Juicio y Castigo por Malvinas

La guerra de Malvinas no puede disociarse del régimen que la produjo: la dictadura militar. Tampoco sus métodos ilegales en el territorio continental pueden separarse de los utilizados en las islas.

Dicho criterio motivó la presentación por parte del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata de un recurso de queja ante la Corte Suprema para que los considere delitos de lesa humanidad y así evitar su prescripción.

La medida fue acompañada por la Comisión Provincial por la Memoria representada por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Alejandro Mosquera y Laura Conte, con el patrocinio de los abogados Roberto Cipriano García, Javier Percow y Juan Manuel Combi.

Según informó el organismo de derechos humanos los delitos de tortura a soldados cometidos por oficiales y suboficiales del Ejército argentino durante la dictadura cívico militar en el territorio argentino incluidas nuestras islas son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

“Pensar la Guerra de Malvinas en el marco de la dictadura remite directamente a desarticular construcciones discursivas que eluden diferenciar a los propios protagonistas de la conflagración. Los mismos oficiales que llevaron adelante el terrorismo de estado, condujeron la guerra y disciplinaron a los soldados con las mismas metodologías del horror: vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica”, afirma textualmente la presentación de la CPM.

Advierte que detrás del reclamo justo por la soberanía, hay ciertos relatos de la guerra de Malvinas que buscan la legitimación de la dictadura. Estas memorias consideran héroes a todos los que participaron en ella, incluyendo a los oficiales que actuaron directamente en la represión y que incluso han sido condenados por violaciones a los derechos humanos.

En la presentación judicial cita algunos ejemplos emblemáticos: “el caso del capitán Pedro Giachino, conocido como el ‘primer héroe caído por la Patria’, cuyo nombre identifica a escuelas y lugares públicos, es paradigmático. Según consta en su legajo de conceptos y en las fojas de censo anual, Giachino solicitó más de una vez realizar cursos  en contra de la subversión, concurrir a la Escuela de las Américas y también ir en comisión a la ESMA para integrarse a un grupo de tareas. La lista es vasta y algunos de ellos son íconos del terrorismo de Estado. Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Julio César Binotti revistaron en los grupos de tarea de la ESMA. El coronel Mario Losito fue uno de los responsables de la Masacre de Margarita Belén ocurrida en Chaco en 1976. Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las Islas durante el conflicto, sobrino de Luciano Benjamín Menéndez, actúo en la represión en Córdoba”.

La causa judicial comenzó en 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego. El expediente contiene cerca de cien denuncias contra oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por torturas, estaqueamientos, muertes por hambre y hasta un asesinato a jóvenes que hacían el servicio militar obligatorio. La investigación había quedado paralizada porque la Cámara de Casación sostuvo que los delitos habían prescripto.

Este recurso de queja que se presentó ante la Corte acompaña la postura del fiscal general Javier De Luca que pidió que se resuelva que los vejámenes que sufrieron los soldados durante la guerra deben ser considerados delitos de lesa humanidad.

El amicus sugiere al máximo tribunal que revoque la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Casación que resolvió declarar prescripta la acción penal, haciendo lugar al pedido formulado por la defensa del imputado Jorge E. Taranto y revocando de ese modo una resolución previa de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

La presentación de la CPM incorpora abundantes antecedentes y jurisprudencia internacional (Declaración Americana, Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Convención Interamericana para la prevención de la Tortura) y concluye afirmando que lo que está en juego “reviste el carácter de gravedad institucional, por hallarse en tela de juicio la extinción de un proceso penal cuyo objeto versa sobre la investigación de delitos que ofenden a la humanidad, y cuya impunidad propiciaría la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos”.

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