La mutual de la impunidad

Luego del anuncio del fiscal Córdoba sobre la recusación contra Luís Esandi como juez ad hoc y la apelación ante la Cámara Federal exigiendo se revea la decisión del subrogante de Álvarez Canale sobre la liberación de Hugo Sierra, van aquí los fundamentos.

Para el Ministerio Público, Esandi “debió y aún debe apartarse de conocer en esta causa” que lo tiene a Sierra imputado por haber integrado “desde su posición de funcionario del Poder Judicial de la Nación una asociación ilícita destinada a cometer delitos la que conformó junto con otros funcionarios judiciales y miembros jerarquizados de las Fuerzas Armadas que integraban la cadena de mandos de las Unidades Militares de esta jurisdicción”.

Córdoba sustenta su sospecha de parcialidad en primer término en el “poder general judicial” que la Sociedad Militar Seguro de Vida le otorgó “para que represente a esa institución en todos los asuntos judiciales pendientes o futuros de cualquier naturaleza, fuero o jurisdicción en que la misma sea parte como actora, demanda o interesada”.

Tiene probado como mínimo que los haberes de los imputados Julián Corres (fallecido), Armando Barrera, Jorge Masson, Mario Méndez, Jorge Mansueto Swendsen, Mario Casela y los prófugos Miguel Ángel García Moreno y Aldo Mario Álvarez eran girados a la entidad en cuestión.

Todos ellos en su condición de asociados de Sociedad Militar están habilitados para “encomendar y ordenar la actuación propia de su apoderado” Luís Esandi que, “como tal, se encuentra sujeto a la voluntad de quienes conforman las decisiones de la entidad”.

La resolución menciona además una intervención telefónica entre una integrante de la Gerencia de la Sociedad Militar y la esposa del represor Alejandro Lawless. La transcripción “da cuenta que, con motivo de haber tomado conocimiento esa gerencia de la condición de detenido o procesado de Lawless, y a los fines de salvaguardar su patrimonio de un posible embargo judicial le brindan asesoramiento para poder eludir el mismo”.

Dicho asesoramiento será “efectuado en forma espontánea –sin haber sido requerido- personalizado y, según surge de lo allí consignado, también colectivo en tanto se extiende a otros socios, entre los que se encuentran numerosos imputados en causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado”.

La conclusión del acusador subraya la manifiesta actividad de la Sociedad Militar “de accionar por el interés –personal y económico- de sus asociados –y como resulta obvio- muy al margen de su finalidad mutualista y en desmedro de la actividad procesal del Poder Judicial de la Nación, en particular de la investigación por delitos de lesa humanidad“.

Los espacios compartidos entre Esandi y Sierra en el Colegio de Abogados y en el Departamento de Derecho de la UNS ya han sido mencionados en este medio y también forman parte de la argumentación fiscal.

Imputado y juez ad hoc integran el Consejo Directivo del Colegio, siendo el primero revisor de cuentas suplente en la Caja de Previsión para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el segundo vicepresidente de la entidad que funciona entre los fantasmas del viejo edificio de La Nueva Provincia.  Fueron electos el 20 de mayo de 2008 por la lista “Integración” y finalizarán sus mandatos el 26 de mayo de 2012. En Derecho, Esandi y Sierra conformaron la lista “Fundacional” del claustro “Profesores”.

“Lo reseñado permite inferir que la confluencia del imputado y el magistrado en la misma lista interna resulta posible a partir de un acuerdo base acerca de una actuación política a desarrollar de modo coordinado, en un ámbito específico, a partir de cierta comunidad de intereses, ideas y/o conveniencias entre imputado y juez ‘ad hoc’ y que se plasma en continua toma de decisiones, consultas y ámbitos de consensos que ambos conforman. De no ser así, no integrarían el mismo espacio”.

Según la presentación “el temor de parcialidad manifestado se cristalizó en la actuación de Luis María Esandi en el trámite del expediente”.

Luego de liberar al docente que por estos días huye de un juicio académico en la universidad, el juez ad hoc agotó su intervención y “omitió a partir de allí cualquier actividad instructoria” relacionada con la denuncia que planteó el Tribunal Oral.

Esandi “atribuyó a la actividad de la Fiscalía la demora en la resolución por parte del juez a cargo, la que data de diciembre de 2010, ignoró la denuncia llevada a su conocimiento pese a que se trataba de delitos graves calificados como crímenes de lesa humanidad, todo ello sin advertir que justamente uno de los fundamentos esenciales de la resolución del TOCF fue conceptualizar de especiales a los delitos que investigan”.

La detención ordenada por los jueces Ferro, Triputti y Bava tuvo como principal objetivo “investigar la posible comisión de un delito” y “evitar la frustración de evidencias”. Luego de eso correspondía concretar llamar a indagatoria a Sierra aunque “nunca fue dispuesto”.

“Al aceptar el cargo Esandi obvió las prescripciones legales al respecto y circunscribió su intervención únicamente a ordenar con prontitud la libertad de Sierra”, se quejó Córdoba y agregó que “el remedio legal y constitucionalmente previsto” para los jueces es el apartamiento “de conformidad al criterio amplio en materia de excusaciones puesto en evidencia por el propio dr. Esandi, al aceptar la excusación del juez federal subrogante Santiago Martínez.

Sobre esto último, llama la atención que “en el incidente minuciosamente relevado por Esandi, Santiago Martínez había tenido intervención como juez subrogante sin exteriorizar la directa y estrecha relación con Hugo Sierra ahora formulada y aceptada por Esandi”.

Hablando de carencias

Por otra parte la Unidad Fiscal solicitó elevar las actuaciones a la Cámara Federal para que revoque la resolución impugnada. Allí evalúa “la arbitrariedad de la resolución dictada por el abogado Esandi”, defiende la jurisdicción del Tribunal Oral para ordenar la detención de Sierra y advierte que “la alegada ‘carencia de sustento normativo’ en la que Esandi pretendió sustentar su arbitraria resolución resulta la formulación de una mera construcción semántica sin arraigo en la situación que estaba llamado a resolver”.

El fiscal critica “la desatención absoluta” respecto a los motivos dados por el Tribunal Oral y la omisión de “valorar y luego conjurar el riesgo procesal configurado a partir de la permanencia en libertad del imputado”.

En ese sentido, califica de “absurda valoración” el limitarse a considerar como única prueba “la documentación que obra en un juzgado”, dejando de lado la evaluación de “la posible afectación de testigos, a la realización de maniobras de ocultación de material obrante fuera de la sede del poder judicial, y en definitiva descartando –en razón de aquella arbitrariedad–  el sinnúmero de conductas que podrían desplegarse en libertad a partir de vínculos personales y de la capacidad de incidencia del imputado”.

Otro que la vio pasar fue el abogado defensor de Sierra, Luis de Mira, quien interviene como defensor particular de otros clientes en el debate oral en marcha y escuchó los testimonios donde se acusaba al “docente” de haber presenciado declaraciones bajo tortura de víctimas del terrorismo de estado y hasta la propia orden de detención anunciada por el Tribunal en la audiencia. Todo ello no motivó ninguna intervención de su parte, tal vez, confiado en los buenos oficios de la corporación judicial bahiense.

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