El Plenario del Consejo de la Magistratura sancionó disciplinariamente a Gustavo Andrés Duprat, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, por haber actuado en la causa que investiga los crímenes del V Cuerpo en la que se había excusado.
Con el voto de ocho de los trece consejeros se logró la cantidad necesaria para sancionar al magistrado y aprobar así el dictamen 54/13 elaborado por el presidente del organismo, el juez Mario Fera, y aprobado la semana pasada por la comisión de disciplina y acusación.
La medida adoptada por el cuerpo dispone aplicarle a Duprat una sanción del 30 % del sueldo por única vez. Entre los votos negativos hacia la sanción se encontraban los de los jueces Ricardo Recondo (juez civil y comercial federal) y Alejandro Sánchez Freytes (juez federal de Córdoba). La sanción puede ser apelada solo ante la Corte Suprema en los próximos cinco días de su notificación.
En principio, según informó Gustavo Ahumada en Infojus, la propuesta de Fera era de una sanción del 20 por ciento del sueldo del juez. El consejero diputado, Carlo Moreno, explicó que debía aplicarse una sanción del orden del 50 por ciento del sueldo. Tras dialogar en medio del consejo los números fueron bajando. Fera dijo 20, Moreno 50, y Fera culminó: “en 30 quedamos”. Todos los consejeros se rieron y, tras el gag, aprobaron el dictamen.
La decisión del Consejo de la Magistratura de sancionar a Duprat se enmarca en la actuación del magistrado en la causa V Cuerpo del Ejército, donde se investigaron delitos de lesa humanidad de 90 víctimas. El sancionado se excusó de participar en esta causa en 2009 argumentando “parcialidad” por presunta amistad con una de las víctimas. Sin embargo, en 2011, a pesar de estar excusado, intervino en la causa. En la feria judicial de enero en 2011 Duprat quedó como juez de feria del tribunal y resolvió un pedido de revocación de excarcelaciones de ocho imputados realizados por el fiscal de la causa, Abel Córdoba.
El juez resolvió no “abrir la feria” y rechazó los pedidos para anular las excarcelaciones puesto que no encontraba elementos “ni subjetivos ni objetivos” para que los represores estén en prisión. Ocho de los acusados que luego fueron condenados llegaron al juicio en libertad. El Ministerio Público Fiscal lo denunció en marzo del 2011 ante el Consejo de la Magistratura que ahora decidió sancionarlo.
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