Otra oportunidad para democratizar la justicia

monteTal como adelantáramos en Rescatando al soldado Montezanti, la posibilidad del juicio político contra el integrante de la Cámara de Apelaciones bahiense sigue vigente tras desarchivarse la denuncia de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el inicio de un nuevo expediente.

El gremio, que había exigido rever la prescripción de la causa, lo acusa desde 2008 por “mal desempeño”, “violación de los deberes de funcionario público” y por tener una “clara actitud antisindical”. El profesor Dante Patrignani agregó los mismos argumentos que motivaron su pedido de juicio académico en la Universidad del Sur: la actuación del camarista como personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por los vínculos del magistrado con la Alianza Anticomunista Argentina, repudió el archivo de la causa advirtiendo que el Consejo dio “un paso más en la construcción de impunidad que viene llevando a cabo el juez Oyarbide con sus infinitas maniobras dilatorias y de fragmentación de la causa Triple A con el evidente objetivo de impedir su juzgamiento como organización terrorista, amparada y sostenida por el Estado durante los años 1974/76”.

Mientras tanto, la Cámara Civil de Bahía Blanca falló a favor de Montezanti ordenando a la secretaria local de la UEJN el pago de una indemnización de 70 mil pesos por compararlo con el “mandamás de un campo de concentración”.

Ni juez ni docente

DanteSi bien Patrignani solicitó en octubre que Néstor Luis Montezanti sea separado de su cargo en la justicia federal en el expediente 254/2008  -como puede leerse aquí-, la presentación ingresó a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura con el número 239/12 y fue asignado al dr. Hernán Ordiales.

Los crímenes de la dictadura cívico militar, escribió el denunciante, “tuvieron obligatoria y necesariamente, complicidad de una amplia red organizada de ‘informantes’ que facilitaron el genocidio”. “Muchos de ellos fueron civiles y formaron parte de lo que se llamó Personal Civil de Inteligencia (PCI); sin hesitación se puede afirmar que tales individuos fueron partícipes necesarios en los delitos de lesa humanidad”, agregó y destacó el altísimo costo humano de la represión en el ámbito universitario.

En 2011 Patrignani impulsó en la Asamblea de la Universidad del Sur una resolución que restringía el acceso a la casa de altos estudios de quienes hayan integrado los planteles de PCI. Luego de su aprobación pidió el juicio académico contra Montezanti que se desempeña como docente en el Departamento de Derecho. Sus colegas del “derecho” lo bancaron rechazando la presentación.

Montezanti recurrió a la Cámara Federal que él mismo integra manifestando que le afectaban “derechos adquiridos” y sus pares ordenaron a la universidad no avanzar en el proceso de juzgamiento hasta no resolver la queja. “No sé si esta cautelar será más larga que la de Clarín, pero sospecho que pretenderá tomarse todo el tiempo del mundo y sacar una resolución en todo caso el día que Montezanti esté por jubilarse”, dijo Patrignani en FM De la Calle.

El 27 de marzo la Asamblea Universitaria rechazó la impugnación de la Resolución AU 17/11 y según el asambleísta de Lista Integración, “reafirmó su voluntad de hacer las declaraciones y tomar las resoluciones que se le antoje”.

Ahora el Consejo Superior debe responder un pedido de “recurso de alzada” ante la negativa de iniciar el juicio académico. Patrignani asegura que “más allá de la resolución de la Asamblea, el propio reglamento del juicio académico da lugar a que se inicie. Por las mismas razones que se le inicio a la (ex secretaria del juez genocida Guillermo Madueño) dra. Girotti: falta ética contra la comunidad universitaria”.

“Nunca debió haber sido designado”

montezzantiDesde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, luego de conocer el archivo de la causa, afirmaron -en este comunicado– que “el Consejo de la Magistratura en pleno ha dado un paso más en la construcción de impunidad que viene llevando a cabo el juez Oyarbide con sus infinitas maniobras dilatorias y de fragmentación de la causa Triple A con el evidente objetivo de impedir su juzgamiento como organización terrorista, amparada y sostenida por el Estado durante los años 1974/76”.

Agregaron que “durante cuarenta meses sabotearon los pedidos de memoria, verdad y justicia que sostuvieron los sobrevivientes del Terrorismo de Estado y los trabajadores judiciales agraviados una y otra vez, como un modo de continuar las conductas autoritarias de su juventud” y exigieron “la reapertura del caso Montesanti (sic) y su pronto desplazamiento de un cargo para el que nunca debió haber sido designado”.

Vocación democrática

monteComo puede leerse en este acta, Montezanti obtuvo el aval del Consejo de la Magistratura para ser designado como integrante de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca el 17 de julio de 2002. Tras concursarse el cargo los tres puntajes más altos correspondieron al ex asesor universitario de los servicios de inteligencia de la dictadura, a Nicolás María de la Cruz y a Domingo Esteban Montanaro.

Luego de analizarse impugnaciones y cuestionamientos presentados durante el trámite, el actual titular de bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, propuso al plenario del Consejo elevar al entonces presidente Eduardo Duhalde una terna que mantenía a Montezanti y Montanaro pero cambiaba a De la Cruz por Alcindo Álvarez Canale.  Este último fue hasta su jubilación un comprometido obstaculizador de las causas por crímenes de lesa humanidad al frente del Juzgado Federal Nº 1.

“El Plenario del Cuerpo ha evaluado la idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática de los postulantes convocados”, decían en el Consejo sobre el juez denunciado por sus supuestos vínculos con la Triple A y su reconocido servicio a la inteligencia terrorista, y, “en vista de los resultados obtenidos, concluye que la terna que debe remitirse al Poder Ejecutivo de la Nación se conforme de la manera en que ha sido propuesta por el Dr. Pichetto”.

Doble vara

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación escribió el 8 de abril que “La violación a los derechos humanos no caduca, la denuncia a Montezanti tampoco“. Allí la Comisión Directiva Nacional del gremio informa que el 12 de marzo la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó un fallo dictado a favor de Montezanti, “quien se sintió ofendido por un comunicado de prensa emitido por la UEJN y demandó a la secretaria general de nuestra organización en Bahía Blanca”.

“Nos sentimos profundamente afectados por la decisión de la Cámara Civil bahiense -que no se encuentra firme-, porque deja entrever la justicia de dos varas que continuamente denunciamos, una para los poderosos, otra para los más débiles”, agregaron respecto al fallo que condena a Graciela Diez Paz a indemnizar al espía con 70 mil pesos.

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3 thoughts on “Otra oportunidad para democratizar la justicia

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