Caso Sotuyo – Mercero

Luis Alberto Sotuyo y su esposa Dora Rita Mercero vivían en 1976 en San Lorenzo 740 de la ciudad de Bahía Blanca. El 14 de agosto de ese año, personal militar del Comando V Cuerpo de Ejército irrumpió en el domicilio y secuestró al matrimonio y a Roberto Lorenzo, un joven oriundo de Necochea que tenía una relación laboral y de amistad con Luis Alberto.

Esta mañana el Tribunal Oral comenzó a recibir testimonios en torno al caso y lo seguirá haciendo a partir de las 16 en la sede del rectorado universitario de Colón 80.

El mayor Ibarra y su patota -oficialmente conocida como Agrupación Tropas- participaron de la ejecución del operativo que incluyó el cercamiento de la zona aledaña al domicilio que atacarían, la irrupción por la fuerza, el secuestro de las personas que encontraron y su posterior traslado al centro clandestino reducidos para ser interrogados acerca de sus vidas y sus actividades políticas.

Luego del secuestro los dos hombres fueron subidos en un Peugeot y la mujer fue obligada a abordar un Fiat. Los tres jóvenes fueron llevados a “La Escuelita”. La casa permaneció ocupada por personal militar durante más de quince días y todas las pertenencias de la familia Sotuyo fueron robadas por sus captores. Se apropiaron hasta del contrato de alquiler suscripto por las víctimas y la propietaria del inmueble.

 Mientras estaban encerrados en La Escuelita, el diario La Nueva Provincia publicó una nota titulada “Abatieron en nuestra ciudad a tres sediciosos”. Allí se difundía un comunicado del V Cuerpo de Ejército según el cual: “ante denuncias formuladas por la población sobre movimientos sospechosos que se observaban en la vivienda ubicada en la calle San Lorenzo 740 de esta ciudad en la madrugada del día de hoy, 14 de agosto de 1976, siendo aproximadamente la 00:30 efectivos del Ejército y de la Unidad Regional Quinta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo control operacional, efectuaron un procedimiento en la finca mencionada”.

“Al iniciarse la operación tres delincuentes subversivos pretendieron huir por los fondos de la casa, cubriendo su repliegue haciendo fuego con armas de grueso calibre. Los efectivos legales repelieron la agresión y como consecuencia del enfrentamiento, fueron abatidos tres delincuentes subversivos, dos hombres y una mujer, cuya identificación se procura establecer…””.

 La falsedad de la publicación del diario fue asumida por el propio Adel Vilas, quien encuadró la noticia en una actividad “estrictamente operacional” prescripta por el “Reglamento de Operaciones Psicológicas”.

Según sus palabras la “confección del texto del comunicado oficial no se ajustó a la realidad de una parte de los hechos (…) dado que el operativo en cuestión había fracasado parcialmente, puesto que al llegar los presuntos ocupantes habían huido, no produciéndose por tal causa enfrentamiento ni detenciones, ni muertos, aunque sí hubo algunos disparos al ingresar a una habitación, pero ello fue con objeto intimidatorio por sombras, que luego se comprobó eran de algunos elementos colgados”.

En el mismo testimonio, el comandante de la subzona 51 no sólo reconoció que la casa quedó bajo custodia militar sino que también admitió el robo de los muebles y otras pertenencias de las víctimas.

Después del operativo “personal militar del Comando V Cuerpo de Ejército, quedó a cargo de la casa de la calle San Lorenzo que era donde funcionaba el frente territorial de la banda de delincuentes terroristas denominados Montoneros (…) la custodia quedó por un plazo de dos meses, estimándose que ese era el plazo prudencial para que el propietario tomara posesión de la casa nuevamente (…) los pocos muebles existentes, muy deteriorados y de casi ningún valor, fueron depositados en el Comando del V Cuerpo de Ejército, hasta tanto determinase quiénes eran los propietarios”.

Por si fuera poco, a la declaración de Vilas, se sumaron otras pruebas que, en su conjunto, refutan el contenido del comunicado y demuestran la concreción del secuestro, encierro y posterior asesinato del matrimonio.

Por ejemplo, una testigo compartió cautiverio con la pareja en La Escuelita y otro sobreviviente aportó datos sobre la forma en que fueron asesinados. Esta persona aseguró que tiempo después de haber sido liberado y mientras vivía en Bélgica, otra víctima le comentó que cuando se encontraba secuestrada en ese centro clandestino, pudo escuchar que un guardia decía que Junquera, González, Sotuyo y una chica apodada “Cortita” habían sido arrojados al mar desde un avión.

En tanto un conscripto oyó cuando el sargento primero Nievas aseguraba que “había limpiado” a Sotuyo y por ese motivo quería evitar ser visto por los familiares de la pareja que concurrían al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su paradero.

Según los informes dados por las municipalidades de Bahía Blanca, Villarino, Pringles, Tornquist y Saldungaray no existen registros que prueben la inhumación de los cuerpos de los tres “sediciosos” que habrían sido asesinados el 14 de agosto de 1976, en la finca de San Lorenzo 740.

Finalmente el capellán Dante Inocencio Vega, quien recibió en la capilla del Comando a familiares de las víctimas, les expresó que existía un lugar llamado “La Escuelita” y que allí estaban detenidos los jóvenes.

Los hechos reseñados, dieron lugar a múltiples diligencias por parte de los padres de Dora Rita Mercero y Luis Alberto Sotuyo. Todos los recursos de habeas corpus presentados fueron rechazados por la Justicia Federal de Bahía Blanca, también resultaron infructuosas las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia, instituciones religiosas, dependencias militares y policiales.

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