El camino a seguir

“Encontramos que la expresión de la verdad, en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”, dijo el Tribunal Oral sobre La Nueva Provincia.

Tras desarrollar el contexto histórico del que surgió la última dictadura cívico militar y su estructuración represiva en Bahía Blanca y la región, la primera lectura de los fundamentos del fallo que condenó a 17 genocidas del Ejército, la Policía Federal de Viedma y el Servicio Penitenciario Bonaerense permite observar la valoración que hicieron los jueces Ferro, Triputti y Bava en cuanto a la participación en el plan criminal de otros sectores de poder que deberán ser investigados.

Se trata de algunas de las facciones civiles claramente identificadas durante el alegato de la Fiscalía en cuanto a sus complicidades como lo son el poder judicial, la usina ideológica que representó el diario de la familia Massot y la Iglesia Católica. También se deberá observar los tormentos sufridos por las víctimas en traslados entre cárceles.

“A lo largo del juicio hemos podido constatar la presencia y el acompañamiento en ese accionar represivo de manera brutal de algunos sectores que componían la vida social de Bahía Blanca, por ejemplo no ha resultado ajeno el Poder Judicial Federal en la persona de quien ejerciera la función de juez federal tal el dr. Guillermo F. Madueño, ya fallecido, pero que contó con la colaboración de quienes fueron secretarios del juzgado federal, tales la dra. Gloria Girotti y dr. Hugo Sierra”, escribieron los dres. Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava.

Agrega la sentencia que “no obstante que existen sobre ellos causas penales en trámite” el tribunal verificó “su actuación irregular en el ejercicio de sus funciones” y exhortó “a que los jueces federales de primera instancia impulsen y profundicen tales investigaciones judiciales”.

“De ahí, que fue ajustado a derecho, declarar abstracto el pedido de detención de la ex secretaria del juzgado federal de Bahía Blanca, dra. Gloria Girotti, solicitado por la Fiscalía Federal, en función que dicha petición se encuentra en trámite ante el Juzgado Federal N°1 de esta ciudad”.

Por otra parte, los jueces concluyen que “resulta prima facie comprometedor para la Iglesia Católica la intervención y presencia de unos de sus pastores, tal el padre Aldo Omar Vara en los centros clandestinos de detención y en los encuentros con las personas ahí detenidas en una especie de apoyo espiritual y que ninguno de los detenidos lo tomó en consideración y con seriedad”.

“De ahí entonces que este tribunal resolvió extraer testimonios de las actuaciones pertinentes respecto del accionar del sacerdote Aldo Omar Vara y remitirla al juzgado federal en turno” para que investigue la posible comisión de “delitos de acción pública”.

Finalmente abordan el gran pilar ideológico que significó la empresa periodística La Nueva Provincia y “sus informaciones relacionadas con el supuesto accionar subversivo pues presuntamente coadyuvó a esa lucha mediante una acción psicológica, reconocida por el propio general Vilas, propalando informaciones que no se ajustaban a la realidad de los casos”.

Por esto, el tribunal subrogante extrajo testimonios de las constancias documentales respecto de la publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y las remitió al juzgado federal para que “se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa, en oportunidad de brindar información respecto de supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos”.

Finalmente, otra de las puertas abiertas a la profundización de las investigaciones, giró en torno a “los tormentos a los que fueron sometidas las víctimas cuando se las trasladó a otras unidades penales desde la UP4 de Villa Floresta” enviando la documentación a las jurisdicciones de la justicia correspondientes a cada caso.

Aquí el extracto textual en torno al accionar de LA NUEVA PROVINCIA

 En torno a lo relacionado con el accionar de los directivos del diario local La Nueva Provincia, previo y durante el ejercicio de poder del autodenominado “proceso de reorganización nacional” a la luz de lo escuchado durante el presente juicio y conforme lo dispuesto por el art. 177, inc. 1 del CPMP, debemos reflexionar lo siguiente.

Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal.

La función esencial de la prensa es informar, emitir opiniones, siendo que tales expresiones pueden estar sujetas al debate o bien a una ulterior constatación; de ahí el lenguaje conjetural o hipotético que utiliza la prensa a fin de evitar responsabilidades ya que el valor que con ello se quiere proteger, es la libertad de expresión.

Los rasgos fundamentales de tal distracción son principalmente la inducción de culpa sobre la propia víctima, sus familiares y amigos; la persuasión al silencio de toda la población; y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano que es contrario al “estilo de vida argentino”.

No es ajena a esta operación la combinación de los métodos brutales del “centro de reunión de información” donde se cosificaba al preso político, con las sutilezas de la desinformación, siendo que en la conciencia social se va mostrando a ese opositor como un ser ajeno; extraño; loco; “extranjero”; contrario a la Nación y a su estilo de vida occidental y cristiano; razones todas que validaron al ejército “salvador” para la más despiadada forma de represión, que presupuso la negación de la condición humana.

Tales operaciones “de manual”, constituyen elementos fundamentales en la guerra de baja intensidad en sus distintas facetas: a) utilizar todas las formas de propaganda y manipulación de la conciencia social en la urgencia de ganar a la población civil; y b) crean, a su vez, aparatos de desinformación en el nivel de los medios masivos.

Desde ese punto de vista, no hay que restarle importancia al amplio margen de credibilidad de todo medio gráfico con protagonismo e influencia en el cuerpo social, cuyas opiniones, interpretaciones, e informaciones pueden abatir resistencias colectivas sociales, provocar intimidación colectiva e individual permanente, e influir de tal manera que las mismas se prolonguen en el tiempo hasta nuestros días.

Con el hábil manejo de información “indignante” (compuesta con sucesivas supuestas “oleadas de acciones terroristas” en las que se combinaron asesinatos, tortura y desapariciones, ajenas a la verdad), se ha logrado en distintos períodos paralizar el cuestionamiento por parte del cuerpo social a la violación del estado constitucional, plasmando una supuesta irreductible lucha que imbuía terror en la población, silenciándose así la perpetración de crímenes hasta ahora impunes.

La verdad se ve inexorablemente afectada al denigrar el sistema democrático de gobierno; ignorar la aparición de cadáveres en estado casi irreconocibles, por disparos de armas de fuego o tortura; desconocer tanto los centros clandestinos de detención como las desapariciones forzadas de personas; ni tan siquiera permitir a los familiares la publicación de avisos fúnebres de las víctimas generan una incertidumbre de manera tal que estos hechos permanezcan en la conciencia social como una advertencia de lo que le sucede a aquellos que se atreven a involucrarse en actividades opositoras.

Pero lo expuesto no basta a los ojos de este tribunal para señalar el alcance de la degradación que sufriera la verdad en la ciudad de Bahía Blanca, por eso corresponde que nos remitamos a la declaración indagatoria del Gral. Adel Edgardo Vilas, sobre la responsabilidad de los directivos del periódico “La Nueva Provincia” en el contexto de lo que estamos juzgando.

Todo lo publicado en torno de las concretas primicias propagadas sobre falsos “enfrentamientos con elementos subversivos”, como las comunicaciones del ejército con la población en general, respondieron a (ver “bando” del 24 de junio de 1976); “…necesidades operacionales psicológicas…”, acorde a lo prescripto en el “Reglamento RC-5-1 (reservado) Acción Sicológica” y era “La Nueva Provincia” el medio periodístico encargado de volcar tales falsedades a la población de Bahía Blanca.

En alusión a este diario, señaló Vilas que no solo se publicaban falacias, sino que el mismo era un “…valioso auxiliar de la conducción…”; es decir, el diario al margen de su función específica también, y aquí lo grave de su situación, cooperaba con el Ejército con tareas psicológicas en contra de la población. Esto es incomprensible en un medio periodístico que excede notoriamente la mera labor informativa. ¿Qué finalidad perseguían sus directivos con tal accionar?

La respuesta para este tribunal también se encuentra en la indagatoria de Vilas y en relación a los hechos267 que motivaron su accionar, narrado que como él no conocía Bahía Blanca (pues venía de una sanguinaria campaña en la provincia de Tucumán, donde adquirió fama de experto en “lucha contra la subversión”), se hace eco de las informaciones que publicaba “La Nueva Provincia” sobre “la subversión”, siendo que “…los datos consignados en el diario constituyeron un complemento a la Inteligencia…”, información rectora en para comenzar el accionar represivo en esta ciudad.

Y dentro de esa trama, también las manifestaciones de Vilas en derredor de que “…el logro de la adhesión de la población fue una finalidad perseguida durante su gestión, aspectos fundamentales en el ambiente operacional subversivo…”, como igualmente que “…la acción militar es siempre violenta y sangrienta, pero debe tener su justificación y el apoyo de operaciones sicológicas…”.

De los propios dichos del Gral. Vilas surge el objetivo: “…el ciudadano debe saber que las Fuerzas Armadas no molestan a quien cumple con la ley y es honesto, pero aplican todo su poder de combate contra los enemigos del país…”.

Resulta esclarecedor en este sentido, el interrogatorio sobre la falsedad del comunicado del 24 de junio de 1976, publicado por “La Nueva Provincia”, respondiendo concretamente Vilas que el mismo no se ajusta a la realidad, excepto lo de Mónica Moran. Pues bien, si todo o casi todo lo de ese comunicado no se ajusta a la verdad y respondía a necesidades operacionales de acción sicológica, entonces, ¿cuál es la verdad de todos los comunicados publicados por “La Nueva Provincia”?, pues dada la estrecha vinculación y confianza existente entre el Ejército y dicho diario, es impensable valorar que dicha empresa periodística no sopesara la falsedad de dichos comunicados y sus implicancias.

Pero la verdad objetiva no era funcional a cómo debía presentarse el conflicto, sino que se manipulan los hechos para abatir resistencias y conquistar la adhesión de la población “…que fue una finalidad perseguida durante su gestión…” al decir de Vilas y de ahí, el apoyo de los directivos de “La Nueva Provincia” a esas operaciones sicológicas.

Y es por todo ello, a la luz de lo revelado en este juicio, más las afirmaciones de Vilas, que la actuación de los directivos de “La Nueva Provincia”, por protagonismo; fluidos contactos; la confianza; trato directo, o “prima facie” complicidad, con las autoridades del 5º Cuerpo de Ejército, no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época.

Todo ello adquiere más relevancia, en torno de las concretas primicias propagadas sobre los comprobados en este juicio falsos “enfrentamientos con elementos subversivos”, siendo el señalado medio periodístico el encargado de volcar tales noticias a la población, de pública, íntima y notoria vinculación con el estrato militar de esa época, que gozaban de un amplio margen de credibilidad, conforme el medio que las divulgaba, en momentos en que existía en nuestro país una férrea censura sobre los medios de comunicación en violación grave al art. 32 CN., al transcribir comunicados oficiales del V Cuerpo de Ejército”, detallados perfectamente, que daban cuenta de aquellos supuestos “enfrentamientos armados”, encubriendo en la totalidad de las veces actos de naturaleza criminal, tal como se demostró en el debate.

Parte de esa guerra psicológica es ignorar la aparición de cadáveres en estado casi irreconocibles por disparos de armas de fuego, desconocer tanto los centros clandestinos de detención y las desapariciones forzadas de personas, de manera tal que estos hechos permanezcan en la conciencia social como una advertencia de lo que le sucede a aquellos que se atreven a involucrarse en actividades opositoras y en eso fue partícipe La Nueva Provincia con sus publicaciones sobre el tema en cuestión, con el modo y lenguaje de publicitarlos.

Ello, además, tratando de deslegitimar a las víctimas de las desapariciones.

En tal sentido y por lo expuesto, el Tribunal ha observado de manera objetiva la reciprocidad que excede, en mucho, el trato Fuerzas Armadas-Prensa a nivel funcional y pudiéndose desprender de tal evidente conexión entre los directivos de “La Nueva Provincia” y el 5° Cuerpo de

Ejército afinidad en la obtención y proporción de datos obtenidos por la prensa, sobre los casos en examen; su apoyo sicológico conforme lo expresara el General Vilas, como difundir comunicados en parte falsos; entendemos que corresponde, por aplicación del Art. 177, inc. 1º del CPP, remitir fotocopia de la documentación respectiva al Sr. Juez Federal en turno, respecto de la posible comisión de delitos de acción pública de directa relación con este juicio.

Dijo el Tribunal sobre el cura ALDO OMAR VARA

El Tribunal ha observado y ha tenido en cuenta ciertas declaraciones durante el debate en relación a la manera de actuar con respecto a ciertos secuestrados y/o detenidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, del sacerdote Aldo Omar Vara, motivo por el cual y por imperio del art. 177 inc. 1del CPMP, corresponde remitir fotocopias certificadas de dichos testimonios al Juzgado Federal de Primera Instancia que corresponda en turno de esta ciudad, a fin que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de dicho prelado.

En efecto, el día 2 de noviembre de 2011, en horas de la mañana, el Sr. José María Petersen —quien estuvo secuestrado en “La Escuelita” y detenido en el Comando en una celda del Batallón— relata los detalles de su cautiverio en “la Escuelita”; luego que fueron liberados en un costado del cementerio y en una especie de “parodia”, después de oír disparos, fueron rescatados por el Ejército y remitidos a una celda del batallón, reconocida en la inspección ocular (cfr. insp. 9 de agosto del 2011 y 17 de abril del 2012), lugar donde estaban detenidos, en algunas oportunidades vendados e interrogados de manera similar a cuando estuvo en el CCD, pero sin violencia.

En esa situación fue visitado periódicamente por el Padre Vara, quien les daba una especie de contención, apoyo anímico, cigarrillos, golosinas y cuando le relataban las torturas sufridas permanecía en silencio como justificando el hecho, según el declarante; añadió que eran grupos de paramilitares que actuaban por su cuenta y que los estaban buscando, pero sin darles explicación alguna.

En lo que hace a un hermano de los estudiantes secuestrados, el día 1 de noviembre de 2011, en horas de la tarde, el Sr. Guillermo A. Roth, refiere que entrevistaron al Padre Vara quien les refirió que desconocía lo que pudo haber sucedido y, en otra oportunidad, en la sede del Comando un grupo de padres fueron recibidos por dicho sacerdote y añade el testigo, coincidiendo con Petersen, que una vez allí a los estudiantes les ofrecieron cigarrillos, tortas, chocolate.

Otro de los secuestrados, el Sr. Gustavo López, el día 2 de noviembre de 2011, en horas de la tarde, fue conteste con los testimonios anteriores y agregó que el Padre Vara fue a verlo en dos oportunidades aunque no había pedido asistencia espiritual; en ese contexto, añadió que la primera vez que estuvo con ellos —en alusión a los chicos de la ENET— estaba muy serio, muy duro pero ya en la restante visita, coincidiendo con sus compañeros, expresó que les llevó cigarrillos y galletitas y les “dio algunos consejos”; agregó que les hizo varias preguntas aunque si bien no puede recordar esos diálogos, describe cómo iba vestido, con sotana, o con pantalón y tenía un cuello blanco de los sacerdotes.

La Sra. María Gallardo Lozano, el mismo día, madre del estudiante anterior, refiere que su hijo le pidió al Padre Vara, entre otros, que le avisara a sus familiares donde estaba pero que tal ruego, nunca llegó.

En su deposición, del día 28 de septiembre de 2011, en horas de la mañana, el testigo Daniel Fonti, quien fue convocado por el Ejército casi a fines de 1975, refiere que el Padre Vara tenía mucho contacto con la gente asignada a “La Escuelita”; otro de los estudiantes secuestrados, Gustavo F. Aragón, el día 22 de noviembre de 2011, en horas de la tarde, señaló y coincide con López en torno de las dos visitas que les efectuó el Padre Vara en el Batallón para llevarles la “palabra de Dios” y hacerlos rezar, lo cual le pareció irónico. Explica que dentro del Batallón todos vestían uniformes, salvo el Padre Vara.

En su testimonio, del día 22 de noviembre de 2011, por la tarde, Gustavo Fabián Aragón, sobre este tema reseña que fue alumno de tercer año de la ENET Nº1, sita en esta ciudad y tenía 16 años cuando el día 20 o 21 de diciembre de 1976, lo secuestraron hombres armados que se hallaban dentro de la vivienda y rodeando la manzana se lo llevaron con la cabeza cubierta. En su lugar de encierro a los ex alumnos secuestrados les hacían preguntas sobre un atentado en una agencia Ford.

Refiere, asimismo, que hubo personal eclesiástico en el Batallón y relata que en un par de oportunidades se presentó el Padre Vara a tratar de traerles la “palabra del Señor” y hacerlos rezar. Esto también es irónico.

En el caso de Patricia Chabat, en su declaración de fecha 23 de noviembre de 2011, por la mañana, relató que ni bien la pasan a la cárcel la fue a ver el Padre Vara, en una oficina adelante, y añade que lo conocía del secundario, empezó a criticar a sus padres y le aconsejó que tenía que olvidarse de todo lo que había ocurrido en “La Escuelita” pues todo era responsabilidad de sus padres, lo cual la indujo a pensar que Vara estaba al tanto de dónde había estado secuestrada.

Su madre, Dorys Elayne Lundquist de Chabat, explica que en razón del tratamiento homeopático que debía cumplir su hija, le lleva a través de un amigo —el Sr. Amerio— un bolso para dejarle esas cosas en el Comando, allí se encuentra con el Padre Vara quien le confirma que su hija estaba ahí y que como no podía dejar el bolso ahí, él, le refirió que se lo podía entregar, que no se preocupara, que las chicas eran respetadas, que estaban bien y que se alimentaban.

Pues bien, a esta altura del razonamiento y con este cuadro provisional probatorio, prima facie examinado y valorado se advierte una coincidencia en lo que hace al tiempo, lugar y circunstancias detalladas por aquellos testimonios que permiten presuntamente inferir la participación del Padre Vara en esas situaciones de ilegalidad en que se hallaban esas personas y nos habilita —apoyados en un principio de fundada sospecha— a tener por determinado a esta altura de los hechos y con el grado de probabilidad suficiente, la culpabilidad del sacerdote Aldo Omar Vara en dichos hechos; motivo por el cual y por imperio legal corresponde remitir al Juzgado Federal de Primera Instancia en turno de esta ciudad, fotocopias certificadas de dichos testimonios a fin que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de dicho sacerdote.

Dijo el tribunal sobre el ex director de la ENET 1 HÉCTOR EUSEBIO HERRERO

El Tribunal ha observado y ha tenido en cuenta ciertas declaraciones durante el debate en relación con la manera de actuar del Sr. ex Director de la ENET N° 1 de esta ciudad, Héctor Eusebio Herrero, como así también sobre su comportamiento en oportunidad de ser secuestrados alumnos de ese instituto educativo y un profesor de apellido Villalba.

Llama la atención, en primer lugar la motivación de esas detenciones y la imputación que se les enrostraba —nada menos que un atentado terrorista por personas que eran muy jóvenes— y de sus testimonios como de lo actuado no dimana siquiera una mínima probabilidad que estuvieran en cuestiones subversivas; en segundo lugar, sorprende que el Director en lo que atañe a todos ellos refiriera que “eran muy revoltosos” en el sentido que se les llamaba la atención por algo y no entraban en razón; en tercer lugar, no ignoraba —él mismo, da cuenta en su testimonio del día 1 de noviembre de 2011, en horas de la tarde—, que algunos de los alumnos de esa escuela expresaban que “los Payra, San Martín y Durán estaban entre los extremistas”, pero no acudió sin embargo al Juez Federal a tratar esa cuestión, muy delicada en esa época, dadas esas imputaciones graves y enterarse que se los llevaron. Debe destacarse que tales personas aún están desaparecidas; en cuarto lugar, se desprenden también supuestos vínculos con el Ejército dadas las varias veces que concurrió a ese ámbito, 4 o 5 oportunidades, y con quienes se entrevistaba, un Coronel y un Teniente Coronel, lo cual no era común en esa época ante esos oficiales superiores; en quinto lugar, dada su idoneidad y su responsabilidad funcional ante el secuestro de alumnos y de un profesor que estaban bajo su dirección en la ENET N° 1 es asombroso que no haya efectuado la denuncia ante el Juez Federal, luego de sus fracasos en el regimiento, como el mismo lo relató, lo cual suena muy raro; en sexto lugar, y ello es muy preocupante, que no se hubiera percatado en el estado en que se hallaban los alumnos secuestrados, ni hubiera tomado contacto con los padres de los mismos luego de su liberación; en séptimo lugar, que cuando el profesor Villalba, según Herrero, le dijo: “que tenía las muñecas lastimadas de estar colgado”, unido ello a que dicho profesor “no estaba en política”, según el mismo Director refiriera, ni así formuló la denuncia ante la justicia Federal o la autoridad policial, como Director de la ENET N° 1, sin embargo lo calificó como “bocón” o de hablar mucho y, por último, nos asombra que ninguno de los alumnos regresara a la ENET y su Director no se hubiera preocupado por tal situación irregular cuando algunos de esos alumnos cursaban 3°, 4° y 5° año.

Por otro lado, algunos como el caso de Aragón, ex alumno de 16 años en su declaración del día 22 de noviembre de 2011, a la tarde, refirió que el Director del establecimiento, Herrero, tuvo que ver con esos hechos y por eso dejó de estudiar; que nadie del colegio se comunicó con su familia; que no se considera un revoltoso y que el Director era “un hijo de puta” pues siempre tuvo que ver son esos hechos.

Por otro lado, el ex alumno Gustavo López señaló que en oportunidad de un interrogatorio le refirió a quien le interrogaba que no tenían nada que ver con esa imputación de la concesionaria y como respuesta recibió que “el Director no opina lo mismo, dice que ustedes son bastantes revoltosos”; o sea, la misma calificación que Herrero remarcó en su declaración testimonial y que el Tribunal valora como muy sospechoso; al regresar a su domicilio, sus padres le relatan que vieron al Director en el Batallón, lo cual concuerda con su testimonio.

Pues bien, a esta altura del razonamiento y con este cuadro provisional de prueba, prima facie examinado y valorado, se insinúa una coincidencia en lo que hace al tiempo, lugar y modo detallados por los testimonios que permiten presuntamente inferir una conducta suspicaz y dudosa del ex Director de la ENET N° 1, Sr. Herrero, en oportunidad del arbitrario accionar del Ejército al secuestrar a ciertos alumnos y al profesor Villalba, extremos que nos permiten inferir, apoyados en un principio de fundada sospecha y con el grado de probabilidad suficiente, la presunta intervención del Sr. Herrero en dichos hechos; motivo por el cual y por imperio legal corresponde remitir al Juzgado Federal de Primera Instancia en turno de esta ciudad, fotocopias certificadas de las constancias de estos hechos a fin que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte del ex Director de la ENET N° 1, Héctor Eusebio Herrero.

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