Otros dos represores detenidos

(fiscales.gob.ar) Los ex militares del Ejército Oscar Norberto Moschini (71 años) y Vicente Alfredo Flores (60) fueron detenidos este viernes en la Capital Federal y en La Matanza, respectivamente, por orden del juez Federal subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, quien los indagará hoy en la causa en la que se investigan crímenes de lesa humanidad perpetrados en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Para ordenar las capturas, que fueron concretadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el juez hizo lugar al pedido de detención formulado por los fiscales Jose Nebbia y Miguel Palazzani, integrantes de la Unidad que interviene en causas de terrorismo de Estado en esa ciudad del sur bonaerense.

Moschini fue durante la dictadura el jefe de la Compañía Comando y Servicios del Batallón de Arsenales Ángel Monasterio de Pigüe, una localidad situada al suroeste de la Provincia de Buenos Aires, 130 kilómetros al norte de Bahía Blanca. Flores, por su parte, prestó servicios en el Batallón de Comunicaciones 181, tras su intervención en Operativo Independencia, en Tucumán, en 1975, donde su actuación fue destacada en su legajo por el militar interventor de esa provincia, Antonio Domingo Bussi.

A Moschini se le imputa su participación en el secuestro, las torturas y el homicidio del conscripto Teodoro Alfredo Bonfiglio el 12 de marzo de 1977. La víctima “era ingeniero químico y fue incorporado para cumplir con el servicio militar, a los 26 años, como aspirante a oficial de reserva”, recuerda el libro El escuadrón perdido (D’Andrea Mohr, José Luis, Ed. Planeta, 1998), que relata la historia de 129 jóvenes desaparecidos durante el terrorismo de Estado, quienes formaban parte de las filas de la fuerza.

Bonfiglio fue secuestrado mientras viajaba junto a Moschini hacia Bahía Blanca. El hoy imputado le había ofrecido acercarlo hasta su casa para que pasara el franco del que gozaría el fin de semana. “Para deslindarse de toda responsabilidad, Moschini sostuvo en declaración testimonial que fue atacado por un grupo comando de militantes de izquierda que tras hacerse de la víctima huyeron, lo que no sólo resulta infundado sino hasta absurdo por cuanto Bonfiglio era víctima de persecución por parte de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad desde varios años antes, con motivo de su comprometida militancia”, indicaron Nebbia y Palazzani en la presentación para se indague a Moschini por este caso, dado que consideraron que “participó directamente, de propia mano”.

El cuerpo de Bonfiglio apareció en Avellaneda el 21 de julio de 1977 junto a los de Daniel Gastaldi y Carlos Silva, otras víctimas bahienses del terrorismo de Estado.

En tanto, Vicente Flores está imputado como autor mediato en 34 casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y en delitos sexuales perpetrados contra seis mujeres en centros clandestinos de detención de Bahía Blanca y la región.

Los fiscales ponderaron en el pedido de su detención “la dimensión del rol que adquirió el Batallón de Comunicaciones 181 en el marco del plan de exterminio” y “el nivel de preparación, especialización y compromiso de su personal en el ámbito criminal”, el cual -consideraron- “termina de comprenderse frente a la existencia de un grupo numeroso de integrantes del mismo que, durante los años 1975 y 1976, fue enviado a la provincia de Tucumán para combatir en el marco del Operativo ‘Independencia'”.

En efecto, el imputado Flores actuó en aquella experiencia localizada del terrorismo de Estado en Tucumán entre octubre y diciembre de 1975, que le valió la felicitación del Bussi: “Ha participado en la lucha contra la subversión en la Operación Independencia en Tucumán, demostrando valor y abnegación en el cumplimiento del Sagrado Deber Militar”, lo congratuló entonces el condenado general fallecido.

Cuando regresó a su destino en al Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, Flores fue designado Jefe de Grupo Antiguerrilla en la Compañía Combate, que en 1977 pasó a denominarse “compañía A”. La imputación que pesa sobre Flores está basada en el rol que desempeñó como jefe de una unidad militar dedicada a la represión ilegal.

En ese sentido, los fiscales lo acusan de “haber integrado una asociación ilícita para llevar a cabo un plan criminal clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando para ello la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad a ellas subordinadas, federales y provinciales”.

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