Quintana el Gracioso

Detenido en Salta y Zapiola.

“No se me ocurre nada gracioso… Están muy serias”, dijo el capitán de navío (RE) Arturo María Quintana a un par de funcionarias del Patronato de Liberados cuando le preguntaron si quería agregar algo más durante la visita al departamento del décimo piso de Zapiola 811 donde se supone cumple arresto domiciliario.

Esa mañana, apenas pasadas las nueve, las recibió “con fuerte olor a alcohol” y recordó las consecuencias de su última burla a la justicia a principios de julio cuando lo vieron ingresando a su casa. Fue cuando le preguntaron al detenido si estuvo detenido.

“Sí, del 12 de diciembre de 2011 hasta el 10 de febrero de 2012 y por un ‘incidente en el que fui a la farmacia porque mi señora no estaba bien, justo en la puerta estaba la colega de ustedes. Me dijo que iba a informar. Apelé a la Cámara, ¿cómo se llamaba la que venía acá antes de ustedes?”, preguntó y le respondió su esposa desde otra habitación.

Aquella vez dijo a la Cámara que había ido a comprar pan y los magistrados lo devolvieron al hogar. Se lo tomaron tan en serio que ahora el represor les cuenta el cuento de la farmacia. Lo apaña la versátil ex jueza civil y comercial Elda Eulalia Ventura: esposa, abogada defensora y guardadora de su detención hasta hace unos días.

Flexibles y sumisos

A pesar de haber sido procesado por crímenes de lesa humanidad contra 61 víctimas en el marco de la causa Armada por sus actividades de inteligencia y operativas desplegadas desde sus funciones en el Batallón de Comunicaciones Nº1 (Unidad de Tareas de la Fuerza de Tareas Nº2) y haber violado cada pauta que le estableció la justicia, continua con detención domiciliaria.

El 26 de octubre el fiscal Abel Córdoba denunció ante el juez Tentoni que Quintana, desde que accedió al beneficio, “se ausentó de su domicilio, lo hizo en el centro de la ciudad, intentó que la profesional (del Patronato) no informara, varió sus versiones en desprecio al sentido de la justificación y pese a lograr una nueva detención domiciliaria, sancionado disciplinariamente, volvió a transgredir”.

Luego de advertir que “la institución de guarda es insuficiente” dado que la acción de la guardadora-esposa-defensora “no tiene efecto alguno sobre la conducta transgresora de Quintana” se preguntó: “¿De qué modo va a asegurar el juez sino revocando la domiciliaria, que no se afecte de ningún modo la integridad y tranquilidad de testigos y víctimas ante un procesado que ha cometido, por lo menos, las faltas constatadas?”.

Según Córdoba los jueces, “con afán de sostener un beneficio para el procesado”, están poniendo en riesgo “la continuidad del proceso penal, la seguridad de las víctimas y testigos, la integridad de las profesionales del Patronato de Liberados y la consideración social del poder judicial como una institución con voluntad suficiente para llevar a cabo un proceso penal de modo serio y responsable y no como una instancia flexible y sumisa ante la voluntad de los imputados que han cometido sus crímenes desde posiciones de poder”.

Aquella vez que fue por pan a la farmacia le valió una “amonestación” de los camaristas. Tras “el fracaso” de este reto de desconocidas consecuencias y teniendo en cuenta que mientras estuvo preso en la cárcel de Saavedra “no se verificó ningún inconveniente para su salud ni para el proceso” la Fiscalía solicitó la revocación de la domiciliaria.

La última copa

El jueves pasado el juez Tentoni respondió los planteos de la Fiscalía sosteniendo el beneficio domiciliario y terminando con la guarda de la esposa-defensora sobre el arresto de Quintana.

Se cobijó en el fallo de la Cámara que no mandó a la cárcel a Quintana “frente a una verificada, flagrante e injustificada violación de la principal restricción impuesta”. “Mal puede el suscripto, frente a una circunstancia no acreditada fehacientemente (como es la ingesta de alcohol), resolver en sentido diverso y aplicar la máxima sanción”, dijo Tentoni.

Sin embargo “impuso” al genocida la prohibición de beber alcohol y se embriagó diagramando un operativo destinado a comprobar el cumplimiento de la medida: ante la imposibilidad de hacerlo por parte del Patronato de Liberados ordenó al jefe de Policía Federal local que mande al médico de la fuerza que “coordine con el personal del Patronato para que en forma aleatoria dicho galeno participe en las visitas que las asistentes sociales hagan” a Quintana e informe al juzgado si el represor bebió. De comprobarse el consumo en caso de inasistencia del profesional la obligación de avisar al magistrado será del Patronato.

Sobre las expresiones con que comienza esta nota Tentoni afirmó que expresan “un tono muy particular” que pretende ejercer “una suerte de presión sugestiva” en las asistentes sociales tal como hizo en julio.

La pregunta por la anterior funcionaria “lleva insito un solapado intento, por partes iguales, de provocación y amedrentamiento” que evidencia que tomó el informe como una “intervención contra sí mismo” y que conoce el nombre y apellido de la trabajadora “dejando en el aire la idea de que, en caso de quererlo, podría ubicarla”.

Además reconoció en las palabras de Quintana el “menosprecio” contra la autoridad de dichas funcionarias, el cambió de excusa de la salida anterior (de panadería a farmacia), y la respuesta respecto a su arresto como un “claro indicio de la falta de conciencia por parte de Quintana de su actual estado de detención”, expresando que “el nombrado solo entiende que estuvo detenido durante el lapso de tiempo en el que permaneció alojado en la unidad penal 19 del Servicio Penitenciario Bonaerense”.

Por esto, y considerando la “amonestación” de la Cámara, simplemente sancionó al represor con siete días corridos de encierro en la UP 19 -“por elementales razones de sentido común”- aunque anticipó la posibilidad de atenuar o suspender la medida por razones de salud.

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