Marinos con fiscal ratificado

Tanto el defensor particular Mauricio Gutiérrez como las oficiales Graciela Staltari y Viviana Schut ni sus colegas Alejandro Castelli y Leonardo Brond pudieron sostener ante el juez Eduardo Tentoni sus recusaciones contra el fiscal Abel Córdoba en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Armada Argentina y las fuerzas subordinadas durante el terrorismo de Estado.

En el incidente resuelto el 14 de agosto y difundido el viernes por el Centro de Información judicial, el magistrado ad hoc califica como “inadmisibles” los planteos recusatorios por “extemporáneos” y responde a las quejas planteadas desde el Ministerio Público en cuanto al despliegue de “una verdadera investigación”. Para Tentoni, la conclusión fue posible “por haberse instruido la prueba como se hizo pese a la constante oposición del fiscal recusado, paradójicamente beneficiado por el cálculo”.

Las recusaciones efectuadas por las defensas se basaron en la campaña mediática impulsada por La Nueva Provincia y La Brújula24 que les permitió cuestionar la objetividad de Córdoba exagerando el vínculo “informal” que mantenía con la hija de un sobreviviente de La Escuelita.

El teniente coronel Gutiérrez, reivindicador de los responsables de un amplio repertorio de violencias sexuales ratificadas en el debate oral, ni siquiera se puso colorado al sostener ante Tentoni que el fiscal “ha infringido la ley 26485 de violencia de género, al dejar mal parada a una mujer elegida por la voluntad popular, dando a conocer, su relación, falta de compromisos morales, e intermitencia de la relación”.

Vale destacar que el letrado militar llegó a Tentoni con la preocupación de los represores del Ejército, Raúl Otero y Alejandro Lawless, ante la posible existencia de una “actuación reservada” en la causa que juzga los hechos de la Armada Argentina. Los mismos argumentos planteados ya habían sido rechazados in limine por el Tribunal Oral en la causa “Bayón…” y por el juez Santiago Martínez en la primera instancia de la investigación sobre quienes respondían al V Cuerpo de Ejército. En ese sentido, el fiscal respondió que “el juez juzga hacia el pasado, no debe pronunciarse sobre eventualidades ni sobre el futuro, ni sobre las fantasías del recusante”.

Las abogadas y abogados públicos que defienden a un grupo de marinos agregaron que la “falta de objetividad también se acredita en los enormes esfuerzos que hace el dr. Córdoba porque nuestros asistidos no tengan acceso al arresto domiciliario, a pesar de tener más de 70 años”.

La investigación de Tentoni

En ese contexto y sabiendo que las recusaciones no tendrían validez por haber sido presentadas fuera de tiempo legal, el juez ad hoc se largó a la pesquisa escudándose en que “ni los recusantes al hacer sus planteos primigenios y menos aún el recusado al efectuar los suyos (…) agregaron un solo documento -suficiente y apto- para avalar sus dichos” y escribió que lo hacía “en uso de facultades instructorias y dada la gravedad -y repercusión pública- de los planteos”. Tal vez sea esta “urgencia” invocada la que provocó la demora, injustificada según la Cámara Federal, en la resolución de la situación procesal contra 28 genocidas.

Además de lo dicho desde Fiscalía para refutar la acusación de Gutiérrez en cuanto a la supuesta “actuación reservada” contra Lawless y Otero, se mencionó que René Bustos -el testigo que motivaría la pérdida de objetividad- no es parte de la causa Armada.

El punto fue abordado por el juez al decir que el traslado aéreo de Bustos y otros secuestrados desde la cárcel de Villa Floresta a Rawson “podría comprometer la responsabilidad de la Jefatura y demás personal” de la Base Espora y la “del Comandante Aviación Naval que tenía allí su asiento principal y ejercía -además- en ese mismo lugar la jefatura de la Fuerza de Tareas 10”. De esa manera, considera “entendible” la preocupación de los clientes de Gutiérrez e “insostenible” la desvinculación de Bustos de la causa Armada.

Tentoni descarta la “amistad íntima” entre el fiscal y el testigo y la reducción de “esa distancia que debe imperar entre un profesional y una de las partes”, quejas de la defensa particular y las oficiales respectivamente.

Al planteo de la pérdida de objetividad de Córdoba por su oposición al arresto domiciliario de genocidas mayores de setenta años, Tentoni admite como “comprensible” la postura “entre las víctimas del terrorismo de Estado al cargar con horrorosos y abismales sufrimientos que han quedado grabados -para siempre- en su memoria y que difícilmente puedan perdonar”, pero le resulta opinable que “el recusado se oponga invariablemente a los pedidos del beneficio sin esperar -siquiera- el resultado de los informes previos reclamados”. Sin embargo, los planteos del Ministerio Público se apoyan más en los riesgos que implica el encierro de los represores en sus casas -fugas, amenazas a testigos, entorpecimiento de las causas- que en la gravedad de los hechos juzgados.

Finalmente el juez da cuenta de los resultados negativos que produjo la denuncia de las defensas acerca de una utilización de pasajes del Hospital Penna -cuya supuesta malversación se investiga en la justicia provincial- por parte del fiscal y de testigos que declararon en el debate oral en curso durante el año 2011.

El cierre del documento muestra un detallado análisis de los posibles momentos en que los defensores pudieron conocer la “escandalosa” noticia del vínculo entre Córdoba y Bustos y a partir del cual se comienzan a computar los plazos legales para las quejas. Aun tomando las condiciones más ventajosas para los recusantes no le deja otra opción a Tentoni que sentenciar que “los planteos recusatorios (…) resultan extemporáneos y por ende inadmisibles”.

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