Los intocables

Alejandro y Vicente Massot y su madre Diana Julio.

El juez federal Eduardo Tentoni rechazó un pedido del fiscal Abel Córdoba para que se ordene la “presentación de todos los registros fílmicos, sonoros y fotográficos vinculados a los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado en esta ciudad y zona aledaña” que integren los archivos de LU 80 Canal 9 -actualmente miembro del grupo TELEFE S.A.- y de LU 81 Canal 7 Teledifusora Bahiense SA del grupo Clarín.

La resolución del magistrado que lleva adelante la causa 04/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mando de la Armada Argentina, se funda -al igual que lo hiciera semanas atrás al rechazar el acceso al archivo del diario colaboracionista La Nueva Provincia-, en que “resulta innecesario afectar el secreto de las fuentes de información de los canales (…) con el objeto de reunir elementos útiles para la causa, ya que existen otras alternativas probatorias que permiten perseguir ese mismo fin”.

El titular de la Unidad Fiscal entiende que “la obtención de las coberturas periodísticas de operativos y toda otra actividad desplegada por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad con motivo de la alegada ‘lucha contra la subversión’ es una medida útil a los fines de la investigación en consideración a que tanto el material original como el editado con el que cuentan los medios locales son elementos de gran valor probatorio, teniendo en cuenta que son contemporáneos a los hechos acaecidos”.

Además propone que la propia Fiscalía sea delegada para constituirse en las sedes mediáticas “con facultades suficientes para el retiro de todos los registros audiovisuales vinculados al objeto de la diligencia”.

Para “sortear una eventual oposición de los canales de televisión” sugiere que se libre “preventivamente la correspondiente orden de secuestro” teniendo en cuenta el “riesgo cierto de que, de no contar con la misma, se produzca el ocultamiento, la alteración y/o desaparición de los mismos”.

Los archivos en cuestión fueron “grabados y editados -u omitidos (sic)-“ por los noticieros del Canal 9 Telenueva cuando la señal pertenecía al grupo Massot -propietario, como ahora, del diario La Nueva Provincia y de LU2 Radio Bahía Blanca-, y por los noticieros del Canal 7 TV Bahía Blanca cuyo paquete accionario en 1987 -ya bajo la denominación de Teledifusora Bahiense Color (TBC)-, habría sido adquirido -en parte- por el empresario Alejandro Romay y Diana Julio de Massot, fallecida sin rendir cuentas por la complicidad del medio en el fusilamiento de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

Tentoni realiza en su documento un extenso repaso por las distintas funciones de las autoridades y los roles de los trabajadores y trabajadoras de los medios periodísticos gráficos y audiovisuales y se interna en la historia de la famiglia Massot y su grupo multimediático de “pública y notoria” relación con la Armada Argentina.

Como conclusión, el juez ad hoc manifiesta que “aquí y ahora resulta innecesario afectar el secreto de las fuentes de información de los canales de Televisión 9 y 7 locales con el objeto de reunir elementos útiles para la causa, ya que existen otras alternativas probatorias que permiten perseguir ese mismo fin”.

“En el marco de esa situación, la medida constituye una restricción irrazonable a la libertad de prensa y, por ende, ilegítima, por lo que se declara su improcedencia toda vez que afecta las garantías constitucionales”, finaliza.

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