Piden indagar al arzobispo Garlatti

Arzobispo-Garlatti(fiscales.gob.ar) El fiscal federal de Bahía Blanca Antonio Castaño impulsó la acción penal para que se investigue el encubrimiento y financiamiento por parte del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, al ex capellán militar Aldo Vara, detenido en Paraguay y con proceso de extradición en curso imputado por crímenes de lesa humanidad.

Castaño, titular de la Fiscalía Federal N°1 presentó el requerimiento de instrucción el miércoles pasado en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Ana María Araujo. Pide que se indague al arzobispo Garlatti y al empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, apoderado del represor. Solicitó que se disponga el cese del pago de la jubilación al imputado que se concretaba a través de la Curia local y declaraciones de testigos vinculados a los hechos.

Además, dirigió la investigación especialmente a la información documental que dé cuenta sobre el camino que seguía el dinero de la jubilación.

La presentación de Castaño es consecuencia de una denuncia formulada por los integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, Miguel Palazzani y José Nebbia.

En su denuncia, Nebbia y Palazzani relataron que Vara, quien permaneció prófugo ocho meses hasta la semana pasada, cuando fue localizado en Ciudad del Este, percibía el pago que otorga la Iglesia Católica a los sacerdotes mayores de 65 años, a través del apoderado Bochile, que se hacía efectivo en la sede del Arzobispado. En la presentación ante Castaño, Nebbia y Palazzani aportaron elementos que avalan la denuncia y que habían logrado reunir en la propia sede de la Curia bahiense.

Por ese motivo, los fiscales denunciaron a Garlatti y Bochile por “financiar la evasión de Vara de la justicia argentina, ayudando al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de esta”, según consta en el requerimiento.

El delito está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”.

Vara, detenido por Interpol en Paraguay, está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército.

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