Fundamentos de la sentencia

???????????????????????????????Esta tarde el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca dio a conocer los fundamentos del veredicto que condenó a siete represores del V Cuerpo de Ejército en diciembre de 2013. En un breve trámite del que participaron fiscales y algunxs querellantes y defensores públicos y privados se entregaron copias de la resolución.

En esta segunda sentencia del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes del Ejército Argentino y sus fuerzas subordinadas, más allá de las penas y la revelación de los hechos, se vuelve a señalar la necesidad de profundizar la investigación de civiles en el genocidio y se proponen medidas novedosas de reparación de los daños sufridos por las víctimas.

En el primer caso, se ordena investigar al ex juez provincial Francisco Bentivegna –al igual que se lo había indicado con los secretarios del juzgado federal, La Nueva Provincia y miembros de la Iglesia Católica en el primer fallo-. En el otro, se declara la nulidad e inexistencia de las actuaciones del Consejo de Guerra contra tres militantes políticos.

Además, se apela a las leyes militares para intentar encuadrar al prófugo Carlos Arroyo a partir de su pertenencia al Ejército.  Aquí algunos argumentos tras una primera lectura del documento.

Un juez “colaborador”

En el punto 17 de la resolución, los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava argumentan la remisión de testimonios contra el ex juez provincial Francisco Bentivegna al juzgado federal de turno para que se investigue la posible comisión de “delitos de acción pública”.

La decisión surgió a partir de los alegatos del Ministerio Público Fiscal que con relación al entonces titular del Juzgado Nº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca destacó que “ante los pedidos de recursos de hábeas corpus y denuncias por privación ilegal de la libertad de víctimas o de sus familiares, confiando en obtener una contestación frente a los hechos ilícitos que se desarrollaron durante la vigencia del terrorismo de estado, no habría actuado conforme las circunstancias lo exigían y habría incumplido sus obligaciones”.

Los jueces sostienen que “efectivamente habría existido colaboración del magistrado con el plan” en los casos que tuvieron como víctimas a María Angélica Ferrari, Andrés Oscar Lofvall, Carlos Mario Ilacqua, Estela Maris Iannarelli y Héctor Osvaldo González.

El 26 de febrero de 1977 la madre de Ferrari denunció su secuestro. El comisario que la recibió dispuso una medida y remitió lo actuado a Bentivegna el 17 de marzo. Cuatro días después mediante un despacho “infundado” resolvió que: “No habiéndose podido individualizar al autor o autores del delito de privación ilegal de la libertad, del que resultó víctima María Angélica Ferrari, sobreséase provisoriamente la presente causa”.

El padre de Lofvall se presentó el 8 de febrero de 1977 en la Seccional 1º de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y denunció el secuestro de Andrés. El comisario Alfredo Sastre ordenó la investigación y el 23 de febrero -aún sin haberse cumplimentado la totalidad de las medidas dispuestas- resolvió elevarlo para su consideración a Bentivegna. El juez dispuso sobreseer la causa “atento no haberse individualizado a sus autores” el 28 de febrero.

El 5 de febrero de 1977 fue el padre de Carlos Ilacqua quien inició una causa en la misma seccional por privación ilegítima de la libertad. La instrucción policial dispuso algunas pocas medidas y elevó al magistrado, quien “nuevamente dejó en claro su criterio, toda vez que el 21 de febrero sobreseyó sin haber dispuesto medida alguna que permitiera dar con el paradero de la víctima”.

En el caso de Iannarelli, ocurrió exactamente lo mismo: el padre presentó la denuncia el 8 de febrero de 1977 y a menos de un mes de producido su secuestro, el mismo Juez dispuso cerrar provisoriamente la causa.

Finalmente la esposa de Héctor González presentó un hábeas corpus el 5 de mayo de 1977 y “otra vez el magistrado luego de disponer el diligenciamiento de algunos oficios a las fuerzas armadas y de seguridad, el 19 de mayo, sin disponer vista al Fiscal en momento alguno, ordenó ‘no hacer lugar'”.

Consejo de Guerra inexistente

fidalgo

Fidalgo fue uno de los condenados por integrar el Consejo de Guerra.

Otro de los puntos novedosos del veredicto conocido en diciembre fue la declaración de la “nulidad absoluta” de la sentencia dictada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas realizado el 21 de febrero de 1977 y las penas impuestas a los militantes del Peronismo de Base Pablo Bohoslavsky, Rubén Ruiz y Julio Ruiz.

Los jueces -para cumplir con “la obligación del Estado Argentino de reparar tales violaciones a los derechos humanos, como forma de satisfacción y garantía de no repetición hacia las víctimas y a la sociedad en su conjunto”- la calificaron de “inexistente” por resultar “groseramente violatorio de los principios establecidos en la Constitución Nacional”.

Para ello se apoyaron en tres argumentos: primero, “la comprobación que las detenciones y tormentos padecidos por las víctimas en poder de las Fuerzas Armadas configuraron crímenes de lesa humanidad y genocidio, y que en el marco de esa operatoria criminal su sometimiento a un Consejo de Guerra tuvo por finalidad el ‘blanqueo’ de esa detención ilegal con el objetivo de garantizar la impunidad de los perpetradores de esos crímenes, prolongar la situación de encierro y producir propaganda a favor del accionar de las Fuerzas Armadas en la denominada ‘lucha contra la subversión’”.

Segundo, “que en su carácter de civiles las víctimas no pudieron haber sido legítimamente sometidas a la jurisdicción militar sino sobre la base de normas inconstitucionales” y tercero, que “la jurisdicción militar regulada por el Código de Justicia Militar según ley 14.029 y sus modificatorias, violaba principios básicos del debido proceso legal en contra de la Constitución Nacional y normas internacionales de derechos humanos”.

Tras valorar las pruebas de Fiscalía y querellas, el tribunal entendió que “dentro del sistema de represión ilegal montado por la última dictadura militar, algunas de las víctimas, luego de haber sido secuestradas, desaparecidas y torturadas en centros clandestinos de detención, fueron juzgadas y condenadas por Consejos de Guerra, lo que no sólo prolongó su situación de encierro, sino que sirvió además a sus perpetradores para producir el ‘blanqueo’ de una detención originariamente ilegítima, el silenciamiento de los vejámenes cometidos en la clandestinidad y la difusión de algunos casos testigo como propaganda del accionar de las FFAA en la ‘lucha contra la subversión’ tendiente a producir consenso en la población”.

La “maniobra criminal” de los hombres del V Cuerpo de Ejército se encadena en una extensa lista de antecedentes de “nuestra historia institucional” que “muestra que el ejercicio de funciones jurisdiccionales por las Fuerzas Armadas respecto de civiles ha sido utilizada reiteradamente en la persecución de enemigos políticos, y particularmente para el disciplinamiento de la clase obrera”.

Mencionan los jueces: los bandos militares que ampararon los fusilamientos de trabajadores anarquistas de la Patagonia en 1920; la ley marcial de la dictadura de Uriburu que desplegó una ola represiva sobre radicales, sindicalistas, comunistas y anarquistas; la ley marcial que acompañó el golpe de estado de 1943 con consecuencias represivas directas sobre el sindicalismo comunista; el PLAN CONINTES que sometió a los civiles a la jurisdicción militar y estuvo dirigido a reprimir la resistencia peronista y la creciente conflictividad gremial; la incorporación de la Doctrina de la Seguridad Nacional de la mano de Onganía; hasta los decretos de la última dictadura para “combatir la subversión, concepto en el cual fue incluido, aunque no lo fuese, todo oponente al orden político, social, económico, religioso y cultural que se pretendía imponer autoritariamente”.

“No quedan dudas que Julio Alberto Ruiz, Pablo Victorio Bohoslavsky y Rubén Alberto Ruiz fueron condenados precisamente por ejercer su militancia política partidaria en los ámbitos de trabajo, con el objetivo de desalentar toda posible acción contestataria hacia el régimen y el orden económico que se pretendía imponer, unido ello a que el ejercicio de tal actividad política, no llevaba compromiso alguno a comprometer la paz interior, ni implicaba acciones subversivas o sediciosas, al menos nada de ello se acreditó en el juicio del Consejo de Guerra, motivo de este pronunciamiento”, agregaron.

Prófugos: una ayudita de Milani

arroyoEl coronel Carlos Alberto Arroyo, procesado en la Causa Stricker, evadió su condena al fugarse en Buenos Aires cuando era trasladado a la Alcaldía del Palacio de Justicia. A partir del caso, el tribunal se quejó en su fallo sobre las fugas de militares que “viene soportando” en las causas por crímenes de lesa humanidad, “prevaliéndose -quizá- de algunos ‘supuestos de privilegio’ que lo da su condición de militar retirado o aprovechando una modalidad de detención como es el arresto domiciliario, por razones de salud”.

“Varios militares que se encontraban a disposición de este Tribunal Federal y que gozaban de arrestos domiciliarios el cual se habían obligado a respetar, se han dado a la fuga y permanecen como prófugos hasta este momento, pese a las diversas medidas adoptadas en su contra”, dicen los jueces y subrayan “la suspensión de sus haberes – que genera una severidad económica- pues implica una contradicción inaceptable e irrazonable puesto que el mismo Estado que se encuentra realizando acciones concretas, destinando recursos materiales y económicos para dar con el paradero del coronel retirado y buscado, posibilita mediante el pago de sus haberes la continuidad de las conductas evasivas”.

Le solicitan al Jefe del Ejército César Milani la inmediata comparecencia de Arroyo dado que el oficial procesado y prófugo goza de estado militar, por ende, la cuestión debe resolverse dentro de los términos de la ley para el Personal Militar y del Código de Justicia Militar.

Una vez notificada la Comandancia del Ejército, el tribunal puso un plazo de cinco días para que los camaradas del prófugo lo hagan comparecer ante la justicia.

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