La Nueva Provincia y Ruanda

9788434_orig“La prédica constante de La Nueva Provincia, que llega hasta nuestros días, exigiendo en su momento que se actuara sin contemplaciones al punto de calificar de ‘cagones’ a los mayores asesinos que tuvo este país durante el siglo XX y quizás en toda su historia, indica que no eran meras opiniones o trabajo periodístico sino que asumió el rol criminal que venimos describiendo con un compromiso difícil de empardar. Dirigió y controló la propaganda, interviniendo de manera macro pero también en el último tramo de los homicidios, torturas y desapariciones; sea en la modalidad del silencio o en la de presentar los hechos de manera falsa”.

La frase fue escrita por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia en el apartado que desarrolla los precedentes jurídicos internacionales en el pedido de detención e indagatoria contra Vicente Massot y Mario Gabrielli por sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad desde el “núcleo decisional” del diario naval bahiense.

Un antecedente es la condena de Julius Streicher, propietario del periódico alemán “Der Sturmer” (“El atacante”) por su labor de propaganda del régimen nazi. “Durante el juicio, la acusación y la sentencia, utilizaron las páginas de sus publicaciones descartando el argumento defensivo de que lo publicado podían ser sólo meras opiniones antisemitas”, recordaron desde la Unidad Fiscal.

El otro surge del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que juzgó y condenó al propietario del periódico Kangura, Hassa Ngeze, y en esta nota es comentado y analizado por el dr. Eduardo Aguirre, especialista en derecho penal y editor del blog Derecho a Réplica.

Entre el 6 de abril y el 17 de julio de 1994, en sólo cien días, se desarrolló el genocidio de Ruanda que tuvo a miles de ataques sexuales como “característica distintiva” y entre 500 mil y un millón de tutsis masacrados con la complicidad de medios de comunicación y el silencio de las potencias mundiales.

Dr. Eduardo Aguirre.

Dr. Eduardo Aguirre.

“El genocidio de Ruanda es un supuesto muy puntual de construcción de lo que se denomina sociológicamente una otredad negativa. Es decir, encontrar en el otro, en el diferente, en el distinto, una suerte de vórtice capaz de resumir todos los males de una determinada sociedad que termina siendo luego la perpetradora de este tipo de masacre y produce fenómenos que son destinados a lo que normalmente conocemos como el negacionismo posterior a las prácticas sociales genocidas”, dijo Aguirre en FM De la Calle.

En Ruanda la revista Kangura y la Radio Televisión Libre  de las Mil Colinas “tuvieron una prédica capaz de instalar la idea de una otredad negativa y también una suerte de penetración cultural sostenida y orgánica destinada a acentuar los rasgos de persecución de estos grupos sociales victimizados”.

“Luego, esto es lógico, tratar de legitimarlos, justificarlos o de alguna manera invisibilizarlos. Estos tres hechos en criminología son denominados ‘técnicas de neutralización’. Son prácticas que hacen en general muchos delincuentes, minimizar el hecho cometido, suponer que no cometieron delitos, decir que la culpa la tiene el juez o el fiscal que los persigue, realizar en definitiva este negacionismo de la práctica genocida”, agregó el abogado.

Aguirre publicó en esta nota de su blog un resumen de su segunda tesis doctoral que hace un año defendió en la Universidad de Sevilla donde aborda el tema del genocidio y los delitos de lesa humanidad y dedica un apartado a lo sucedido en Ruanda.

El fiscal Palazzani manifestó que los medios ruandeses “funcionaron con una construcción más metafórica y más delicada que la que ha hecho LNP en todos estos años”. En ese sentido, Aguirre explicó que en Ruanda había diferencias “retóricas” que implicaban una “mayor o menor sutileza” y ejemplificó: “Desde el punto de vista metafórico recuerdo algunas manifestaciones tales como que ‘tenemos que seguir talando árboles’ o ‘tenemos que matar cucarachas’. Dos frases por demás elocuentes”.

-¿Se lo interpreta como acción psicológica?

Se lo interpreta como acción psicológica pero también como una clara instigación sin la cual probablemente el genocidio no se hubiera podido concretar en Ruanda. Y sucede en un contexto internacional donde las grandes potencias e inclusive la potencia colonial realmente se habían corrido de la escena, había una ausencia de esos estados y de la propia comunidad internacional.

Cien días donde mueren cientos de miles de personas pasaron absolutamente invisibilizados porque hubo una prédica tendiente a la invisibilización y naturalización del conflicto, de la prédica y de la práctica. Pero el rol fue muy importante y justamente fueron por eso las consecuencias que hubo desde el punto de vista criminal.

-¿Cómo era el impacto y alcance de los medios juzgados en la población?

Hay que contextualizarlo y hay que historizarlo. Se trata de un país africano, con variables sociales muy extremas, obviamente con un alcance a la tecnología muy limitado. Por eso es que una radio y un periódico adquieren semejante nivel de influencia, porque prácticamente tenían también el monopolio de la información.

-¿Cuál fue la acusación puntual?

Es una acusación que parte de la base de que sin la prédica de este tipo de medios de comunicación y de estos editores el genocidio probablemente no se hubiera perpetrado o al menos no se hubiera producido un proceso de naturalización o de neutralización que implica, en definitiva, un negacionismo de las características que tuvo.

En este caso concreto la prensa tuvo un rol que tendremos que discutir después si se trata o se trató de una participación necesaria, de algún otro nivel de complicidad, de una instigación, etcétera. Pero desde el punto de vista cultural y de la potencia que tenían estos medios de comunicación en ese contexto y en ese momento histórico es indudable que se acercaban a algo que no tiene nada que ver con la libertad de expresión y que por supuesto son absolutamente reprochables por el derecho.

-¿Fue la libertad de expresión argumento de la defensa de los medios en el proceso judicial?

De ninguna manera se pensó que eso podía ser defensa de la libertad de expresión. La incitación a la comisión de un proceso de aniquilamiento de centenares de miles de personas que se acredita en lo que tiene que ver con la participación de estos sectores, de ninguna manera puede ser tomado como un ejercicio de un derecho porque lo que se está incitando es al mayor crimen que reconoce el ordenamiento jurídico internacional.

-¿Este caso y el de Núremberg son los únicos antecedentes de la participación de medios en genocidios?

Son los únicos casos de participación judicializados o criminalizados. A mí no me quedan dudas, de ninguna manera, de que en otros casos de genocidios incluso sectores de la gran prensa internacional -sobre todo occidental- tuvieron una responsabilidad enorme para presentar verdaderos genocidios como luchas intestinas o como procesos de liberación o como la primavera de determinados países contemporáneamente en el oriente y medio oriente, una primavera supuestamente democrática.

-¿Cómo analiza en el caso argentino la relación entre los medios y los genocidas?

Creo que hay distintos niveles de complicidad, distintos niveles de vinculación y de incidencia pero hay bibliografía que da cuenta de que hasta revistas infantiles estaban involucradas en una prédica tendiente a convalidar y legitimar el golpe de Estado y el genocidio posterior. En este momento tengo en la memoria la revista Billiken que está mencionada por investigadores prestigiosos que han trabajado en ese tema. Había un grado de tendenciosidad en la exhibición de los conflictos sociales que no era de ninguna manera casual y que tenían una potencia para soslayar un proceso de aniquilamiento de miles de ciudadanos.

-¿Qué recepción puede tener la jurisprudencia del caso de Ruanda en las causas de nuestro país?

En rigor esto va a depender de una toma de posición frente al conflicto que tengan los actores judiciales en un momento muy particular de la justicia argentina. El poder judicial en todo el país es el menos democrático de los poderes y estamos en un contexto donde se está tendiendo precisamente a obtener estándares de democratización compatibles con una justicia de un estado constitucional de derecho.

Pero también es cierto que algunas crónicas de las décadas del ’80 y del ’90 daban cuenta que doce años después de haberse arribado a la democracia en 1983 muchos ex funcionarios, jueces, fiscales de la dictadura seguían en sus cargos. Y si no siguen hoy en muchos casos es por una cuestión biológica o porque se han acogido a beneficios jubilatorios pero también siguen existiendo y esas perspectivas ideológicas influyen a la hora de la toma de decisión.

Dijo el Tribunal para Ruanda

Vicente Massot.

Vicente Massot.

Volviendo a la presentación de Palazzani y Nebbia donde se solicitó la detención e indagatoria del dueño y director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli leemos que el Tribunal Internacional para Ruanda (TIPR) destacó “la vital importancia del rol de los medios de comunicación ‘en razón de su poder para crear y destruir valores humanos fundamentales'” y que “los que controlan los medios deben responder por sus consecuencias”.

En relación al derecho de libertad de expresión concluyó: “La incitación a la violencia, las amenazas, los libelos, los falsos anuncios, etcétera, no pueden considerarse amparados por la libertad de expresión ya que en el derecho internacional este principio no es incompatible con la prohibición de la discriminación y de los discursos del odio”.

“Tanto el TIPR como la Corte Europea de Derechos Humanos consideran que los editores (cuanto más los dueños, entonces, decimos nosotros) son considerados responsables por los medios de comunicación que controlan, correspondiendo tomar en cuenta para determinar el alcance de esta responsabilidad ‘lo’ que se comunica, el lenguaje utilizado y el contexto en que se emite; y todo, para evaluar el impacto que pudiere tener en sus destinatarios”, dijeron al juez Ulpiano Martínez los representantes del Ministerio Público.

La sentencia en cuestión abordó “la figura de ‘asociación’ para cometer genocidio y sostuvo que el acuerdo podía ser inferido de la acción coordinada de un grupo de individuos y no necesariamente debía mediar un acuerdo formal o expreso. El acuerdo tácito era suficiente. La coordinación era inferida, también, del contexto general”.

También enumeró, entre otras conclusiones, que el empresario mediático promovía una agenda común con otros medios para fijar un “blanco poblacional para su destrucción”; que los hechos se incluían en la figura de persecución política y que fueron concretados “en el marco de un ataque generalizado y sistemático”.

Desde allí, Palazzani y Nebbia concluyeron:

Las claras identidades de los roles desplegados por los medios de comunicación en ambos supuestos (nuestro país y Ruanda) no pueden ser puestas en duda. La otredad negativa construida por los medios intervinientes en cada caso fue fundamentalmente racista en Ruanda, e ideológica en Argentina, más allá de la caracterización negativa arbitraria y mendaz que se hiciera de las víctimas, en nuestro caso por LNP.

Recordemos algunos títulos en Ruanda: “Hay que derribar más  árboles, aún no hemos derribado suficientes” o “las cucarachas deben morir.” Si los comparamos con los de LNP, nos encontramos con que, incluso, son sensiblemente menos castrenses.

Las similitudes con lo ocurrido en Bahía Blanca son claras: lo que se ha denominado “auto-genocidio” (alude a que tanto víctimas como victimarios son del país) y el protagonismo preponderante de medios de difusión.                        

Todas, absolutamente todas, las consideraciones efectuadas en los párrafos anteriores, son pertinentes de atribuir, adjudicar y asignar al caso que estamos analizando. Incluso, existen notas de mayor virulencia y violencia en el caso que nos ocupa.

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