer la inmediata libertad” de Sierra, Esandi dice que a su modo de ver, si bien los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones, esto no les otorga facultades que corresponden al juez de instrucción.

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8 thoughts on ““Carece de sustento normativo”

  1. Un tío mío, con asfáltica filosofía, supo descifrar un principio del derecho natural: “los amigos y los jueces se hicieron para fallar”. Y el sobrino para no ser menos, agrega: “que cuando el amigo por arte y descarte, es juez o el juez es amigo, (el orden de los factores no altera el resultado), el fallo será indudablemente favorable…” EL CLUB DE LOS NEGOCIOS RAROS DE LA BAHIA , se ve obligado a abrir sus puertas y a mostrar quién es quien entre sus socios …Cuando ese club quiere, el juez y el amigo se unifican, la justicia “flash” es posible; cuando ese club quiere, la justicia con vendas, no necesita de tiempo y distancia, porque puede resolver conforme a las circunstancias, y las circunstancias indican que todavía el club de los negocios raros, tiene poder y redobla la apuesta a LA JUSTICIA, A LA MEMORIA Y A LA VERDAD. Quieren deslegitimar a la democracia y a su profundización, y nos muestran en la cara que no les importan las triquiñuelas, los amiguismos, los intereses y la impunidad. Por lo tanto, hay que hace como hicieron los organismos de DDHH en Mendoza e ir por los grandes SOCIOS del CLUB DE NEGOCIOS RAROS. Mientras en bahía no se haga lo mismo seguirán ocurriendo estas jugarretas y chicanas. Hay que ir por Massot, por Montezanti, por todos los grandes que infunden temor y manejan los intereses económicos/políticos de la ciudad.

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    • En efecto, se debe hacer Justicia, pero de manera inteligente y conforme a lo establecido por la Ley. Esto último no son jugarretas ni chicanas. La manera procesal, torpe a todas luces, mediante la cual se intentó hacer Justicia favorece a la impunidad, y por ende a la vieja corporación judicial bahiense y sus amigotes en el poder. Este juicio debería estar al servicio de la Justicia y la Verdad, no de la política de quienes se creen los dueños exclusivos de los Derechos Humanos, y de los medios de comunicación obsecuentes y comprados. El camino correcto para una detención efectiva, durararea y procesalmente eficaz (fundamental para que todos se hagan responsables de sus actos) no es el planteado por el fiscal Abel Córdoba, y los tres jueces en el Juicio por la causa del V cuerpo. Es más, lo acontecido favorece absolutamente a la impunidad, en tanto se ha realizado de manera tal que cualquier juez subrogante no tenga otra alternativa que proceder como lo hizo Esandi. Y ahora nos encontramos con un nuevo peligro real: que los responsables civiles busquen pista para escapar, por ej. a Chile (aún adicto a las políticas de Pinochet), y escapar así de nuevo a la mano de la Justicia. Una vez más, la corporación bahiense judicial se sale con las suyas. Sólo cambió instrumentos.

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  2. Sebastián: la manera torpe, corre por tu cuenta. No es torpeza detener a quien se sindica e imputan serios delitos de lesa humanidad, y si encima se es abogado y desde la abogacía y la justicia se cometieron esos delitos, llama poderosamente la atención que encuentre el apoyo con el simple habeas corpus (que paradójicamente, costaron la vida a más de 104 abogados que los interponían en favor de los desaparecidos durante el genocidio, y ahora, a quien los negó o archivó, se lo concedan en un abrir y cerrar de ojos parciales), mostrándole al Tribunal Oral quien manda en la bahía, porque otro no es el mensaje que se intenta transmitir, me animaría a decir, con un fallo que hasta me suena que tiene olor a agua bendita y con nostálgicos recuerdos de golpes de estado. En consecuencia, por más códigos y leyes a las que te sujetes, si enfrente tenés códigos propios y conductas que más se parecen a las cosas nuestras, si se protege a los agentes de inteligencia del ejército genocida hoy con togas, si se protege a todos estos personajes, en contubernio con el diario local, cuyas editoriales siguen reivindicando la dictadura cívico-militar, todo será en vano, y me refiero a que la justicia pueda alcanzar a ciertos personajes de peso sustancial. Por lo tanto, no se trata de ajustarse a la letra de la ley solamente, porque aquí están usando otras leyes y otros códigos. Por ello, la solución posible es que una comisión de integrantes de organismos DDHH se entreviste en serio con la Presidencia y la Secretaría de DDHH de Nación (no la local) y plantear la ayuda desde el nivel que sea, porque aquí en bahía hay que meter presos a tres o cuatro peces bien gordos, de esas cabezas que dirigen la corpo local si es que se quiere alcanzar e imponer la justicia, la verdad y la memoria en bahía. De otra manera, estaremos en serias dificultades porque reitero, no se trata de saberes y entederes solamente, sino de enfrentarse a una corporación de intereses dispuestos a protegerse a cualquier precio.

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  3. No estoy diciendo que sea una torpeza detenerlo. La torpeza (que no corre por cuenta mía, por cierto) radica en la modalidad empleada. Simplemente digo que el CPPN indica que el procedimiento es otro. Un Tribunal de Juicio no puede actuar como Tribunal de Instrucción. Si suma las dos funciones , entonces terminaremos pensando que el fin de la Justicia justifica degradar el estado de Derecho y la Constitución, es decir una de las atrocidades que los genocidas y sus complices hicieron. Tanto ruido con esto, cuando lo lógico hubiera sido que el fiscal hiciera lo que mejor que nadie sabe. Ahora bien ¿ por qué utiliza un procedimiento que lleva a un callejón sin salida? ¿ Le interesa hacer Justicia de manera prolija y eficaz o utiliza semejante yerro para otros intereses e internas con el Colegio de abogados? El mensaje que envía a la sociedad toda no huele a “golpe de Estado y agua bendita”. Huele a abuso de poder, con lo cual pierde autoridad ética y legal , así como la credibilidad que se estaba ganando. Todavía está a tiempo de hacer lo que dicta la ley.
    Te dejo un enlace de una rtículo que acabo de leer y deja en claro este punto. Será Justicia. Un cordial saludo.
    http://www.sololocal.info/notas-de-usuarios/42-destacadas/3063-dr-sierra-juicio-bahiablanca.html

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  4. Sebastián: no quiero polemizar, y con esto doy por concluido. En derecho todo es opinable, es tan cierto que un filósofo llegó a decir que la abogacía es una profesión intrínsecamente inmoral,(Vas Ferreira, “La moral de los intelectuales”) y al hombre “ius filosófico”, le covino -tal vez xq es una herramienta de la política- q el derecho nada tiene que ver con la moral. Y aquí surge la inteligencia de esa construcción política en q devino el divorcio ante dicho, por que entonces en vez de “será justicia” el hombre de derecho puede encontrar la argumentación para alcanzar el “será lo mismo” (si puedo lograr alcanzar mis intereses). Leí el enlace. Lo que no dice esa justificación al pueblo “del será lo mismo” que se intenta es que la justicia federal bahiense, cuando llegó la hora en serio, NO QUISO JUZGAR a los genocidas.Y todas las excusas se hicieron valer. Y un Secretario del CABB tuvo que hacer de instructor. Y con idas y venidas, 36 excarcelaciones la Camara en record logró, total, siempre podrá “excusarse” “¡cómo? ¿ no son uds.garantistas?” “¿no estamos en democracia?”. Pero pequeño detalle los imputados son genocidas, pero aquí en bahía se los trató y se los trata como a delincuentes comunes. Y ahí es cuando comienza a mezclarse el derecho / la moral/ la política/ el sentido común. Aquí en bahía nuestros federales vieron y ven una sola biblioteca, desde un solo ángulo y con un solo ojo, y si observamos bien, aunque ellos lo nieguen, el propósito es un solo, y si mi amigo, netamente político : “compartimos lo que hicieron y no queremos juzgarlos xq el juicio para nosotros, es político y nuestra política es que estamos con el orden y la ley y la ley para nosotros es el sistema que los genocidas defendieron”. Si un particular puede en casos excepcionales en que la fuerza pública NO puede o no quiere acudir, defenderse por mano propia, con mayor razón podrá hacerlo un funcionario QUE CUENTA CON IMPERIUM, NADA MENOS, cuando advierta que se intenta restarle poder o jurisdicción por parte de otros funcionarios que incuplen exprofesamete con lo que es su deber cuando le están concediendo libertades y privilegios a los imputados que debe tenerlos, aquel tribunal, a su disposición y bajo detención, por el tipo excepcional y extremadamente grave del delito cometido y ello no ocurre. El Tribunal Oral (órgano de un poder de la república) debió constituirse con jueces de otras regiones territoriales ante la falta de los jueces locales qe se negaron o se complotaron con los imputados de lesa humanidad y sus abogados y corporaciones defensoras. Frente a los delitos que se están cometiendo con el barniz de “política jurídica” con que se los presenta, no es ilegal que el Tribunal acuda a extremas medidas (que están dentro de las facultades) como las de ordenar la detención,nada menos a quien no solamente está procesado e imputado, sino que se lo está “protegiendo” por parte de “jueces amigos” que se sabe no quisieron ni quieren cumplir con sus deberes de funcionarios públicos, y cuando lo hacen es para liberar o aligerar la situación de los imputados. Quien puede lo más puede lo menos: si se puede detener al delincuente q comete un delito en la propia sala de la audiencia (acudo al ej. extremo del laboratorio del juez subrogante), puede con mayor razón ordenar la detención de un imputado d genocidio, que está dentro del expediente q es la realidad q tiene el juez, y además fte a sus oidos y ojos se producen y suman las pruebas de los delitos cometidos, y el imputado “goza de buena salud y libertad” por obra y protección “ilegítimas” y por políticas de un viejo estado y sistema que resiste a morir…

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  5. Sebastián: aclaro algo que queda confuso y se presta a una interpretación equívoca. Es lo siguiente: cuando me refiero a la autodefensa, quiero decir que el orden jurídico explicíta e implícitamente concede y resguarda la defensa propia o autodefensas en manos de todos los particulares (ej. defensa legitima del at.34 inc.6° del Cód.Penal; art.2470 del Código Civil, ante el arrebato,etc.), refiriéndome no tanto a la legitimidad del uso de la fuerza o violencia que se concede através de estas normas a las simples personas particulares, en ciertos casos extremos, sino que apunto al hecho concreto de que otorgan el derecho a DETENER, APREHENDER (además de poder ejercer la violencia proporcionada a las circunstancias) al sujeto en cuestión. Un particular, una simple persona, puede detener al ladrón, al arrebatador, hasta que acuda la policía o el fiscal, o la autoridad pública que corresponda. Y no estará VIOLANDO NINGUNA LEY. PORQUE EL ESTA ACTUANDO LA LEY PORQUE EL SISTEMA JURIDICO LO AUTORIZA PARA MANTENER Y PROTEGER PRECISAMENTE EL ORDEN JUSTO.Quiero decir, que estas medidas son de carácter procesal y específicamente, ejecutivas (Alcalá Zamora y Castillo trata este tema). En consecuencia, el sentido de mi comparación apunta a que, si un particular en ciertas circunstancias cuenta con la facultad (no sólo en las que son expresas sino que también en las autodefensas implícitas) de detener a un delincuente hasta que intervenga la fuerza pública correspondiente, con mayor razón contará, DENTRO DE SU IMPERIUM, con dicha facultad, un juez. El Código Procesal podrá establecer las que enumera pero no puede desconocerse las que están implícitamente en el propio orden jurídico para la totalidad. El abuso de derecho es cometido por quienes están concediendo a los genocidas el tratamiento y privilegios sólo establecidos para delincuentes comunes, y no poniendo a disposición del Tribunal Oral a los imputados a los que les otorga el ejercicio de la libertad restando, disminuyendo sino desconociendo el imperium de dicho tribunal. Y frente a tal extrema circunstancia es que el juez puede encontrar sin abusar en su imperium la justificación necesaria para detener al imputado de delitos de lesa humanidad cuando no se lo detiene ni lo se lo pone a su disposición, y las pruebas de los delitos le son expuestas en el desarrollo de la audiencia. Para ese tribunal esa constatación de los presuntos -siendo en esta calificación de mi parte muy liviano- sino prima facie delitos de lesa humanidad, el delito que es imprescriptible, toma cuerpo se materializa frente al juzgador y es igual al delito que se comete en su propia presencia. El hecho acaecido se sucede en el presente. Por eso es imprescriptible y por lo tanto, su visualización en un momento de la audiencia es la comprobación similar a que se cometa el delito en la misma audiencia (ej. del art.371 CPP). De todas formas, es una facultad (la detención y posterior disposición) implícita.

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  6. Los jueces del tribunal o no saben de leyes o se quieren ir a sus casas. Es obvio que ahora los van a recusar por prejuzgamiento.

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