Crónica de una masacre

Manolo Tarchitzky, víctima de la masacre de calle Catriel.

(Por Maayan Miller – Universidad de Tel Aviv*) Día a día la crónica periodística en Argentina informa sobre las condenas aplicadas a los militares del Ejército argentino y a sus colaboradores,  que estuvieron involucrados en la represión antes y durante la dictadura militar instalada en el poder el 24 de marzo de 1976 En nombre de la “reorganización” del país se asesinaron e hicieron desaparecer a decenas de miles de personas, generalmente jóvenes, que creían y luchaban por un mundo mejor.

Aun hoy, la opinión pública se horroriza incrédula ante los crímenes cometidos. Todo aquel que visita las ciudades argentinas puede ver calles llenas de panfletos e inscripciones con las palabras “NUNCA MAS!!”.

Se publicaron miles de tratados sobre este tema. Pero aun no se sabe el paradero de muchos de los desaparecidos y sus parientes y sus seres queridos se enfrentan ante la vicisitud de no saber de su destino. La necesidad de justicia es irreprimible y por lo tanto es imposible dejar que los graves crímenes cometidos durante esos días caigan en el olvido.

Los juicios contra la impunidad de este último decenio tratan de reimplantar la justicia y la ética civil en la Argentina, donde esperanzados ciudadanos logran romper con el silencio que envolvió los actos represivos de esa época para así, quizás, saber el paradero de aunque sea uno más de los desaparecidos.

Una junta militar dirigió los destinos de Argentina entre los años 1976-1983. Esa dictadura se formó con la unión de los tres jefes de las fuerzas armadas: Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del ejército; Emilio Eduardo Massera, comandante de la marina y Orlando Ramón Agosti, comandante de la aviación.

El 28 de septiembre de 1974 (año y medio antes del golpe de estado militar) un gobierno civil decreto la ley antisubversiva, ley que permitía al Estado actuar contra todos aquellos que se oponían a las políticas oficiales,  aunque oficialmente se hablaba de actuar solamente contra grupos guerrilleros que según la versión oficial “activaban y ponían en peligro la estabilidad del país”.

En realidad esta ley se utilizó repetidas veces contra organizaciones obreras y de trabajadores en conflictos laborales.  Esos actos de represión institucionalizada, muchos de ellos ilegales, abrieron el camino para que los militares actuaran contra organizaciones civiles y laborales en épocas de represión después del golpe del 76. Esta política represiva no estaba exenta de ribetes antisemitas.  Ese sentimiento antisemita se revivió en tiempos de la llamada “Guerra Sucia”.

La figura más representativa del golpe militar contra el gobierno civil fue el general Videla, comandante del ejército quien fue uno de los principales conspiradores. Según sus declaraciones, su intención era “restituir el orden social destruido por el gobierno peronista”.

Según la palabras de Videla: “serán muertos todos los que sean necesarios hasta la conquista de la paz”. El general Videla ordenó personalmente actuar intensivamente contra toda persona contra la que exista la más mínima sospecha que actúa o puede actuar contra el régimen militar. El mismo día de la toma del poder empezaron las detenciones de activistas políticos y delegados sindicales acusados de “acciones subversivas”.

La junta militar utilizó contra los “sospechosos” un sistema de represión sistemática. Las policías provinciales y federales conjuntamente con civiles de ideología fascista fueron enrolados por la represión y actuaban bajo la dirección del ejército.

La acción represiva se efectuó a nivel nacional siendo utilizados sistemas de secuestros, torturas y asesinatos sin ninguna consideración a las leyes y a los derechos humanos. Todo se hizo con la seguridad de una completa impunidad.

Según una declaración de un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires (causa 7316) cuando explicaba en el juicio la forma de detención de sospechosos: “cuando detectábamos al sospechoso, lo deteníamos y lo llevábamos al lugar de interrogatorios. Allí lo hacíamos ‘cantar’ usando la picana y otras técnicas, lo obligábamos a darnos más nombres de presuntos sospechosos para poder detenerlos y así formarnos la idea de la relación entre ellos…a veces la cadena se rompía cuando alguno de los interrogados moría en el interrogatorio”. En esos casos se escribían dos informes. Uno secreto, donde se explicaba la realidad de los hechos, y otro documento (20840) en el cual se exponía que se trata de un presunto intento de escape en el cual el sospechoso “ataca a los policías” y era necesario matarlo en defensa propia.

Entre todos los participantes de la represión, hasta el más alto cargo, se hizo un “juramento de sangre” en la que todos se obligaban a un silencio eterno para encubrirse entre ellos y por sobre todo, lealtad al sistema represivo imperante. Nadie debía aportar ningún dato de detenidos fuera del círculo oficial, cualquier información del mismo al exterior era considerado como un acto gravísimo de desobediencia y acarrearía un inmediato castigo. Este “juramento de sangre” persiste aun hoy después de 36 años, manteniendo en secreto el paradero de más de miles de personas desaparecidas.

Los desaparecidos, desaparecidos están, pero continúan siendo parte de una activa polémica, se ven carteles con rostros sin nombres y nombres sin rostros que gritan ser encontrados.

Crimen y castigo

Debido a la presión popular y a la desastrosa “Guerra de las Malvinas”, durante el año 1983 la junta militar llega a la conclusión que no puede seguir gobernando y llama a elecciones generales en la que se imponen determinadas restricciones. Elecciones en la que gana el partido Radical de Raúl Ricardo Alfonsín. Posteriormente, en el año 1985 empiezan los juicios contra los integrantes de la junta militar pero a fines de la década del 80 se detienen los procesos y se les da inmunidad a todos los integrantes en la represión. A pesar de eso, en el año 2005 la Corte Suprema de Justicia cancela esta inmunidad que les fue concedida 20 años atrás.

Los comandantes de las fuerzas armadas que constituyeron la junta militar nunca aceptaron su responsabilidad ni manifestaron arrepentimiento por los graves actos cometidos.

Luis Pérez, que fue asistente del comisario general Miguel Etchecolatz de la policía de la provincia de Buenos Aires, conocido genocida y torturador condenado a cadena perpetua declaró que la junta militar “actuó en defensa de la Argentina frente a la subversión terrorista que amenazaba su existencia”. Dijo incluso que no hubo una política de asesinato sistemático y que todas las declaraciones al respecto no son más que “propaganda política”.

Muchas de las masacres que se efectuaron contra activistas de izquierda o simplemente “sospechosos” de apoyar una política democrática fueron dadas a conocer a los medios de comunicación como un enfrentamiento armado contra pretendidos terroristas clandestinos en los cuales los soldados solo se defendieron.

Sintiéndose cubiertos por esta manipulación de los hechos que les dio abrigo para una represión sin precedentes, las fuerzas armadas actuaron sin ninguna restricción. Hoy en día  estas mismas mentiras son utilizadas por los abogados defensores de los criminales en los juicios que se llevan a cabo en la Argentina.

Una masacre en Bahía Blanca

Vivienda de Catriel 321.

Un ejemplo de esos hechos es el conocido como ” La masacre de la calle Catriel 321″ de Bahía Blanca.  El criminal hecho fue dado a conocer en su momento por los medios de comunicación como un enfrentamiento de una patrulla de  soldados del V Cuerpo del Ejército contra civiles armados. Las pruebas testimonian una realidad muy distinta!

La masacre de la calle Catriel sucedió alrededor de la medianoche del 4 de septiembre de 1976 en una casa deshabitada de la calle Catriel 321 de Bahía Blanca. En dicha masacre se asesinó a Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Manuel Mario Tarchitzky. El patólogo Dr. Mariano N. Castex escribió en un informe, “sin lugar a dudas, las víctimas fueron fusiladas cuando estaban atadas al piso”.

En estos días se está realizando el juicio contra 17 acusados partícipes de la masacre a los que les acusan de secuestro, torturas y asesinatos de las víctimas. Entre los 17 acusados se encuentran 11 militares, 4 policías y dos carceleros. Todos ellos dijeron ser “patriotas que lucharon contra guerrilleros para defender la patria”.

En las evidencias que se rebelan contra los acusados están las declaraciones de testigos del hecho, que también, como las víctimas asesinadas, fuera secuestrados y trasladados al campo de concentración denominado “La Escuelita”, lugar en donde las víctimas fueron torturadas repetidas veces (no siempre para obtener información, sino para quebrarlas), para ser llevadas más tarde, cuando pensaban que ya no tenían más información, a algún lugar para su eliminación. Todos los testigos afirman que permanecieron  en “La Escuelita” antes del asesinato. Esto, contradiciendo a los acusados que declararon que las víctimas fueron muertas en el enfrentamiento, de acuerdo al parte oficial del ejército. Muchos sobrevivientes que pasaron por ese campo de concentración afirmaron que lo que los acusados denominan como “enfrentamiento armado”, no fue más que un asesinato alevoso. Además, la autopsia demuestra que según los datos escritos en la acta de defunción presentada por el V Cuerpo de Ejército sobre el estado de los cadáveres es imposible que las víctimas fueran partícipes de un enfrentamiento armado.

El dr. Castex afirmó que la dispersión de las balas, los restos de los proyectiles que traspasaron los cuerpos y volvieron a entrar y otros que se encontraron en las ropas y el cabello demuestra sin lugar a dudas que las balas rebotaron en el piso; siendo por lo tanto que todas las víctimas estaban acostadas boca abajo. Las lastimaduras que se encontraron en las muñecas y el cuello de las víctimas indican que estaban atadas. El dr. Castex agregó que las declaraciones de los acusados en momento de los hechos, lo que declararon en el juicio y lo que demuestra la autopsia no dejan dudas de que mienten.

Lamentablemente durante estos casos de juicios, que se desarrollan lentamente, gran parte de los acusados que son ancianos van falleciendo por causas naturales sin haber pagado por los crímenes cometidos. La gran mayoría de los involucrados no sienten ningún tipo de arrepentimiento por sus criminales actos.

* Síntesis de un trabajo presentado en el marco del curso “Argentina entre los 60 y los 70: entre revolución y dictadura” dictado por el Dr. Efraim Davidi en la Universidad de Tel-Aviv, Israel, 2011. Maayan Miller es sobrina de Mario Manuel Tarchitzky.

Para acceder a la versión del texto en idioma original ingresá aquí.

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One thought on “Crónica de una masacre

  1. Una felicitación enorme para Maayan por su trabajo y dedicación para tratar de desentrañar esa parte de la Historia Argentina que ella comenzó solo conociendo de oidas y encontrar el porqué perdió a una persona tan especial como su tio Manuel Tarchitzky.

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