Un juez que mira y no ve

Santiago MartinezEl dr. Santiago Ulpiano Martínez, subrogando el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, resolvió en el marco de la causa 158/12 “Diario La Nueva Provincia S/ Inv. Delitos de Lesa Humanidad” rechazar “por el momento” el pedido de indagatoria formulado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia contra Vicente Massot, director del diario naval, y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli.

Casi quince días después de la solicitud del Ministerio Público y acusando una “detenida lectura” de la documentación recibida, esquiva “formular una relación circunstanciada de la totalidad de hechos descriptos y elementos de convicción aportados” y descarta livianamente las imputaciones “sin perjuicio de lo que pudiere resultar del avance de la investigación”.

A Massot y Gabrielli, recuerda el juez, se les atribuye “haber formado parte del plan criminal implementado por las fuerzas armadas, participando de una asociación criminal, dentro de la cual efectuaron aportes esenciales con incidencia en la opinión pública” y “su participación como coautores en el homicidio de los obreros gráficos Heindrich (NdR: por Heinrich) y Loyola y su aporte para la concreción de secuestros, torturas y homicidios consistente en el ocultamiento de la verdad”.

Martínez no encuentra “elementos de convicción suficientes” que permitan la imputación penal porque “no hallo indicios con entidad” para sostener que La Nueva Provincia formó parte del plan criminal implementado por las fuerzas armadas. Ni siquiera advierte “la existencia de una campaña de acción psicológica generada o llevada a cabo en forma coordinada con las autoridades de facto”.

“Las publicaciones periodísticas efectuadas y su discordancia con la realidad posteriormente acreditada (luego de una ardua y compleja investigación), sumada a la evidente postura ideológica sostenida invariablemente en sus secciones editoriales o bien a partir de la terminología utilizada en las diversas notas analizadas no resultan suficientes como para achacar responsabilidad penal en la comisión de delitos comunes conceptualizados como de lesa humanidad“, chicaneó el subrogante.

Tampoco “sospecha” de la publicación de fotografías de personas que “habrían estado ‘detenidas’ en centros clandestinos” porque entiende que aunque hayan sido entregadas por milicos “no revela conocimiento de los hechos”.

Rechaza también las arengas de la famiglia Massot para que las fuerzas armadas abandonen la clandestinidad y fusilen a sus víctimas dado que, nuevamente: “ello de por sí no autoriza a sostener conocimiento de la mecánica relacionada con la desaparición forzada de personas y demás ilícitos perpetrados por las fuerzas armadas”.

Uno de los avisos que publicaba LNP.

Uno de los avisos que publicaba LNP.

“No se desprende de lo actuado que los secuestros, torturas y otros aberrantes delitos cometidos por entonces hayan sido fomentados por los imputados y, en mi opinión tampoco ha quedado mínimamente acreditada la sostenida relación causal entre las mentadas publicaciones y el genocidio perpetrado”, agrega Martínez.

Los “indicios” tampoco le permiten ver que Massot y Gabrielli hayan “ordenado”, “instigado”, “incitado”, “ayudado”, “encubierto” o “concretado” materialmente el genocidio.

En cuanto a la vinculación de los acusados con los homicidios de los dirigentes sindicales Enrique Heinrich -y no “Heindrich” como insiste en llamarlo el juez- y Miguel Ángel Loyola meritúa “que tanto las contingencias relacionadas con el conflicto gremial existente con anterioridad al golpe de Estado, la escueta forma de publicar la noticia, metodología empleada para el crimen, la aludida y pública postura ideológica del medio y relación mantenida con el poder político de facto, resultan insuficientes como para habilitar la instancia penal respecto de los sospechados”.

Apoyándose en jurisprudencia que así lo exige, pone en duda que las autoridades de La Nueva Provincia hayan tenido conocimiento de “quien es o será el perpetrador o actor principal del crimen respectivo y de la naturaleza de este”.

En las próximas horas llegarán a la ciudad autoridades de la Procuración General de la Nación para sentar la postura institucional sobre la causa y el rechazo a las detenciones de Massot y Gabrielli serán apeladas ante la Cámara Federal de Bahía Blanca que aún cobija al Personal Civil de Inteligencia Néstor Luis Montezanti.

El juez Martínez junto al fiscal general y miembro de Justicia Legítima Alejandro Cantaro, el secretario general del Consejo Superior Universitario UNS Diego Duprat, el camarista Pablo Candisano Mera y el abogado Leandro Furlong. Foto: Facebook.

El juez Martínez junto al fiscal general y miembro de Justicia Legítima Alejandro Cantaro, el secretario general del Consejo Superior Universitario UNS Diego Duprat, el camarista Pablo Candisano Mera y Leandro Furlong. Foto: Facebook.

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6 thoughts on “Un juez que mira y no ve

  1. ¿Quién lleva el “Gatopardo” de Giusepe Lampeduza bajo el poncho??? sí, es tan evidente, pero sin embargo he escuchado defensores en nuestras filas de q nada había “bajo el poncho”, y ahí está y están…Ni el perro pudo…estamos mal, por eso Ulpiano, al mejor estilo romano, como Poncio, “se lavó las manos…”

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  2. Por último, me recuerdan a Nacha Guevara, por los 70, claro, cuando cantando, preguntaba incisiva: Señor Ministro…. ¿de qué se rie?, ¿de qué se rie?. Les cabe a estos emponchados.

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  3. ¿No fue que el Juez Cotter o el Juez Planes, se retiraron de la fiesta de casamiento de uno de los fotografiados, porque había invitado a Astiz?. Esta foto es increíble.

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