Montezanti: la gorra contraataca

El agente civil de inteligencia de la dictadura genocida, docente de Derecho de la UNS y camarista federal bahiense Néstor Luis Montezanti demandó a su denunciante Dante Patrignani para que el asambleísta universitario cese «la campaña de deshonra e invasión a mi persona y a mi vida privada que, con entusiasmo digno de un redivivo cruzado, rojo y laico -como cuadra a los tiempos- viene llevando en mi contra particularmente en la prensa y en los ámbitos de la Universidad Nacional del Sur».

Representado por Mariano Segre, el espía recurrió a la justicia civil en el marco de una serie de acciones que desarrollan sectores democráticos de la casa de altos estudios para denunciar y expulsar cómplices del terrorismo de Estado entre los que se destacan, además de Montezanti, Gloria Girotti y -hasta su jubilación- Hugo Mario Sierra, ex secretarixs del juez Guillermo Madueño, muerto antes de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

El caso del camarista aún da vueltas en el Consejo de la Magistratura -que intentó archivarlo– y, al igual que el de Girotti, deberá ser analizado por un tribunal académico en el ámbito universitario. En la documentación desclasificada por el hoy cuestionado jefe del Ejército César Milani, en virtud del Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional ‘Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983′, foja 57, publicada por el Archivo Nacional de la Memoria consta la pertenencia del abogado a los servicios de inteligencia militares.

En su demanda, Montezanti cuenta al juez que en el edificio Rosa de Altos de Palihue donde es «docente de Derecho» fueron colocados «infinidad de afiches policromos, en los que aparece mi imagen tocada de una gorra militar y una serie de leyendas requiriendo mi expulsión de la UNS. Va de suyo que esa imagen es el resultado de un grosero photoshop realizado sobre otra foto tomada sin mi consentimiento», durante la querella contra Alberto Rodríguez quien denunció sus supuestos vínculos con la Triple A bahiense.

Entre la prueba que entrega a la justicia incluye copia del afiche que acompaña esta nota en un sobre cerrado, «dada su impudicia»; correos intercambiados con el decano de Derecho Andrés Bouzat -«lamentablemente la intervención de este funcionario no fue suficiente»-; copia de un correo que le envió el profesor adjunto José Pazos Crocitto advirtiéndolo sobre la difusión de los carteles y «fotos en colores» tomadas por una escribana en las sedes universitarias.

Luego refiere la «reinstalación de afiches» una semana después de los hechos denunciados y el nuevo aviso recibido del fiel Pazos Crocitto. Menciona el amparo federal donde pidió el retiro de los mismos y destaca «el escándalo periodístico» que armó el rector Guillermo Crapiste, «amigo de solventar los pleitos por intermedio de la prensa, asumiendo el papel de víctima».

Más adelante da cuenta de declaraciones del profesor Patrignani en el programa Frente a Cano donde comparó los afiches de la gorra con las caricaturas del dictador Onganía que publicaba Landrú en Tía Vicenta que determinaron la clausura de la revista. «El humor del demandado -más bien de vodevil- no puede parificarse al de uno de nuestros mayores cultores gráficos», dice y aclara que «ni yo soy -ni pretendo serlo- presidente de la República, de facto o aun de iure (de derecho)».

Patrignani afirmó entonces que procedería al retiro de los afiches a cambio de difundir copia del listado oficial del Ejército dando cuenta de su participación en un engranaje primordial del terrorismo de Estado como fue la actividad de inteligencia. «Más de lo mismo», escribe el camarista.

Por otra parte se muestra molesto por la cobertura sobre el tema publicada en Ecodias  y particularmente de un «supuesto chiste gráfico» denominado «Buchones y dictadura» donde se reproduce el afiche en cuestión que «solo pudo proporcionárselo el demandado, autor innegable de la superchería y de su difusión».

Dice que la demanda es necesaria ante el propósito  de «seguir metiéndose -arbitraria e ilegítimamente- con mi vida, con mi honra, con mi dignidad y mi tranquilidad, a fin de obtener un propósito (mi destitución como profesor de la UNS) para el cual hay previstas e instituidas vías muy diversas que el escarnio público y la burla canallesca».

Refiere su tarea de espía como «aquella lejana circunstancia» y sostiene que el juicio académico está suspendido por la Cámara Federal aunque, según lo informado oportunamente por el rector Crapiste, la propia cámara que integra Montezanti rechazó su solicitud porque la resolución 17/11 de la Asamblea Universitaria que cuestiona “no es pasible de revisión judicial».

Los conjueces de Mitre 60 Jorge Raúl Pezzutti, Carlos Alberto Giraudo y Oscar Norberto Fredda fallaron en junio que dicha resolución declaró que “la participación en tareas de inteligencia durante la dictadura está reñida con la ética y la moral, y que queda comprendida como causal de impugnación en los concursos docentes”.

Por último, el ofendido propone como testigos al decano de Derecho Andrés Bouzat, al adjunto Pazos Crocitto, al abogado José Luis Centurión y al periodista Luis Alberto Cano quien «no me concedió derecho a réplica».

Caricatura publicada en la edición 451 de Ecodias.