Lentoni sigue sin resolver

El juez ad hoc Eduardo Tentoni incumplió la resolución de la Cámara Federal bahiense que le impuso un generoso plazo de treinta días para resolver la situación de 28 represores indagados en la causa que investiga los crímenes de la Armada Argentina. La Fiscalía había recurrido a la Alzada al advertir demoras que, en algunos casos, superaron el año cuando no debieron haber sido mayores a diez días.

Vencido el plazo impuesto por los camaristas, la Unidad de Derechos Humanos a cargo del dr. Abel Córdoba denunció el nuevo incumplimiento ante el propio Lentoni, solicitando el pronto despacho de las decisiones pendientes, y también ante Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Anticipó la adopción de otras medidas tendientes a corregir la situación generada por el “injustificado letargo procesal impuesto por el magistrado que compromete el funcionamiento del servicio de justicia”.

 Las imputaciones que pesan sobre los acusados refieren a responsabilidades penales en secuestros, torturas y desaparición forzada de personas que pasaron su cautiverio por distintos centros clandestinos de detención bajo dominio de la Armada, entre cuyas víctimas se encuentran los conscriptos Helvio Alcides Mellino, Leonel Eduardo Saubiette, y Gerónimo Orlando Altamirano desaparecidos mientras cumplían el servicio militar obligatorio.

Los imputados fueron indagados durante el 2011 y en el transcurso de 2012 y, hasta el momento, “pese a las solicitudes reiteradas, denuncias ante el propio magistrado y ante la Cámara de Apelaciones e incluso luego de una clara y enérgica resolución de la Cámara de Apelaciones el magistrado no ha notificado la adopción de resolución alguna al respecto, aplicando de hecho tiempos vaticanos en una causa que contiene crímenes graves cuya impunidad compromete incluso la responsabilidad internacional del Estado Argentino”, aseguraron desde Fiscalía en un comunicado de prensa.

 Se advirtió también que “la persistente indefinición procesal nuevamente denunciada afecta los derechos de los imputados a que se determine su situación en la causa penal en que se encuentran investigadas sus conductas; y atenta contra los derechos de las víctimas del Terrorismo de Estado, a quienes debe garantizarse una investigación seria y el juzgamiento -en tiempos ágiles y razonables- de los responsables por los delitos que los afectaron”.

 De este modo, Lentoni “nuevamente se encuentra objetado por el sostenido incumplimiento del deber funcional asumido, manteniendo injustificadamente paralizada la causa en la que se investigan los más graves delitos cometidos en la clandestinidad de la última dictadura cívico-militar ocurridos hace 35 años y que no admite seguir acumulando más tiempo de impunidad”.

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