Reclamo sin Gloria

En las últimas horas fue rechazado y archivado un cuestionamiento a la actuación de fiscales en la causa en que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar desde el V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

Gloria Girotti, ex secretaria penal del juez genocida Guillermo Federico Madueño y acusada en la causa, manifestó el 12 de diciembre de 2011 en su declaración indagatoria que “el fiscal (en referencia al dr. Antonio Castaño) conjuntamente con el fiscal subrogante dr. Córdoba han emprendido una persecución injusta en mi contra, en el caso del dr. Córdoba, con profusa difusión mediática y en ambos casos incumpliendo el deber que le impone la ley al Ministerio Público Fiscal de realizar una investigación objetiva de los hechos y de fundar sus peticiones”.

Al otro día, el entonces juez federal Alcindo Álvarez Canale consideró que a partir de las manifestaciones de la imputada, debía darle a tal mención carácter de denuncia y dar intervención al Procurador General de la Nación, remitiendo copias certificadas del expediente con expresa mención a que remitiría con la mayor brevedad que le fuera posible cada nuevo aporte de documentación que le sea requerido para la tramitación de las actuaciones. Álvarez Canale consideraba que el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público tiene por fin juzgar a los magistrados del Ministerio Público que fueran acusados por mal desempeño.

El 7 de agosto pasado, el Procurador General interino de la Nación, dr. Luis Santiago González Warcalde, resolvió archivar las actuaciones iniciadas por comunicación del hoy jubilado juez Álvarez Canale.

González Warcalde, al resolver el archivo, valoró que la imputada es abogada desde hace más de 38 años y cuenta con el asesoramiento de su abogado defensor. Además, destacó que ninguno de ellos decidió elevar a su sede una denuncia y que el ámbito y el contexto en que las afirmaciones fueron expuestas, así como su superficialidad o ausencia de toda precisión, permiten presumir que se trata de un intento de persuadir al juez de que quienes actúan en representación de este Ministerio Público han perdido su objetividad para con ello sacar algún tipo de ventaja en ese marco.

Finalmente aseguró que “el oficio del juez federal que formaliza la denuncia no efectúa ningún tipo de valoración que permita suponer que él mismo ha considerado aquellas manifestaciones seriamente”.

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