Massot y La Corpo

vmEl próximo martes los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia argumentarán ante la Cámara de Apelaciones el pedido de detención del director de La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot. El planteo fue rechazado en primera instancia por el juez subrogante Álvaro Coleffi quien ordenó indagar al empresario imputado por crímenes de lesa humanidad el próximo jueves y le prohibió salir del país.

Mientras tanto, y desde que fue allanada la sede de Rodríguez 55 por los representantes del Ministerio Público y la Gendarmería Nacional, organismos corporativos, ex funcionarios de la dictadura genocida y un par de legisladores se solidarizaron con el represor.

Dos días después de la inspección en el edificio de La Nueva Provincia y el secuestro de abundante documentación, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), integrada entre otros medios por el diario de la familia Massot Julio, habló de “un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes”.

Argumentó que, en contra de lo establecido por el juez Álvaro Coleffi, la medida afectó el normal funcionamiento del diario, la libertad de prensa y “la absoluta reserva de la ‘fuente periodística'” porque los fiscales y la Gendarmería retuvieron 119 tomos de la colección del diario desde 1974 a 1983 y sobres con fotos y recortes periodísticos del archivo. También cuestionaron que el procedimiento fuera realizado por fiscales ad hoc y “que han declarado públicamente una militancia ideológica que cuestiona el deber de objetividad que les impone el cargo”. Estos reclamos son comunes en las defensas de genocidas y han sido desechados por distintas instancias judiciales.

“Es una verdadera afrenta al periodismo que Adepa cuestione el accionar de la Justicia de la democracia”, aseguró el presidente de la cooperativa de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra), Jorge Conalbi. Agregó que la causa “debe ser apoyada por todas las entidades de empresas periodísticas que defendemos el derecho social a la información y la democracia. No se interfirió con el normal cumplimiento de las tareas de la empresa ni su circulación, por lo que mal se puede considerar este procedimiento como un ataque a la prensa. Por el contrario, debería considerarse el comunicado de Adepa una presión corporativa a la Justicia”.

Una comisión de Adepa -presidida por Carlos Rago de La Nueva Provincia- entrega anualmente un premio al periodismo que lleva el nombre de Federico Christian Massot “en homenaje a su impulsor fallecido en 1990”, hijo de Diana Julio y hermano de Vicente quien hoy intenta descargar las responsabilidades que le achaca la justicia sobre los dos primeros, beneficiados por la impunidad biológica.

La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) -“amiga” de Clarín en la audiencia pública sobre la Ley de Medios convocada por  la Corte Suprema- repitió lo dicho por Adepa. La diputada nacional Patricia Bullrich (Unión por Todos) también tomó la posta  y presentó un proyecto de declaración ante un allanamiento que pretendía secuestrar material -a su entender- “por la simple sospecha de que pudiera resultar útil en la investigación de delitos producidos hace más de tres décadas”. Alberto Assef, legislador del Frente Renovador y amigo de grupos neonazis, se solidarizó con el “diario centenario” mediante una carta al lector publicada en La Nación.

La frutilla del postre la puso la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Presidida por el ex secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, Manuel Solanet -cobija a otros partícipes del terrorismo de Estado como el dueño del Ingenio Ledesma Pedro Blaquier o el propio Massot-  destacó la “indudable trayectoria personal, científica y moral” del dueño de LNP y denunció supuestas “instrucciones dogmáticas o ideológicas emitidas por el Ministerio Público”.

¿Analiza la SIP la libertad de prensa?

El diario La Nación editorializó a partir de la Carta Orgánica de la Sociedad Interamericana de Prensa -“un periodismo honesto, libre e independiente es la mejor contribución para la paz, en un mundo de naciones libres, pobladas por hombres libres”- para abordar los “populismos autoritarios” y “las dictaduras de nuevo cuño”.

Mencionó que un informe de la SIP objetó el gasto en publicidad oficial para contar “con una prensa facciosa y propagandística y también para castigar a la prensa independiente”. Luego citó al papa Bergoglio quien rechazó el “pensamiento único”: “Lo ha dicho en circunstancias en que el caso de La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, insinúa el riesgo de que se pretenda instaurar en el país el delito de opinión como cierre disparatado del ciclo institucional que concluirá el año próximo”.

En junio de 2011 el organismo de las empresas mediáticas había aplaudido el rechazo judicial al pedido de allanamiento a la sede de La Nueva Provincia realizado por el entonces fiscal Abel Córdoba.

La relación entre la familia Massot Julio y la SIP no es nueva aunque en tiempos de terrorismo de Estado la preocupación por la libertad de expresión solían dejarla de lado.

El propio Vicente Massot, que hoy intenta desligarse de la gestión y representación de la empresa en la época, se encargaba junto a su madre de intervenir en las asambleas generales de la Sociedad Interamericana de Prensa para cuidar la imagen del país de Videla y compañía. Los fiscales Nebbia y Palazzani recordaron en la imputación la nota del 29 de marzo de 1977 titulada “Analiza la SIP la libertad de prensa” donde se recogían sus declaraciones textuales: “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”.

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