Frenemos la vuelta de los dos demonios

Contra la vuelta de la “Teoría de los Dos Demonios” de la mano del proyecto de indemnización por los hechos ocurridos en Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa de 1975, que equipara el terrorismo de Estado con las luchas populares por la democracia verdadera y la liberación nacional; los que son, por su naturaleza, incomparables ética, política y jurídicamente.

Impidamos la sanción por el Senado Nacional del respectivo proyecto de ley que se tratará el 31 de julio. Aquí puede verse cómo votaron lxs diputadxs. Declaración de organismos de Derechos Humanos

El 28 de noviembre de 2012, con 135 votos a favor y apenas 18 en contra, la Cámara Baja aprobó y dispuso girar al Senado un proyecto de ley presentado por diputados radicales y peronistas de Formosa que pretende indemnizar a víctimas del ataque que la Organización Montoneros realizó al Regimiento de Infantería de Monte 29, en los suburbios de la ciudad de Formosa en 1975; los cuales, como corresponde legalmente ya recibieron en su momento la indemnización establecida para los funcionarios publicos fallecidos en actividad.
El proyecto sancionado implica un retroceso significativo en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, contrario al espiritu de nuestra lucha y emparentado con la sanción de los decretos 156 y 157 del gobierno alfonsinista que establecieron el juzgamiento penal a los responsables de las organizaciones político militares y a los jefes de las Juntas que integraron los sucesivos gobiernos dictatoriales genocidas. Ese fue el inicio de un esquema oficial tendiente a circunscribir la cuestión de las violaciones sistemáticas de derechos humanos a los militares, exceptuando cómplices e instigadores civiles, religiosos y de toda índole comprometidos con el plan político, cultural y económico del terrorismo de Estado. Para ello se legitimó la “teoría de los dos demonios”, institucionalizado en el prólogo que Ernesto Sábato diera al informe “Nunca Más” de la CONADEP.
La inmensa conquista popular que significó la anulación en 2003 de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad permitió hacer valer una prolongada normativa y jurisprudencia supranacional, constitucional y local que estableció la imposibilidad de equiparar en cuanto a consecuencias y calificación la acción represiva y terrorista del Estado con los actos de particulares. La aprobación de este proyecto contrario a los valores de Memoria, Verdad y Justicia se inscribiría entonces en el marco de un revanchismo de los sectores de derecha que pretenden desoír y borrar los importantes avances logrados con el juicio y castigo a algunos de los responsables del genocidio de los últimos años; revanchismo derechista que es aceptado por sectores “oficialistas” y “opositores” en aras de una supuesta equidistancia de “la violencia”; en una concesión que nos hace retroceder décadas en los debates latinoamericanos.
Ante la nueva puesta en marcha de la construcción del olvido, conviene recordar que el derecho a la rebelión popular es acaso el primero de los derechos de los pueblos consagrados en el mismo prologo de la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de 1948, cuando dice “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La propia Iglesia de Roma, conmovida por las tensiones desatadas por la Revolución Cubana y las luchas populares de la región, afirma en 1965 en el documento final del Concilio Vaticano II: “la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es la llamada violencia estructural, la injusticia de las estructuras sociales, sancionada por un orden legal injusto y orden cultural ideologizado, que como tales constituyen la institucionalización de la injusticia”. O como escribió en el 2006, el Dr. Eduardo Luis Duhalde -entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación-: “es inaceptable pretender justificar el Terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables”.
Por todo ello, llamamos a todo el movimiento de DDHH, las fuerzas populares, progresistas y democráticas de nuestra sociedad a evitar que el Senado convierta en ley el proyecto en cuestión.

Para adherir escribir a prensadelaligaporlosddhh@gmail.com

Primeras firmas:

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
COMISION POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE CAMPO DE MAYO
HERMAN@S DE DESAPARECIDOS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
ASOCIACION EX DETENIDOS DESAPARECIDOS
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS – FUBA

PABLO LLONTO, periodista y abogado en causas por delitos de lesa humanidad
INES ISAGUIRRE, sociologa, miembro de la presidencia de la APDH nacional
CARLOS PETRONI, Querellante Causa Triple A
MESA DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN CONTRA LA TRIPLE A
SILVIA BARANTES
MAREA POPULAR-MOVIMIENTO POR EL CAMBIO SOCIAL
LA MELLA- PRESIDENCIA FUBA
MARIA CASALINS…TRABAJADORA DEL IEM Y DEL COLECTIVO DAR ABASTO
HERMAN SCHILLER, PERIODISTA”LEÑA AL FUEGO” Y “AGUANTANDO DE PIE”.
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES. CARLOS PONCE DE LEON Y ESTELA PEREYRA
NATALIA GARCIA, MIEMBRO INTEGRANTE DE LA MURGA OKUPANDO LEVITAS MILITANTE DEL ESPACIO JUICIO Y CASTIGO ROSARIO DOCENTE Y VOLUNTARIA DEL MUSEO DE LA MEMORIA DE ROSARIO SOBRINA DE EDUARDO BRACACCINI, MILITANTE POPULAR ASESINADO POR LA PATOTA DE FECED EL 25 DE JULIO DE 1977
RODOLFO DE LA PUENTE

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