El primer desaparecido de Bahía

bombara(Por Diego Martínez – Página/12) El militante de la Juventud Universitaria Católica Daniel Bombara fue secuestrado a fines de 1975 y asesinado poco después por militares y policías. Su cuerpo fue identificado en 2011 por el equipo de Antropología Forense.

Los restos de Daniel Bombara, el primer desaparecido por el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, descansarán desde hoy en la parroquia de la Santa Cruz. Militante de la Juventud Universitaria Católica y luego de la Juventud Peronista, Bombara fue secuestrado a fines de 1975 y torturado hasta la muerte por militares y policías bajo el mando del general Jorge Olivera Róvere. Para encubrir el crimen trasladaron el cuerpo a 700 kilómetros, lo quemaron, e inventaron una fábula que difundió La Nueva Provincia, diario que la Justicia investiga por su “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra”, según el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses. En 2011, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Bombara en una tumba sin nombre de un cementerio de Merlo.

“Viví durante 12.953 días en estado de incertidumbre”, resumió entonces su hija Paula. “Lo iré desdesapareciendo con mi amor y el de mi mundo de afectos”, dijo. Por decisión de Paula y de Andrea Fasani, la esposa de Daniel, sus cenizas serán enterradas hoy en la iglesia de la Santa Cruz. El homenaje, que incluirá una misa del padre Carlos Saracini, es a las 19 horas en la parroquia de los pasionistas, en Urquiza y Estados Unidos.

Bombara estudió en el colegio Don Bosco y siguió el Profesorado de Psicología en el instituto Juan XXIII, de los salesianos. Presidió el Grupo Misionero Bahiense, militó en la Juventud Universitaria Peronista y en el frente barrial de la JP en Villa Nocito. En 1970, los servicios tomaron nota del militante de 19 años que al frente de una asamblea repudió a dos marinos que le sacaron el micrófono de las manos al sacerdote Duilio Biancucci mientras leía una carta de otro religioso para desmentir acusaciones de subversión y comunismo. Los estudiantes del Juan XXIII, en un comunicado que firmó Bombara, se solidarizaron con el cura y “con la doctrina social de la Iglesia, que sin fanatismos ni compromisos dudosos realiza, a pesar de ciertos opositores, su auténtico compromiso evangélico”.

La directora del diario bahiense, Diana Julio de Massot, ya pedía sin reparos “que alejen de las filas del clero a esos falsos profetas que difunden su nefasta prédica desde los propios seminarios, universidades, movimientos y grupos católicos”. Los grupos locales enfrentaban a La Nueva Provincia: “Se oponen sistemáticamente a toda manifestación en pro de la justicia social y emplean para ello todos los recursos, incluso aquellos que nos atrevemos a considerar inmorales”, advertían a fines de 1970.

Los años siguientes fueron para los jóvenes cristianos de intensa militancia e incluyeron atropellos policiales en casas parroquiales y allanamientos y atentados de grupos anticomunistas contra pensionados católicos. Después de la primavera camporista llegó la violencia política a gran escala, el pase a la clandestinidad de Montoneros y el aumento de la represión paraestatal. En Bahía Blanca se combinó con los crímenes de las patotas sindicales que respondían al diputado Rodolfo Ponce y luego al rumano Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur y columnista del diario de los Massot.

El 15 de diciembre de 1975, a diez cuadras del Cuerpo 5 de Ejército, Montoneros emboscó a una camioneta militar para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar que los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo. Dos semanas después, mientras todas las fuerzas patrullaban la ciudad, militantes de la JP salieron a los barrios a repartir volantes en los que reivindicaban la obtención de “las armas del ejército represor”.

A las 6.15, según el acta sin firmas que la policía bonaerense elevó a Olivera Róvere, “personal policial” detuvo “sin resistencia” a dos mujeres y a Bombara, que se trasladaba en su Aurorita roja. “Me suben a un patrullero y nos vendan, a mí con un pañuelo de seda que llevaba en la cabeza y que años después quemé”, recordó treinta años después Laura Manzo. El primer interrogatorio fue en la Unidad Regional 5 de policía. “Horas después nos sacan y nos llevan a un lugar apartado, abierto, sin casas, con mucha tierra. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda y vi el horizonte”, describió. “Me arrancan la campera y nos hacen desnudar, siempre vendados, y empiezan las torturas. Me atan al elástico de una cama con correas de cuero, de pies y manos, y nos pasan la picana por todo el cuerpo”, agregó. “Tipo seis o siete de la mañana nos tiran en la caja de una camioneta, siempre vendados. Yo dije ‘nos van a matar’, lo dije fuerte. Daniel se quejaba mucho del dolor. A Daniel le pegan mucho más por esas cuestiones machistas de los militares. Cuando nos reparten en comisarías lo escuchamos por última vez”, precisó Manzo a Página/12.

El 4 de enero de 1976, bajo el título “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, La Nueva Provincia publicó la historia inventada para encubrir el asesinato. En base a “fuentes autorizadas” y “voceros policiales” informó que el día anterior a la madrugada “un grupo armado interceptó” a una ambulancia que iba desde la cárcel hacia el Hospital Municipal. Los atacantes redujeron a los policías y “se apoderaron de un cadáver que era conducido en el vehículo”, publicó. “Pese al hermetismo oficial”, las fuentes amigas les dijeron que se llamaba Daniel Bombara y tenía 24 años.

La historia relatada en los sumarios policiales es tan inverosímil que hasta La Nueva Provincia evitó retomar el caso. El primer sumario, por “intento de fuga”, fue para justificar las “heridas” que derivarían en la muerte. Sostiene que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara abrió la puerta de un patrullero y se tiró al asfalto. Para justificar la falta de testigos apuntaron que “circulaban vehículos en distintas direcciones” pero “ninguno detuvo su marcha”. El segundo sumario es por el “atentado a la autoridad y daño” que produjeron los “12 a 15 NN desconocidos” que tirotearon a la ambulancia para robar un cadáver con el curioso objetivo de desaparecerlo.

El encubrimiento posterior estuvo a cargo del Poder Judicial. En apenas un mes el juez Guillermo Madueño desistió de buscar a los “desconocidos” ladrones de cadáveres y archivó la causa con el visto bueno de la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni. El 28 de abril el juez y su secretario Hugo Sierra fueron a la cárcel de Olmos a indagar sobre el caso Rojas-Papini a las dos mujeres secuestradas con Bombara. Manzo se sobrepuso al terror y denunció que había sido capturada “por personas de civil” y “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Agregó que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente” y que escuchó en cautiverio la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Madueño & Sierra, que tenían los nombres de los policías en las actas policiales y que ese año archivarían todas las causas por los fusilamientos que el Ejército y La Nueva Provincia informaban como “enfrentamientos”, hicieron oídos sordos a la denuncia de torturas. El ex secretario que hasta 2011 enseñó derecho penal en la UNS simuló ignorar el relato de las torturas pero no la declaración arrancada a fuerza de picana. En agosto de 1976, mientras el juez analizaba la situación de un militante de la JUP, Sierra le recordó que su nombre figuraba en una declaración “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes”, léase los asesinos de Bombara. Madueño murió en 2010 y pasó sus últimos diez meses preso. Sierra tiene procesamiento firme y será juzgado en los próximos meses.

No hubo noticias del paradero del cadáver de Bombara hasta junio de 2011, cuando el EAAF identificó sus restos en una tumba sin nombre del cementerio de Santa Mónica, en Libertad, partido de Merlo. Bombara ocupó la sepultura “ME-K-2-123” hasta noviembre de 2009, cuando lo exhumaron los antropólogos. De los registros del cementerio surge que el cuerpo “carbonizado y politraumatizado” apareció en “Ruta 1003 y Pereyra” el 5 de enero de 1976, al día siguiente de la fábula que publicó La Nueva Provincia, diario que el tribunal oral ordenó investigar como responsable de una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

“Viví durante 12.953 días en un estado de incertidumbre. No podía dar respuesta a una pregunta básica: ¿adónde está papá? Crecí con ese dolor y construí mi vida alrededor de incontables respuestas ficticias a esa pregunta. No es fácil crecer con un padre desaparecido. Crecí sin seguridades, sin calma, con miedo y dolor”, les explicó Paula a los jueces que luego condenaron por el asesinato de su padre a los coroneles Walter Bartolomé Tejada y Jorge Horacio Granada. “Papá me dejó poemas donde habla de un mundo lleno de paz y alegría, un mundo más justo. Siempre he tratado de sembrar eso en mi vida y entre quienes me rodean”, explicó Paula, escritora de literatura infantil que contó su historia en la novela El mar y la serpiente. “Lo tuve tres años, pero en ese tiempo supo transmitirme que el valor de la vida está en poder estrecharnos en un abrazo. Y nuestra sociedad será mejor cuando la impunidad se acabe y la justicia nos abrace a todos por igual”.

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One thought on “El primer desaparecido de Bahía

  1. Un caso emblemático, como fue el asesinato del militante católico Daniel Bombara, tal como lo presenta este detallado y denso informe de Diego Martínez, desnuda de manera implacable los mecanismos del terrorismo de Estado implementados en Bahía Blanca y su zona. El diario de la familia Massot al servicio de la masacre; un poder judicial totalmente ajeno al compromiso básico de velar por la verdad y la justicia; una jerarquía eclesiástica cómplice; una sociedad civil amordazada por el “no te metás” y autojustificando su claudicación con el “en algo andarían”: ¿quedan todavía dudas del carácter cívico-militar de la dictadura?

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