Obispo Garlatti procesado por encubrir genocida

vara bochile garlatti efemedelacalle cEl juez federal Álvaro Coleffi procesó al arzobispo de la Iglesia Católica de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, por encubrir al ex capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Vara, imputado por crímenes de lesa humanidad.

El magistrado halló al obispo “prima facie autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado en su modalidad de favorecimiento personal en concurso real con el delito de desobediencia”. No dictó su prisión preventiva y fijó su responsabilidad civil en 7000 pesos. También fue procesado el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, apoderado del cura represor, por su intervención durante el lapso en que Vara eludió a la justicia.

“No se trata de que el señor arzobispo ‘debía saber’ de los ‘inconvenientes y las imputaciones’ que pesaban sobre Vara en la Justicia Argentina (y el motivo del porqué de ellos); por el contrario, el monseñor Garlatti supo concretamente que ello era así”, sostuvo Coleffi y destacó que “el pago de los fondos FIDES es insostenible si no se considera una ayuda concreta a una persona que se encuentra requerida por la justicia”.

El magistrado subrayó que “no sólo se encubre a un prófugo, esto es, no es necesario que el encubierto se encuentre prófugo de la Justicia (aunque en tal caso la evidencia resulta más notoria); la norma sólo establece que debe existir delito previo. Y la imputación penal de Vara es inobjetable”.

Favorecimiento personal

La justicia federal comprobó que el Arzobispado que conduce Garlatti -desde 2003- “abonó sistemática y periódicamente los fondos FIDES” a Leopoldo Bochile, apoderado designado por Aldo Vara. El dinero en cuestión es otorgado a sacerdotes mayores de 65 años. “La consumación del delito de encubrimiento se produce con la ayuda prestada por el agente a un tercero con la finalidad de eludir la acción de la justicia (aun sin necesidad de que se tenga éxito en ese obstáculo)”, explica el falló.

Como elementos probatorios se mencionan las respuestas negativas a los pedidos sobre el paradero del represor realizados por el fiscal Abel Córdoba, otras instancias judiciales y organismos de derechos humanos; la “noticia notoria y de amplia difusión” que implicó la orden para investigarlo emanada del Tribunal Oral en la primera sentencia por crímenes de lesa humanidad de la Causa V Cuerpo de Ejército y los ofrecimientos de recompensa posteriores.

En cuanto a la noción de “notoriedad local” Coleffi sostiene que existe “cuando un hecho se da en un ámbito territorialmente restringido pero formando parte de la cultura media de la colectividad”. “Resulta indudable cuando involucra a un hombre incardinado en una institución respecto del cual un apoderado percibe fondos por cuenta y nombre -pagados en el Arzobispado- de un imputado por delitos de lesa humanidad, a la postre: prófugo”.

“El arzobispo, como responsable máximo de la institución, que conduce en esta ciudad, no puede escudarse, ni excusarse, en que determinada área administrativa tiene a su cargo el pago de los fondos FIDES -escribió el juez-, en primer lugar, porque ello es desentenderse de la responsabilidad inherente a los cargos que se ocupan, y por lo demás, porque aun cuando, efectivamente, los pagos hubieren sido efectuados por la ‘Administración’, el Arzobispado a su cargo tenía directa colaboración desde que un fondo FIDES se compone, para el caso de un sacerdote incardinado en su Diócesis , con aportes propios del Arzobispado, con lo cual la intervención del monseñor Garlatti es directa y materialmente incontrovertible”. Por ende, descarta cualquier calificación del trámite como “una cuestión (meramente) burocrática”.

Explicar lo inexplicable

De los dichos del obispo durante la indagatoria, Coleffi resaltó que Garlatti se reconoció “muy cuidadoso en lo que hace a la documentación, los datos y cualquier dato que venga de las personas se guardan en legajos personales en la Cancillería”. Y contrastó: “Lo curioso del tema es que no fue habido en la Diócesis de la incardinación de Vara (el Arzobispado de Bahía Blanca) el legajo o registro de Aldo Omar Vara, pese a haberse allanado el domicilio de la calle Av. Colón 146, donde sí se encontró (y se incautó) documental relacionada, pero no, repito, el legajo personal”.

Asistido por el abogado Héctor Bertoncello, el arzobispo afirmó que “canónicamente el Obispo de Vara soy yo”, que “estuve al tanto” del caso de Vara y asumió “expresamente que el administrador puso en conocimiento que Vara percibía los fondos FIDES a través de un apoderado; incluso admitiendo que este tema ha sido motivo de comunicación al más alto nivel de la Iglesia, por ejemplo con el Nunzio Apostólico (sic)”.

“Estamos hablando de un clérigo incardinado en el Arzobispado local, imputado de lesa humanidad, sobre el que se decidió no dar toda la información que existía en el Arzobispado. Desconocer esta trascendencia, o esta dimensión, es intentar explicar lo inexplicable”, opinó el magistrado.

Obispo desobediente

Como la respuesta “completa” a las solicitudes de información sobre el prófugo no la obtuvieron ni la justicia, ni el Ministerio Público, ni la propia Iglesia ni los organismos de derechos humanos y teniendo en cuenta que el artículo 239 del Código Penal establece que el que desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones incurre en desobediencia cuando se advierte un “no hacer” frente a una orden, Coleffi suma esta imputación contra Garlatti.

El juez aclara en el auto de procesamiento que lo resuelto en esta instancia es “sin perjuicio del avance de la investigación en otro sentido, en particular, en punto a la (in)existencia de una carta de recomendación a la Iglesia del Paraguay y a la efectiva percepción por parte de Aldo Vara de los fondos cobrados por el apoderado Leopoldo Bochile”. La Diócesis de Ciudad del Este que acogió al prófugo hasta sus últimos días responsabilizó a Garlatti de haber escondido allí.

El arzobispo bahiense prestó declaración indagatoria la semana pasada acusado de “haber ocultado información referida al prófugo Aldo Vara, imputado por delitos de lesa humanidad, en particular, ante la respuesta remitida por el Arzobispado de fecha 6/11/2013 ante el requerimiento concreto de esa sede judicial y en la respuesta a los organismos de derechos humanos, haber consentido la financiación de la evasión de Aldo Omar Vara de la justicia argentina, ayudando al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y sustraerse a la acción de ésta”.

Amigos no son los amigos

El empresario Leopoldo Bochile prefirió guardar silencio al momento de ser indagado por haber percibido (una jubilación) en carácter de apoderado y a nombre de Aldo Vara, mientras este se encontraba prófugo de la justicia argentina, ayudando a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de ésta. Aún así, las pruebas en su contra fundamentaron su procesamiento y la fijación de una responsabilidad civil de 4500 pesos.

El represor fallecido días atrás en Paraguay donde esperaba su extradición luego de ser capturado por Interpol, había dejado a Bochile y a su esposa Alicia Irene Tamborindeguy como encargados del cobro del subsidio FIDES y la administración de algunas propiedades. Sin embargo, el juez no comprobó una relación de amistad entre el empresario y el cura o su familia que pudiera ubicarlo en una posición judicial menos comprometida.

En su contra peso la mentada “notoriedad del hecho”, la declaración de Bruno Cuchetti -administrador de la Curia quien reconoció el pago del subsidio ante los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani y luego ante el juez-, y numerosa documentación entre la que sobresalen las planillas de liquidación de los fondos FIDES.

Entre los fundamentos de su procesamiento vale mencionar una nota dirigida a los “Señores Obispos” y los “Señores Delegados Diocesanos” que afirma que a partir de octubre de 2013 “las diócesis que tengan sacerdotes incardinados residentes en otras diócesis, deberán hacerles llegar el importe del aporte diocesano únicamente” dejando de lado otra suma girada desde la Administración FIDES en concepto de subsidio. Este elemento suma a su vez a la injerencia directa no solo de Bochile sino también de Garlatti, dado que el primero recibía los cheques por ambos conceptos -firmados “prima facie” por la canciller Emma Vila- para el prófugo Aldo Omar Vara.

One thought on “Obispo Garlatti procesado por encubrir genocida

  1. Pingback: El problema de las responsabilidades civiles | Juicio Armada Argentina - BNPB

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s