El resto de sus vidas

Foto: Marcelo Nuñez

La querella integrada por familiares de víctimas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pidió prisión perpetua para todos los militares imputados y tres de los cuatro policías federales de Viedma. Para el restante y los dos ex directores de la cárcel de Villa Floresta solicitaron 17 y 17 años y medio respectivamente.

La dra. Mirta Mántaras instó al tribunal a “abarcar la realidad en su total magnitud” al realizar la calificación legal de los crímenes “porque si se califica como hurto lo que es un robo se esconde una parte importante de los hechos; lo mismo ocurriría si se califica como privación de libertad lo que es el homicidio y se restringen los delitos de lesa humanidad cuando hay genocidio”.

El próximo martes desde las 16 en Colón 80 será el turno del alegato de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de la dra. Mónica Fernández Avello. Otras audiencias en junio: miércoles 13 a las 9; jueves 21 a las 16, viernes 22 a las 9; martes 26 a las 16 y miércoles 27 a las 9. Ingresan mayores con DNI.

¿Será justicia?

Los abogados Walter Larrea y Diego Czernieky pidieron la condena a “prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y accesorias legales y costas” por “delitos de lesa humanidad en su especificidad de genocidio” para: los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada, Hugo Carlos Fantoni y Hugo Delme; el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511 Jorge Mansueto Swendsen; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada; los miembros del grupos de tareas Jorge Aníbal Masson y Mario Carlos Méndez; y los policías federales de Viedma Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Héctor Abelleira.

Para el también integrante de la policía federal viedmense Carlos Contreras solicitaron 17 años de prisión, seis meses menos que los exigidos como condena para los directores de la Unidad Penal 4 Andrés Miraglia y Héctor Selaya.

“Para todos los imputados que solicitamos condena, solicitamos además se disponga su prisión en establecimientos carcelarios del servicio penitenciario federal, se comunique la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Nación y al de Defensa para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración de los condenados”, afirmó Czerniecky.

Larrea manifestó que “no hay futuro posible si no se construye sobre la memoria, la verdad y la justicia” y que “creemos que hay miles de desaparecidos, torturados y asesinados de Bahía Blanca y del país, víctimas de este terrorismo de Estado, que están esperando una reparación. Por todo ello señor presidente queremos (que) se condene de acuerdo a lo peticionado porque, sin duda alguna, será justicia”.

El grupo de tareas de Forchetti

Antes, la dra. Mántaras había argumentado contra los represores de Viedma advirtiendo que en esa localidad “la Policía Federal actuaba como una suerte de grupo de tareas dentro de la organización de la Subzona 51; esta Área 513 de Padilla Tanco carecía de los elementos necesarios para hacer inteligencia y realizar operaciones”, lo que hizo que los azules cumplieran esa tarea.

La relación de la patota con el Área 511 -Bahía Blanca- se comprueba porque todas las personas capturadas fueron trasladadas -a veces con intercambios en medio de la ruta- hacia La Escuelita y otras dependencias circunstanciales del Batallón de Comunicaciones 181.

La querella consideró a los policías como partícipes necesarios por concretar el primer eslabón del ciclo que era la detención y el primer interrogatorio. “Han sido golpeados y atacados ya en Viedma antes de ser trasladados a La Escuelita de Bahía Blanca y de allí a la U4 y a Rawson con todo ese circuito que hicieron todos los capturados en Viedma menos Vilma Rial”.

Esto quiere decir que tienen responsabilidad en las lesiones gravísimas -como las de Chironi- y homicidios producidos en La Escuelita o en falsos enfrentamientos -como Darío Rossi- y el abandono de personas de los bebés del matrimonio Meilán Rial. “Esta dependencia operacional ha encontrado tanto en Forchetti como en Abelleira, Contreras y Goncálvez una perfecta disposición para cometer estos ilícitos en los cuales estaban integrados”, alegó Mántaras.

Otro eslabón

También fueron acusados como partícipes necesarios los ex jefes de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Selaya y Miraglia. El primero, por los casos ocurridos entre 1975 y hasta diciembre de 1976 y el segundo desde el 3 de enero de 1977 hasta el 1 de enero de 1979.

La abogada explicó que el envío a las cárceles fue parte del plan sistemático genocida de las fuerzas armadas como “parte de una forma del blanqueo y legalización del secuestro y tormentos padecidos en La Escuelita. Este blanqueo se hacía a través del Consejo de Guerra en algunos casos y se hacía por directo envío a la cárcel donde revistaban Selaya y Miraglia”.

“Ellos están integrados por la Directiva 1/75 y por las ratificatorias posteriores (…) había una subordinación operacional de las fuerzas de seguridad, policiales provincial y federal, o sea que estaban integrados al aparato criminal”, insistió.

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