Los ingenieros Osvaldo Néstor Montero, Roberto Aurelio Buscazzo, Roberto Moro y Raúl Barbé se desempeñaban en la década del ’70 en la termoeléctrica San Martín de DEBA, ocupada por la marina tras el golpe de Estado. En sus declaraciones ante el tribunal oral bahiense recordaron sus detenciones y cautiverios, motivados por falsas denuncias.
Miguel Ángel Fuxman, capturado un día después que sus colegas ya había testimoniado en el debate oral en que se juzga a 25 represores de la Armada, el Ejército, la Prefectura y la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses. «No tuvo mejor idea que ir al servicio de información naval y denunciarnos a todos como terroristas», afirmó Montero en referencia a un capitán de corbeta despechado.
El 24 de marzo de 1976 Buscazzo -jefe de la central-, Montero, Moro, Barbé y el fallecido Raúl Palmucci fueron demorados por Prefectura al presentarse a cumplir sus funciones. Luego de revisar sus documentos, fueron llevados hasta la sede de la fuerza naval a pie, con las manos en alto, delante del personal de la usina. «Estos individuos están a disposición del Comando, cualquier cosa, meta plomo nomás», escuchó Buscazzo. Unas horas después, un Falcon verde los dejaba en el Batallón de Comunicaciones 181.
En el gimnasio de la unidad militar donde se amontonaban dirigentes políticos y gremiales estuvieron recluidos hasta el 8 de abril. «Los primeros días nos levantaban de madrugada, nos llevaban al baño, no sé para qué. Parecía que nos apuntaban. Escuchábamos todas las noches las camionetas que ingresaban y salían. Posteriormente la cosa se fue relajando», contó Montero.
Su esposa le comentó que el capitán Costa, un proveedor de la usina que conocía a los detenidos, se ofreció a mediar y alcanzarles algo de ropa. El correo duró hasta que el almirante Luis Mendía se enteró y mandó a encerrar por 45 días al marino retirado.
Una noche unos oficiales llamaron a Buscazzo para informarle que lo liberarían. «Tomé un taxi y llegué a mi casa. Al otro día me llaman de la central eléctrica. Cuando llego a la guardia me vuelven a detener, me llevan a la Prefectura». Siete horas después estaba nuevamente detenido con sus compañeros.
La marina entregaba títulos de ingeniero a quienes estaban en la universidad. El capitán de corbeta Languasco, jefe de la usina hasta 1973, consultó a la casa de altos estudios si ese título coincidía con los planes de la carrera correspondiente para percibir el salario. «El decanato le contesta que, a lo sumo, técnico. Entonces todos aquellos que éramos ingenieros, éramos mal vistos por este señor», manifestó Montero.
A ese superior y al jefe de zona, capitán de fragata Rodríguez, señalaron como responsables de la persecución. «Cuando se va (Languasco), no sé si pensó que se le iba a hacer una despedida o algo. Nadie le hizo nada. No tuvo mejor idea que ir al servicio de información naval y denunciarnos a todos como terroristas».
Antes de ser dejados en libertad, el jefe de inteligencia del Comando V Cuerpo de Ejército Aldo Mario Álvarez, prófugo de la justicia desde la reapertura de las causas de lesa humanidad, se entrevistó con los ingenieros y les dejó sobre su escritorio la carpeta de antecedentes. «Yo, como era ingeniero químico, parece que era el que preparaba las bombas», dijo Montero.
Con temor a cruzar el parque al salir del Batallón, pidieron prestado un teléfono en la guardia y llamaron a un familiar de Moro para que los pase a buscar. Con el tiempo, los profesionales terminaron perdiendo sus puestos en la usina y tuvieron dificultades para conseguir otros trabajos. En los casos en que ejercían la docencia también fueron cesanteados de las universidades.
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