Lento avance de denuncia contra Montezanti

El Consejo de la Magistratura volvió a citar al ex personal civil de inteligencia de la dictadura y actual juez de la Cámara Federal Bahiense, Néstor Luis Montezanti. El magistrado deberá concurrir junto a sus adláteres Ángel Argañaraz y Augusto Fernández quienes liberaron a 36 genocidas en abril del 2011.

La convocatoria la hizo el organismo en el marco del tratamiento de la denuncia presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación por un importante número de conductas irregulares contra las y los agentes que se desempeñan a su cargo, particularmente contra representantes sindicales. También se contemplan los antecedentes que lo vinculan con la Triple A.

En la sesión del 16 de febrero el Consejo entendió que si bien “no se acredita a lo largo del expediente la presunta vinculación del magistrado con la organización Triple A, surge probado que su actuar se enmarca dentro de un perfil autoritario proclive a la realización de conductas arbitrarias y desmedidas”. La cita es el 15 de marzo a las 9.

El titular de la UEPJ, Julio Piumato, junto al secretario de Derechos Humanos gremial Ariel Pringles advirtieron que sus compañeras y compañeros soportan, entre otras cosas, “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias producto de decisiones adoptadas por el magistrado denunciado; entre las cuales citan: prolongación desmedida de la jornada de trabajo, trato despectivo y discriminatorio, desequilibrios emocionales, abuso de autoridad y dilaciones en causas referidas a delitos de lesa humanidad”.

En septiembre de 2008 Montezanti realizó su descargo y rechazó la acusación referida a la Triple A recordando la querella establecida contra Alberto Rodríguez por haberlo señalado como miembro de la banda lopezrreguista y de la Misión Ivanissevich en una sesión pública del Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Sur en 2002.

Manifestó que Rodríguez declaró ante el juez Oyarbide y lo involucró en el asesinato de David ‘Watu’ Cilleruelo como “una maniobra” para evitar el debate judicial por la querella. El proceso se desarrolló normalmente ante la justicia Correccional condenando al militante por injurias y absolviéndolo por calumnias. El juez José Luis Ares no acreditó la participación de Montezanti en la banda parapolicial pero ratificó por primera vez en la justicia bahiense el accionar de la Triple A.

Sobre las irregularidades en el nombramiento del personal aseguró que “no son de él sino de toda la Cámara”, se preguntó por qué solo contra él y se respondió que “es el ánimo persecutorio focalizado, la determinación grotesca de encarnizarse contra alguien que integra un cuerpo colegiado y que (a la inversa que el ex colega Cotter) suele integrar las decisiones de la mayoría”.

Casi dos años después de ese descargo se presentaron en la Magistratura para dar su versión los camaristas Ángel Argañaraz y Augusto Fernández.

Entre las pruebas del expediente, según puede leerse en esta resolución, se incorporó el informe del 12 de marzo de 2010 con la firma del Director General de Inteligencia del Ejército

Argentino que da cuenta que entre el 1 de enero de 1981 y el 1 de junio de 1982 Néstor Luis Montezanti prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 181.

También el testimonio del dr. Luis Cotter quien expresó que Montezanti “consideraba a los crímenes de lesa humanidad como ‘tropelías’, lo que a su criterio implica una definición muy clara de su posición ideológica”.

El diputado nacional Juan Carlos Tunessi (sic) aseguró haber visto colgado en la pared del estudio jurídico del acusado “un certificado expedido por Suárez Mason que lo acreditaba al denunciado por haber participado o por ser miembro (no lo recordaba con exactitud) de la Alianza Anticomunista Argentina” y agregó que el camarista “era un militante del peronismo y que reivindicaba posiciones de derecha”.

Finalmente, quienes firman la resolución manifiestan que “los magistrados denunciados, amén de un ejercicio arbitrario y abusivo de su autoridad” transformaron “un simple recurso en una cuestión personal” aplicando “la grave sanción de apercibimiento a nueve agentes judiciales” el 11 de octubre de 2005. Y por si fuera poco, el trío de camaristas volvió a “incurrir en uso inapropiado de la posición dominante” obligando a las y los trabajadores sancionados a pedirles disculpas.

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