12 de septiembre

El próximo miércoles a las 18 fue confirmado por el Tribunal Oral de Bahía Blanca para la lectura del veredicto en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V cuerpo de Ejército, que ayer tuvo las últimas palabras de 16 de los 17 imputados.

Al finalizar los alegatos de la defensa oficial ni la Fiscalía ni las querellas hicieron uso de la posibilidad de replicar los argumentos vertidos por los representantes de los represores que no aportaron novedades.

Los 16 militares, policías federales y penitenciarios presentes subieron al escenario del aula magna universitaria. A algunos les alcanzó un puñado de segundos mientras que el que más se extendió lo hizo por veinte minutos. Eligieron entre la victimización con lloriqueos, la excusación por cumplimiento de órdenes superiores y el silencio.

El primero en ser llamado por el tribunal fue el ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, Jorge Enrique Mansueto Swendsen. El juez Jorge Ferro le comunicó su derecho de decir las últimas palabras -“que no significa declaración ni refutación de argumentos que se han vertido”- y el represor eligió decir que los entonces “oficiales muy jóvenes cumplieron órdenes” y “nosotros a veces las impartimos, a veces nos negamos a impartirlas, a veces no tuvimos necesidad de hacerlo pero tenemos más responsabilidad”.

Mansueto, jefe del Área 511.

“Lo único que voy a decir es que soy inocente, nada más”, comentó Osvaldo Bernardino Páez, jefe de División en el Departamento III Operaciones y presidente del Consejo de Guerra Especial de la Subzona 51.

Mario Carlos Antonio Méndez, quien está acusado por tres fusilamientos, afirmó que cumplió órdenes y recalcó que “que el oficial joven que viene por primera vez a un comando no tiene adoctrinamiento ni la formación para la interpretación de órdenes o situaciones que se pudieron haber presentado, en particular, después del 24 de marzo”.

El integrante del grupo de tareas que comandaba el mayor Ibarra, Jorge Aníbal Masson, dijo que “no tenía pensado desarrollar ningún tipo de palabras” pero se quejó por ser “un hombre que está siendo juzgado por el primer tercio de su vida”.

“No me tocó ninguna actividad de la que pueda estar arrepentido o haber hecho algo que no correspondía. Lo que hice lo hice en el marco de la legalidad. 36 años han transcurrido, 36 años de mi vida puestos al alcance de ustedes con lo que hice y con lo que no hice. El señor fiscal tuvo la bondad de llenarse de epítetos para definirnos qué somos y qué cree él que nosotros hicimos”, agregó.

Más adelante habló de su familia, de su hija que estudia en la universidad, de sus títulos y gritó: “Estoy acá defendiendo mi honor”. Enumeró los test a los que fue sometido para llegar a la conclusión de que “no estoy loco, jamás he estado loco”, ratificando su plena capacidad de comprensión sobre los crímenes que se le achacan y una inmejorable condición para pasar el resto de sus días en cárcel común y efectiva como exigieron para su futuro la Fiscalía y las querellas.

Tejada: “No tienen jurisdicción sobre mí”.

Walter Tejada, hombre del Departamento II Inteligencia del V Cuerpo y jefe del torturador Julián Laucha Corres, dijo a los jueces que “ustedes no tienen jurisdicción sobre mí” y se quejó de que “no fueron tenidas en cuenta las declaraciones de los comandantes que condujeron las acciones contra los terroristas subversivos. Terroristas subversivos, repito”.

En la más extensa de las expresiones, de alrededor de veinte minutos, se despachó con una argumentación que acumula todos los males en el genocida Adel Vilas y se refugió en el trillado cuento del inminente conflicto bélico con Chile. “Pido a dios que los ilumine en la decisión que deben tomar contra nosotros”, terminó.

El jefe del Departamento I Personal del Estado Mayor, Hugo Fantoni, valoró la síntesis de su abogado defensor y le recordó al tribunal que “en el año 1976 fui jefe de la División Arsenales. No obstante el señor fiscal en la elevación a juicio de esta causa puso que yo era jefe de La Escuelita y el dómino de todas las cosas que pasaban”. El cierre lo hizo con una frase que el católico José Manuel Estrada pronunció al ser separado del Colegio Nacional Buenos Aires por su oposición al laicismo en la educación.

Subordinado de Fantoni y jefe de la División Registro y Enlace, Jorge Delme fue uno de los represores más mencionados por las familias de las víctimas. Se consideró inocente y manifestó que “de aquí en más seguramente perderé mi libertad, pero nunca me van a poder quitar ni voy a perder el honor y la dignidad de ser un soldado que nunca recibió órdenes inmorales de sus superiores”.

Norberto Eduardo Condal integró el Destacamento de Inteligencia 181 y luego pasó al Departamento II Inteligencia del Estado Mayor. Opinó que lleva cuatro años detenido injustamente, mencionó no haber sido nombrado en las declaraciones y dejó “mi alma puesta en dios y mi cuerpo puesto en este consejo”.

Masson: “No estoy loco”.

El jefe de la sección de Actividades Sicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181, Carlos Alberto Taffarel comentó que “durante 36 años de mi vida di todo mi esfuerzo al glorioso Ejército Argentino, trabajando con sacrificio, con esperanza y con mucha voluntad para dar de mi lo mejor en favor de mi patria”.

Se calificó como “un hombre de bien” que siempre actuó “con las manos limpias” y con “la estrella del bien y del trabajo”. Finalmente rogó “a dios para que ejerzan su ministerio con justicia y con verdad”.

“Señor presidente, señores jueces del Tribunal Federal Oral de Bahía Blanca, la defensa oficial ha hecho la defensa de mi caso. Al respecto no he de agregar nada ni alegar ninguna otra cosa, muchas gracias”, se limitó a decir pausadamente Juan Manuel Bayón, el genocida de mayor jerarquía entre los juzgados. Fue jefe de la Subzona 51, del Departamento III Operaciones e integró el Estado Mayor de la Junta Interamericana de Defensa.

Del grupo de tareas de Viedma, el primero en subir al escenario de Colón 80 fue el comisario Vicente Forchetti quien saludó y destacó que “lo único que tengo que decir es que soy inocente de los cargos que se me imputaron en este juicio”.

Su segundo, Héctor Abelleira, dijo que “jamás en mis funciones como colaborador y como asistente de la justicia tuve ningún contratiempo, jamás un juez me citó por haberme excedido en mis funciones”.

Héctor Arturo Gonçalvez se hizo “un machetito” y declaró su inocencia y confianza en el tribunal y agregó que “me fui en un retiro voluntario (de la Policía Federal de Viedma) con el grado de sargento. Resulta inviable que por estar en esta fuerza orgánicamente sustentada por el orden jerárquico haya tenido la participación primaria que el Ministerio Público Fiscal me imputa”.

Forchetti comandó el grupo de tareas de Viedma.

Carlos Contreras dedicó 14 meses de audiencia a resolver crucigramas y se presentó ante el tribunal “para mirarlo de frente y a la cara”. “Dos personas o tres me han acusado de gravísimos delitos donde he sido indagado, he estado preso y me ha producido un daño muy tremendo”, dijo con voz temblorosa y sumó que para él durante el terrorismo de Estado “la política no existía” y que su “problema era armar el equipo de fútbol del domingo”.

El ex director del penal de Villa Floresta Héctor Luis Selaya, ante sobrevivientes y familiares que sufren casi cuatro décadas de impunidad por las torturas, fusilamientos y desapariciones y ante la ausencia de aquellas personas que aún no conocen su identidad, afirmó que hace cuatro años “empezó mi calvario”.

En unos diez minutos, intentó hacer creer a los jueces que actuó “dentro de la ley” que estaba vigente en ese momento -“nos pueda gustar o no”-,  que no le quedaba “margen” para negarse a recibir detenidos y que “no hubo quejas” de las condiciones carcelarias.

Finalmente, Andrés Reynaldo Miraglia sostuvo que ahora sabe que heredó 18 “detenidos especiales” de Selaya y “posteriormente yo recibí 116”. Propuso excusas similares a la de su antecesor en el cargo y afirmó que “me molesta personalmente que el Ministerio Público Fiscal haya dicho que dentro del establecimiento y en la jefatura mía era una prolongación de La Escuelita”.

El miércoles próximo, tras escuchar las últimas palabras del represor del Destacamento de Inteligencia 181 Jorge Horacio Granada, se concretará un hecho histórico para la ciudad de Bahía Blanca.

Un día que muchos sectores intentaron por diversos medios que nunca llegara y que no deja de ser el primer paso del juzgamiento a cada uno de los responsables del terrorismo de Estado -que aun queden con vida- tanto del Ejército como de la Armada Argentina, las fuerzas de seguridad subordinadas, los civiles colaboracionistas y beneficiarios del modelo económico que motivó el genocidio y los matones de la Alianza Anticomunista Argentina que comenzaron la tarea.

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