“Encontramos prueba relevante”

judith konig fiscalesgobLo aseguró en FM De la Calle la directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero, Judith König, quien junto a otras dos contadoras del organismo escanearon y analizaron esta semana documentación contable secuestrada durante el allanamiento a la sede del Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. La intervención fue a pedido de los fiscales Palazzani y Nebbia y los resultados parciales estarán para la indagatoria de Vicente Massot el próximo jueves 24 de abril.

“Estamos poniendo foco sobre todo en la información contable que está en formato papel, los libros de sueldos y jornales y los balances. Por lo que vemos es información que va a ser muy útil para poder probar los hechos que se están investigando”, explicó König en el programa En Eso Estamos.

La creación de la OFINEC responde a compromisos de la Argentina en diversos foros y acuerdos internacionales para generar nuevos mecanismos para combatir el crimen organizado. Tanto la investigación de los movimientos económicos y financieros, como el uso de bienes son parte central a la hora de definir el curso de un proceso judicial.

“Hace más o menos un mes que estamos trabajando, es una oficina que creó la procuradora (Gils Carbó) con el objetivo de darle una herramienta más a los fiscales que tienen causas complejas, investigaciones que involucran impactos económicos y mayormente está compuesta por contadoras y economistas”, explicó la funcionaria.

En cuanto a la causa La Nueva Provincia, aseguró que llegaron a la ciudad para “relevar información contable que en general aporta mucha prueba que es importante para las investigaciones, estamos relevando libros de sueldos y jornales, balances de la empresa y elaborando un informe respecto de la documentación que se secuestró que es muy variada y tiene información muy importante para la prueba que es necesaria para esta investigación”.

“Por un lado están los datos globales que están volcados en el balance y que tiene que ver con la actividad económica de la empresa durante ese período y por otro lado están los datos volcados a nivel individual de cada empleado en los libros de sueldos y jornales”.

Luego de relevar la documentación, las contadoras confeccionarán un informe que los fiscales deberán considerar para reforzar la imputación penal de Massot que, tal como afirmó Palazzani días atrás, está probada “más allá del resultado del allanamiento”.

“A veces vemos que es incompleta la documentación y sugerimos relevar documentación de otras fuentes o del mismo lugar, depende el caso. En este, la verdad que el allanamiento fue muy completo, se secuestraron muchos libros que en otros casos no nos pasó de encontrarlos, creo que el allanamiento fue una medida que se hizo muy bien, fue muy completa en cuanto a la cantidad de prueba que se recolectó y que estamos escaneando y vamos a seguir analizando en Buenos Aires porque es mucho el volumen”, manifestó la titular de la OFINEC.

Cuentas pendientes

Judith König trabaja hace treinta años en la Procuración General y fue asistenta de la Fiscalía en el Juicio a las Juntas Militares en la década del ochenta. “Fue una experiencia que me marcó y por eso el enfoque económico de los delitos de lesa humanidad es algo que todavía no se ha abordado pero me toca de cerca. Era algo que se veía desde el Juicio a las Juntas pero por el momento histórico que se estaba viviendo en ese entonces era difícil imaginar que se podía hacer este análisis”.

Intervendrá en el peritaje contable que se realizará en la causa Papel Prensa y ya colaboran desde la OFINEC en investigaciones sobre otras temáticas del fuero federal, “tenemos más trabajo del que podemos llevar adelante lamentablemente”.

“El aspecto del impacto económico en los delitos de lesa humanidad es una cuestión que está pendiente y nosotros en parte vamos a llevar a cabo en aquellos casos en que los fiscales nos soliciten colaboración”, agregó y comentó su participación en la presentación del proyecto del diputado Héctor Recalde (FpV) quien, partiendo de las conclusiones del libro Cuentas Pendientes, propone crear una comisión bicameral para investigar “quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas”.

Según su autor, la iniciativa “apunta a la elaboración de un informe que desarrolle las consecuencias de la política económica, monetaria, industrial, comercial y financiera que instaló y llevó a cabo la última dictadura y que identifique a los actores económicos y técnicos que colaboraron con la aplicación y el desarrollo de esas políticas y con los delitos de lesa humanidad perpetrados entonces”.

“Más allá del trabajo que se pueda hacer en el Congreso, tenemos una tarea que también es importante desde el Ministerio Público en ese sentido. La Oficina entre sus funciones tiene la de colaborar con los fiscales en la evaluación del impacto económico. Dentro de las consecuencias penales se apunta en algunos casos al decomiso del producto del delito, en algunos casos pudo haber un beneficio económico indebido o una apropiación indebida de una empresa y como medida final se apunta a la reparación del daño a nivel penal y también puede haber una civil, depende como lo implementen jurídicamente. El sentido de hacer la cuenta tiene que ver con que hay un beneficiario y un perjudicado y es hora de reparar esos perjuicios”, concluyó König.

Foto: fiscales.gob

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