Rescatando al soldado Montezanti

El Consejo de la Magistratura archivó una denuncia contra el camarista bahiense Néstor Luis Montezanti por “mal desempeño”, “violación de los deberes de funcionario público” y por tener una “clara actitud antisindical”. El proceso comenzó en 2008 por parte de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y, además de recibir pruebas sobre la imputación laboral, contó con testimonios y documentación que muestran su compromiso con el terrorismo de Estado vinculado a la Triple A y como personal civil de inteligencia del Ejército. Sin embargo, no fueron tenidas en cuenta y el trámite prescribió.

Al titular de la UEJN, Julio Piumato, le pareció «una barbaridad» que incrementó «las represalias» contra las personas afectadas y pidió el desarchivó de la causa. Alberto Rodríguez -querellado años atrás por el juez espía- anticipó la medida «desde el primer día» por la composición del órgano judicial y el escaso interés encontrado al declarar frente al cuerpo. Y el legislador Juan Pedro Tunessi denunció que el rescate a Montezanti fue «una operación comandada por el diputado de Tres Arroyos Cuto Moreno» y que el oficialismo «decidió protegerlo». Otra denuncia está vigente.

De cajón en cajón

El 7 de marzo el trámite fue sencillo. Al momento de analizar el expediente 254/08, como puede leerse aquí, los consejeros se ampararon en leyes y reglamentos que establecen que «la decisión de abrir un procedimiento de remoción de magistrados» no puede superar los tres años desde la presentación de la denuncia. Cumplido el plazo sin tratamiento el expediente pasa al plenario «para su inmediata consideración». Eso debe ocurrir en los cuatro meses siguientes y, «sin posibilidad de postergación», tiene que resolverse la causa.

Como la denuncia fue presentada el 16 de julio de 2008, la mayoría del Consejo de la Magistratura votó por archivarla. Las quejas de las trabajadoras y los trabajadores de la justicia federal bahiense surgen de las condiciones laborales “humillantes y vejatorias” como la prolongación desmedida de la jornada laboral; resoluciones administrativas caracterizadas por la “arbitrariedad” y el “menosprecio” del juez; “trato despectivo y discriminatorio” a trabajadores de la Fiscalía y delegadas gremiales; “desequilibrios emocionales” y “reiterados abusos de autoridad” conspirando contra el ejercicio de la judicatura”; y “dilaciones administrativas y entorpecimientos en causas referidas a delitos de lesa humanidad”.

La sesión no contó con representación sindical porque una «maniobra pícara» la hizo coincidir con un acto «contra el ajuste y por una justicia democrática». “¿Qué nos vienen a hablar de democratización cuando hoy en el Plenario del Consejo de la Magistratura, presidido por el dr. Mario Fera, por cuestiones ‘formales’ se archivaron dos causas contra jueces violadores de los derechos humanos de los trabajadores judiciales denunciados por la UEJN y que fueron cajoneadas por tres años? Este es el caso del juez Carlos Rozanski de La Plata y del camarista de Bahía Blanca Néstor Montesanti (sic), quien además es investigado por haber pertenecido a la AAA como servicio de inteligencia de la dictadura militar. Esa es la Justicia que no queremos», dijo Piumato.

«No hubo voluntad»

«La causa contraMontezanti en el Consejo de la Magistratura acaba de ser archivada junto a la deOyarbide.Que dicen los Nac And Pop de Bahía?», twiteó el diputado nacional (UCR) Juan Pedro Tunessi al día siguiente. Agregó en FM De la Calle: «Es la consagración de la impunidad, pone en evidencia el doble discurso del kirchnerismo de manera dramática. Una operación comandada por el diputado de Tres Arroyos, Cuto Moreno, y seguida por los demás consejeros oficialistas hizo que se archivara la causa de este hombre que es una afrenta a la democracia y al poder judicial que siga siendo un alto magistrado. A Montezanti lo que han decidido es protegerlo».

Tunessi declaró ante el Consejo que el ex asesor de Adel Vilas «exhibía un diploma en la antesala de su despacho que lo identificaba como perteneciente a la Triple A y que estaba firmado por (el entonces jefe del V Cuerpo de Ejército) Suárez Mason». Lo mismo había dicho ante el juez correccional José Luis Ares en la querella que entabló el camarista contra Alberto Rodríguez.

Al ser consultado, este militante comunista que aseguró que «Montezanti fue partícipe con los grupos de la Triple A», dijo que la posibilidad del archivo «se venía desde el primer día, con los nombres que integran el Consejo era de lo más probable. No tuvimos ni viento a favor ni siquiera viento de cola en este tratamiento puesto que desde la oposición y de parte del oficialismo no hubo voluntad de llevarlo adelante».

Recordó que «ya cuando te ibas a presentar a declarar ante ellos te dabas cuenta que ni preguntas para hacer tenían, ni les interesaba hacerlas. La frialdad del recibimiento fue parte del proceso que tuvo esta causa que la corporación judicial mantiene intacta».

«El caso más conocido y donde más testigos lo vieron –relató Rodríguez- fue cuando el grupo que integraba la Triple A toma la UTN y saca a los compañeros de la JUP, la compañía brillante entre los matones era la de Montezanti quien junto a ellos provocaba a los alumnos para que entren a la universidad si se animaban. Fue la patota del 74, quiere decir que no era un señor gordo como ahora sino un militante todavía ferviente de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) y de los grupos que componía la gente de (el ex titular de la CGT, Rodolfo) Ponce».

Se los pido por Francisco

«Nunca pensé que el respeto a los derechos humanos estuviera supeditado a cuestiones formales», afirmó Julio Piumato en la sesión del 21 de marzo del Consejo de la Magistratura al pedir el desarchivo de la causa contra Montezanti.

Ante la conmoción que notó entre quienes integran el organismo por «la designación del cardenal Bergoglio como papa Francisco I» se esperanzó en que «la coherencia de las palabras con los hechos haga reflexionar a quienes votaron el archivo de las actuaciones».

«Nos parece una barbaridad que se disponga el archivo porque son flagrantes violaciones a los derechos humanos que siguen en curso de ejecución. (…) El acoso laboral es una forma de tortura, es tortura psicológica y tiene consecuencias físicas tremendas en los agentes. Desde la decisión, infundada a nuestro juicio, del archivo se ha agravado muchísimo la situación en Bahía Blanca y en La Plata».

Finalmente destacó el paso del cuestionado camarista por los servicios de inteligencia del Ejército, mencionó la investigación que la justicia federal desarrolla sobre «su participación o no en la Triple A» y acusó: «Ustedes están protegiendo a cómplices de la dictadura genocida».

¿Continuará…?

Más allá de la resolución que tenga el pedido de desarchivo, la discusión sobre la conducta de Montezanti y la conveniencia o no de su continuidad en los lujosos salones de Mitre 60 está garantizada. Como puede leerse en este documento, el consejero Hernán Ordiales -al 26 de febrero- tiene asignado el expediente «239/12 ‘Patrignani José Dante c/ Dr. Montezanti Néstor Luis (Int. Cám. Federal de Apel. Bahía Blanca)» del 30 de octubre de 2012. Ampliaremos.

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