Lo indefendible

???????????????????????????????Durante las audiencias de la semana pasada en el debate oral del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército en el cual se analiza la responsabilidad de siete represores alegaron las defensas particulares y públicas. A diferencia de sus víctimas los perpetradores del terrorismo de Estado gozan de todas las garantías del proceso judicial.

Algunas defensas objetaron pedidos de penas contra sus defendidos porque a su entender no todas las partes habían requerido la elevación a juicio y pidieron nulidades parciales y absolutas a partir de intervenciones de abogadxs querellantes que se incorporaron en diferentes etapas del trámite de la causa y se basaron en la obediencia debida, echar culpas a genocidas muertos y hacer malabares con fechas para pedir la absolución de los militares.

Recordamos que las próximas audiencias serán los días 3 y 4 de diciembre –mañana y tarde- para cuando se prevé la finalización del alegato de la defensa oficial, las réplicas de las partes y las últimas palabras de los imputados. El veredicto se conocería a mediados de diciembre.

Seguridad personal

El encargado de abrir los alegatos defensistas fue el dr. Gerardo Ibáñez, representante del represor Ricardo Gandolfo, imputado por el secuestro de Hugo Barzola. Cuestionó las diferencias en la fecha del hecho según lo expresado por los requerimientos, la víctima y la querella e intentó generar dudas respecto a la intervención de Gandolfo dado que durante julio del ‘76 estuvo algunos días de licencia. Por otra parte afirmó que Barzola, bigote más lunar menos, no reconoció al imputado en unas fotos que le exhibió el ex juez federal Álvarez Canale.

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Gerardo Ibáñez.

En cuanto al hallazgo de una tarjeta que le permitió a la víctima identificar a Gandolfo dijo que era un hecho de una “enorme casualidad” e “inaceptable” que no lo haya contado, se basó en testimonios de Barzola y su mujer para relativizar la acusación por tormentos y aseguró que Gandolfo pidió la baja del Ejército porque se quería ir de Bahía Blanca. Finalmente pidió su absolución y libertad.

Gandolfo comenzó a revistar en el Batallón de Comunicaciones 181 como Jefe de Sección de la Compañía A en 1974. Durante 1975 estuvo en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército y en el Operativo Independencia en Tucumán. Fue Jefe de la Compañía Combate del Batallón 181 hasta el 30 de diciembre de 1976.

Un dato que Ibáñez no rebatió y prefirió obviar fue aportado por la Fiscalía durante su alegato: a partir del relevamiento de los legajos de los integrantes del Batallón, los representantes del Ministerio Público notaron que las únicas dos personas a quienes sus superiores recomendaron no seguir en el cargo y dejar Bahía Blanca por “seguridad personal” fueron Gandolfo y Raúl Andrés -¿casualmente?- ambos ex jefes de sección en la Compañía de Combate.

Obediencia debida e incapacidad

El abogado militar Mauricio Gutiérrez arrancó su alegato luego de la declaración de uno de sus defendidos, el coronel e ingeniero militar José Héctor Fidalgo*, para quien pidió su libre absolución y su puesta en libertad porque tiene “la convicción de que su prisión es injusta”.

Fidalgo está imputado por su participación en el Consejo de Guerra que “blanqueó” a tres militantes del Peronismo de Base torturados e interrogados previamente en La Escuelita. Las condenas de la puesta en escena militar se basaron en declaraciones arrancadas en el campo de exterminio.

José Héctor Fidalgo.

José Héctor Fidalgo.

Al respecto Gutiérrez cargó las responsabilidades sobre el fallecido auditor del V Cuerpo de Ejército capitán Jorge Alberto Burlando quien según el alegato defensista garantizó la “legalidad” del juicio militar del que Fidalgo no habría podido escapar dado que “su libertad está casi excluida porque tiene una orden del comandante” ratificada por el ministro de Trabajo de quien dependía en sus funciones de interventor de la delegación local del organismo.

Para los ex guardias de La Escuelita Felipe “Chamamé” Ayala y Bernardo Artemio Cabezón, Gutiérrez pidió también la libre absolución haciendo hincapié en la escasa formación de los baqueanos y ofreciendo coartadas que ubicaban a los represores fuera del centro clandestino en la época de los hechos que se les imputan.

Dijo que la imputación de Cabezón no puede ser solo en base a un legajo, que los baqueanos debieron ser preparados en inteligencia -como fue el caso del torturador Santiago Cruciani- y se apoyó en la partida de nacimiento del hijo del represor que contradice su legajo respecto a una licencia no asentada.

“No tenía alias, era muy joven, era cabo primero, llegó hasta tercer grado en la primaria y no hay constancia de instrucción para el manejo de detenidos (…) era personal andinista, profesores de sky, su actividad era más el andinismo que la tarea de baqueano que ya estaba extinguida”, insistió el abogado.

Al abordar la responsabilidad de Felipe Ayala el defensor cuestionó las declaraciones que otro guardia -Arsenio Lavayén- hizo a la titular de la APDH Neuquén Noemí Labrune porque “no tienen valor de convicción” y destacó que Chamamé no pudo actuar bajo ese alias en el campo de exterminio porque en 1976 revistaba en pasiva y en 1977 “estaba detenido con prisión preventiva atenuada en el instituto penal de las fuerzas armadas de Magdalena a la espera de que el consejo de guerra lo convocara porque estaba sujeto a un sumario por vías de hecho contra el superior”.

*Escuchá el resumen de la declaración indagatoria de Fidalgo emitido en el último panorama de El Juicio desde la Calle:http://www.ivoox.com/fidalgo-juicio_md_2594831_1.mp3″ Ir a descargar

Defensa oficial

Marcos Marini.

Marcos Marini.

Por parte de la defensa pública los dres. Alejandro Castelli y Marcos Marini se ocuparon de alegar en favor de los ex segundos jefes del Batallón de Comunicación 181 y del Área de Defensa 511 Carlos Andrés Stricker y Alejandro Osvaldo Marjanov y el jefe de guardia de La Escuelita Fernando Antonio Videla.

Castelli pidió la absolución de los imputados y realizó planteos de prescripción de la causa, rechazó la aplicación de la figura de genocidio y solicitó la exclusión de la prueba del archivo DIPBA firmado por la perito Claudia Berlingieri porque “la defensa no pudo ver los originales”.

Su colega cuestionó la legitimidad de las querellas para acusar a sus defendidos y la utilización de la teoría de Claude Roxin del “aparato organizado de poder” mencionando que la cadena de mando en el Ejército durante la dictadura no siempre se cumplía. “No hay pruebas que muestren a los acusados transmitiendo o cumpliendo alguna orden”, agregó.

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