Montezanti: Lealtad y Fidelidad a su patria terrorista

Desde la publicación de las listas del Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército genocida, el docente y camarista Néstor Luis Montezanti intensificó el movimiento de sus alfiles en la política, la Universidad del Sur y el poder judicial para garantizar su impunidad y perseguir a sus denunciantes.

Su actuación como «asesor universitario» en dependencias del Destacamento de Inteligencia 181 quedó en evidencia meses después de haber sido confirmada su cercanía a las patotas de la Triple A local en una querella que entabló contra el militante Alberto Rodríguez. Sin embargo, ante los pedidos de juicios académico en la UNS y político en el Consejo de la Magistratura y las repercusiones públicas de las acusaciones en su contra, Montezanti siempre mantuvo y mantiene el silencio.

No hace más sostener su «Lealtad y Fidelidad» para con su patria terrorista y «guardar el secreto más absoluto aun después de haber cesado en sus funciones», tal como juró a su mentor José Osvaldo Riveiro, el ex integrante de la Triple A y jefe del Destacamento de Inteligencia que avaló las «condiciones morales, ideológicas y familiares» del entonces joven abogado. «Balita», condenado en Francia y prófugo de la justicia argentina, afirmó conocer a Montezanti nada menos que desde el sangriento 1975.

Los datos surgen de la lectura del «Legajo Personal de Montezanti N. L.» del Destacamento 181. Esta unidad, según los reglamentos militares, realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército.

En la foja 30, Riveiro, quien luego fuera asesor y entrenador de los grupos de tareas que financió la CIA para desestabilizar al gobierno sandinista de Nicaragua operando en la frontera con Honduras, afirmó bajo juramento sobre el camarista: «Lo conozco en profundidad con el tiempo y asiduidad de trato suficientes para avalar sus condiciones morales, ideológicas y familiares (…) Por lo expuesto el causante es apto para ingresar como personal Civil de Inteligencia».

Más adelante, el propio Montezanti «declara bajo juramento haber tomado conocimiento de la citada ley (NdR: Estatuto para el Personal Civil de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas – Ley «S» Nº 19.373) y su respectiva Reglamentación, comprometiéndose a su cumplimiento y a guardar el secreto más absoluto de las mismas aun después de haber cesado en sus funciones». Otro formulario insistirá en su compromiso «a guardar Lealtad y Fidelidad para con la Patria» y a «guardar el secreto más absoluto en el desempeño de sus funciones».

Del palo

La primera foja, de presentación de Montezanti a la unidad, está firmada el 25 de septiembre de 1980 por el jefe del Destacamento, coronel José Osvaldo Riveiro, quien certifica la verificación de la «identidad del causante» -nacido el 15 de noviembre de 1945 en Bahía Blanca- y manifiesta «que conoce al nombrado desde el año 1975». En la siguiente se informa que es bachiller y abogado recibido, que «estudia actualmente el doctorado en Derecho en la Universidad de La Plata», «profesa la religión Católica Apostólica Romana» y ejerce la profesión de abogado, procurador, y profesor secundario (Colegio Don Bosco) y universitario.

El registro del vástago del militar Rosario Montezanti contiene también los datos de madre, esposa, hijo y hermano y hasta los deportes que prefería: tiro, ciclismo y natación. Luego siguen copias del DNI, certificado de nacimiento propio y de su hijo, uno de matrimonio del Registro Civil de Ezpeleta y copia del diploma de letrado.

Dinero en nombre de la Constitución

En cuanto a las calificaciones, se destaca con un 10 en Cultura General y un 8 en Criterio, recibiendo seis puntos para Rendimiento, Iniciativa, Cooperación y Disciplina. Justamente alrededor de una sanción disciplinaria giraría -al menos en los papeles- el alejamiento del Destacamento de Inteligencia.

El 19 de junio de 1982 con el objeto de «solicitar reconocimiento de haberes», Montezanti -Ex Pers. Civ. Int. A-I In.10.- se dirige al jefe de la unidad y plantea que en mayo de ese año «purgué una sanción disciplinaria de 5 días de suspensión de empleo impuesta a requerimiento del 2do. Jefe de la Unidad. No obstante ello, los días 3 y 4 del mismo mes, en la tarde y la mañana respectivamente, debí prestar servicios específicos de mi función, por orden de dicho 2do. Jefe, conforme a comprobantes en mi poder». Por eso, decía el juez, «corresponde que, de entre los haberes que aun me toca percibir, se descuenten solamente 3 días, ya que los 2 restantes presté servicios por lo que en su caso el descuento se tornaría una lisa y llana confiscación, prohibida por la Constitución Nacional».

Otra nota dirigida a «Jef II Destacamento Inteligencia 181» repasa el planteo del «ex empleado civil (…) dado de baja por renuncia con fecha 1 jun 82» y concluye: «Teniendo en cuenta que el causante es ABOGADO (destacado en el original) y que al habérsele cortado las prevendas (sic) que gozaba, presentó su renuncia manifestando una incompatibilidad con esta jefatura, se aprecia por consiguiente que tratara de perjudicar todo lo posible a personas o aun a la institución misma. Por lo expuesto y en razón que esa jefatura pueda brindar el asesoramiento correspondiente, solicito que previo al estudio del problema, se comunique temperamento a seguir con carácter muy urgente».

Finalmente, un documento del 29 de octubre de 1982 de firma ilegible pretende «ampliar información sobre ex PCI» y solicita al jefe de inteligencia «que en los antecedentes obrantes en su respectivo legajo personal, puede establecerse su inhibición para cumplir funciones dentro de la institución, como así también en todo otro organismo de las FFAA y/o de Seguridad. Lo expuesto está basado en su carente sentido de colaboración, manifiesta mala predisposición hacia esta jefatura, marcado desinterés en su tarea específica y por sus… (ilegible)».

Si bien hasta hoy no se realizaron imputaciones penales contra Montezanti por su accionar en el Destacamento de Inteligencia 181, en la Universidad Nacional del Sur –donde es docente del Departamento de Derecho- y en el Consejo de la Magistratura –por su cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca- se demoran pedidos de revisión de su labor desde cuestionamientos éticos sobre el desempeño en instituciones de la democracia por parte de quienes integraron el engranaje represivo del Terrorismo de Estado.