Otro éxito de la impunidad biológica

villegasLos jueces Triputti, Ferro y Bava apartaron del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército al represor Miguel Ángel Villegas. Por razones de salud ordenaron su inmediata libertad. Imputado por su actuación como “fiscal” del Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51 con sede en Bahía Blanca, cumplía prisión preventiva en su domicilio del piso 11 de Amenábar 4198 de la Capital Federal y participaba del debate por videoconferencia.

La medida anunciada en la breve audiencia de este miércoles sorprendió a la Fiscalía porque el tribunal no le corrió vista -como suele hacer en decisiones mucho menos trascendentes- y será recurrida en Casación. El criminal recibirá controles trimestrales de su “estado de salud psicofísica” a cargo del Cuerpo Médico Forense y quedó bajo guarda de su esposa Ana María Gloria Lamberti.

Con esta baja son siete los genocidas en juicio. No pudieron comenzar a ser juzgados el guardia del centro clandestino de detención y torturas La Escuelita Armando “Pato” Barrera -excluido también por junta médica- ni Carlos Alberto Arroyo, integrante del grupo de tareas de la Compañía Comando y Servicios del V Cuerpo de Ejército, que se mantiene prófugo desde el 6 de mayo.

Hoy todos los acusados se negaron a declarar y uno no volvió a la clínica privada donde estaba internado porque el tribunal lo mandó al penal Marcos Paz. Continúan las audiencias el martes y miércoles de la semana próxima.

Con una hora de retraso motivada por los problemas de un secretario para llegar al penal de Ezeiza, enlazado por videoconferencia con la sala de Colón 80, se reanudó el debate luego de la feria judicial.

Tras informar sobre el desistimiento de algunos testigos por parte de la Fiscalía y la querella, el juez José Mario Triputti abrió el debate y recibió un pedido de la defensa que pretendía incorporar como prueba una foto enviada por el Servicio Histórico del Estado Mayor del Ejército para mejorar la situación procesal del ex subjefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, Alejandro Osvaldo Marjanov.

Con la imagen pretendía contrarrestar el testimonio del ex alumno de la ENET 1 y sobreviviente de La Escuelita, Gustavo López, que mencionó al imputado en el lugar de los hechos que padeció durante la audiencia del 2 de noviembre de 2012 del primer juicio. El testigo declaró que militares que participaron de su secuestro y cautiverio tenían una chapa con su nombre sobre el uniforme. El fiscal Miguel Palazzani y la querellante Mónica Fernández Avello rechazaron el planteo que deberá analizar el tribunal.

Silencio

Llegó el turno de las declaraciones indagatorias, derecho que ninguno de los represores decidió ejercer en ese momento, limitándose a brindar sus datos personales.

Ricardo Claudio Gandolfo, ex jefe de sección de la Compañía A del Batallón de Comunicaciones 181, fue el primero y dijo tener una industria alimenticia. Le siguió el ingeniero Héctor Fidalgo, otro integrante del Consejo de Guerra, que trabajó los últimos 16 años en una empresa constructora.

Empleado de comercio jubilado es el ex guardia de La Escuelita Felipe “Chamamé” Ayala quien recordó al ser consultado por sus antecedentes, una detención entre 1976 y 1977 en un cuartel militar y luego en el penal de Magdalena. Subió después al escenario del aula magna del rectorado de la Universidad del Sur su colega Bernardo Artemio Cabezón y se identificó como guía de montaña.

Jefe de los últimos dos era Fernando Antonio Videla, un represor de manual que se desempeñó 17 años en Editorial Estrada tras su paso por Kapeluz. También tuvo un taller de bicicletería luego de los tres años que vivió en el ejército hasta que fue “destituido y dado de baja”. Su prontuario incluye el cumplimiento de una condena que recibió en 1977 que le permitió decir que hoy no tiene deudas con la justicia. ¿Por qué se lo condenó?, preguntó el juez Jorge Ferro. “Una tentativa de homicidio”, replicó Videla.

Cerraron el trámite los ex subjefes del Batallón 181. El coronel retirado e ingeniero militar con especialidad electrónica Carlos Andrés Stricker contó que en sus días de libertad fue síndico suplente y titular y consejero suplente de una empresa aseguradora cooperativa y luego gerente general de “una empresa de otro grupo cooperativo”. Marjanov fue aún más escueto y se limitó a mencionar su condición de coronel retirado.

Gandolfo a la cárcel

gandolfoDías después de una ridícula fuga protagonizada por dos genocidas recientemente condenados en San Juan con el apoyo de una amplia red de complicidades, el tribunal bahiense decidió revocar el permiso para la internación en una clínica privada del imputado Gandolfo y enviarlo al penal de Marcos Paz.

En base a un informe del Servicio Penitenciario Federal los magistrados entendieron que el represor puede ser atendido en la unidad penitenciaria y que “nada justifica su permanencia en el sanatorio privado donde está internado”. Su defensa adujo que su tratamiento necesita un dispositivo que se coloca con conocimientos especiales que no existen en Marcos Paz e hizo las reservas judiciales para cuestionar la decisión.

Mientras tanto, Gandolfo al terminar la sesión debió ser trasladado por personal penitenciario “de manera directa e inmediata” desde el complejo de Ezeiza, sede de la videoconferencia, hasta Marcos Paz donde recibirá las “medidas necesarias para la atención y asistencia”.

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