Una “testigo” muy particular

Minutos antes de las ocho ingresó al Juzgado Federal Nº1 la dra. Gloria Girotti a declarar en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército por su rol como secretaria penal del juez Guillermo Federico Madueño durante la dictadura cívico militar. El magistrado Alcindo Álvarez Canale la habría citado como “testigo”.

En las audiencias del debate oral en marcha, varios testigos la señalaron participando en las declaraciones que tomaba el juez federal en los mismos lugares de detención clandestina. Incluso, Rubén Bustos, destacó que en dependencias del V Cuerpo de Ejército lo llevaron ante Madueño que estaba acompañado por el general Vilas y la secretaria judicial que “se tapaba la nariz” por el olor nauseabundo de los detenidos.

Girotti asistió al juez genocida entre junio de 1972 y septiembre de 1979 desde donde tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos hábeas corpus presentados a favor de personas privadas ilegítimamente de su libertad. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Solo algunos ejemplos de dicha acusación se reconocen en los hábeas corpus presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi, secuestrados a fines de 1976. Carrá y Pioli siguen desaparecidos y Rossi fue fusilado en 1977.

La abogada intentó tiempo atrás tomar un cargo como Camarista Civil, Comercial y Laboral de la Ciudad de Puerto Madryn pero ante las impuganaciones presentadas en su contra desistió. Distinta fue la reválida de uno de sus cargos en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur donde encontró la complicidad de la mayoría del Consejo Superior que la ratificó en una escándalosa sesión cuya votación puede verse aquí. En la actualidad se evalúa la posibilidad de iniciarle un juicio académico que la aleje de las aulas.

Otras acusaciones en su contra:

El 4 de septiembre de 1976 el V Cuerpo de Ejército informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos” y que cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. Según el comunicado, firmado por el coronel Rafael Benjamín De Piano y publicitado por La Nueva Provincia (6-9-76), el operativo se desarrolló en una casa de Catriel 321 y concluyó con “cuatro abatidos”, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer desconocidos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que se ocuparan de entregar los cadáveres y dieran intervención al juez federal Guillermo Federico Madueño.

Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la policía bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. El juez dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando trascendió la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue.

La Nueva Provincia publicó la falacia militar y ocultó la historia real que fue probada ante la justicia de Bahía Blanca en 1987, cuando la Cámara Federal identificó y procesó a varios de los asesinos, y reconstruida con mayor detalle durante los Juicios por la Verdad de 1999.

Juan Carlos Castillo y Pablo Fornazari habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en la ruta 22, a la altura de Médanos, a  Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio de 1976 al mediodía y Manuel Tarchitzky, fue secuestrado dos días después mientras dormía en la casa de su tío. Antes de ser asesinados, los cuatro jóvenes padecieron su cautiverio en La Escuelita, el campo de concentración del Ejército a metros del camino La Carrindanga (testimonio de la sobreviviente Alicia Partnoy).

En octubre de 1976 la entonces fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin cuestionar la versión oficial.

La Secretaría de Derechos Humanos del dr. Mario Fernández Moreno tramita en el Juzgado Federal Nº 1 la causa “Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército”. Desde el 23 de junio de 2008 y hasta su muerte impune, estuvo detenido Leonardo “Mono” o “Negro” Núñez  por disposición del Juez Alvarez Canale que lo procesó  por considerarlo partícipe necesario de delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, todos ellos de “lesa humanidad” y configurativos de Genocidio. Nuñez actuó como enlace entre el centro clandestino de detención La Escuelita y la Unidad Penal Nº 4 en la que se desempeñó como Oficial Adjutor desde el 20 de abril de 1975 hasta el 6 de diciembre de 1977.

En su declaración ante el juez, asumió haber trasladado desde La Escuelita, o en algunos casos desde el Batallón de Comunicaciones, a personas detenidas por la autoridad militar hasta la cárcel dado que era “oficial de traslado de detenidos tanto para la Provincia, Federales y para el Ejército”.

Además dijo: “No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la Secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí, y las iba a ver”.

La defensa del acusado también destacó las inspecciones que realizaban autoridades judiciales -como “la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, dra. Gloria Girotti-  y consideró que “lejos de justificar” la conducta de Nuñez esto “implicaría la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron” y la intención de descargar “la responsabilidad penal de esos hechos exclusivamente en el personal del Departamento I Personal del Comando (…) para así procurar su desvinculación de los delitos de lesa humanidad cometidos”.

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2 thoughts on “Una “testigo” muy particular

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