Cuenta regresiva para Massot

10295040_10204997987299973_4033602144601356089_o(fiscales.gob.ar) A casi siete meses de la declaración indagatoria que prestó el 24 de abril pasado y con la situación procesal aún no resuelta, el director del diario La Nueva Provincia (hoy, La Nueva) de Bahía Blanca, Vicente Massot, deberá comparecer el martes por la mañana ante el juez federal subrogante Álvaro Coleffi, quien lo convocó a ampliar su primer descargo. De esta forma, se iniciará la cuenta regresiva para que Coleffi defina la situación procesal del empresario periodístico imputado de haber participado en crímenes de lesa humanidad.

La Unidad Fiscal que integran José Nebbia y Miguel Palazzani acusa a Massot de ser coautor del homicidio, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”. También, lo acusan de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario, al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.

Los últimos siete meses fueron de intenso trabajo para la Unidad Fiscal, que tiene a su cargo la dirección de la investigación que le fue delegada por el juez. Los fiscales analizaron la documentación secuestrada durante el allanamiento a las oficinas comerciales y al archivo del diario, que demandó once horas el 8 de abril pasado.

Además, como instructores de la pesquisa se encargaron de corroborar las afirmaciones que Massot había formulado en su defensa durante la indagatoria del 24 de abril. Así, se encontraron con dos elementos que contradicen sus afirmaciones: el empresario había dicho que durante 1976 había realizado la conscripción destinado en el Vicariato castrense. Pero esa institución respondió por escrito a los fiscales que no tenía constancia de la presencia de Massot.

El imputado también afirmó en su defensa que durante 1977 trabajó en un suplemento infantil y en otro social, pero los fiscales corroboraron que esas dos publicaciones se editaron y publicaron con el diario recién en 1979.

Además, se incorporaran a la causa las declaraciones prestadas recientemente por familiares de Heinrich y Loyola y de varios de sus compañeros de trabajo en el juicio oral por los crímenes de la Armada en Bahía Blanca, que está tramitando ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal local.

Durante su primera declaración indagatoria, Massot se negó a responder preguntas de Palazzani y Nebbia y sólo contestó las formuladas por Coleffi. Este martes, además de la nueva prueba producida en los últimos meses, el juez tendrá la posibilidad de interrogar al imputado sobre los hallazgos de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) del Ministerio Público Fiscal en los registros contables secuestrados del diario el 8 de abril pasado. Las conclusiones de esa informe se conocieron en las horas posteriores a la presentación del empresario en tribunales.

Con esa documentación la Fiscalía logró acreditar que Massot cobró su sueldo en La Nueva Provincia desde enero de 1976 en adelante, además de ser dueño del grupo, como accionista, desde 1974.

La OFINEC remarcó que Massot “se desempeñó en forma permanente” como editorialista para La Nueva Provincia al momento de los crímenes de lesa humanidad que se le imputan. El informe pericial además indica que el imputado “posee asistencia completa de septiembre a noviembre de 1976 y en octubre de 1977” y añade que “en todos los meses del período se le paga un adicional por trabajos extras”. La documentación, asimismo, muestra a Massot de manera constante entre 1974 y 1983 en diferentes momentos clave de la historia del grupo.

Estos datos contradicen las afirmaciones del empresario periodístico, quien señaló ante el juez el 18 de marzo pasado y en la indagatoria del 24 de abril que durante 1976 no fue nunca a Bahía Blanca y que empezó a trabajar en La Nueva Provincia a partir del año 1977.

Las peritos, encabezados por la titular de la OFINEC, la contadora Judith König, también constataron que Massot había declarado en esa época como su domicilio legal el situado en Sarmiento 59 de Bahía Blanca, que es el que corresponde a la empresa.

Un diario “en guerra”

Esa información es relevante frente a la secuencia de los hechos que se investigan. En su primera declaración indagatoria Massot fue confrontado con diez actas notariales que dan cuenta de su presencia en la empresa durante la huelga de los obreros gráficos de 1975 que llevó a a los directivos del diario a indicar en un editorial que “La Nueva Provincia, al igual que la Nación a la cual siempre ha buscado servir, se encuentra en guerra”. Un mes después de aquella proclama, el 1° de septiembre de ese año, el diario refirió “la labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer temerariamente que constituyen en verdad una nueva raza ‘invulnerable de por vida’”. Esas afirmaciones fueron “la sentencia de muerte” de Heinrich y Loyola, razonaron los fiscales.

Cuando imputaron a Massot, Nebbia y Palazzani indicaron que, de esa manera, el diario “integraba y subsumía el conflicto sindical en el escenario de la lucha contra la subversión; individualizaba expresamente a Heinrich y Loyola como líderes del movimiento disociador”, y “proponía las soluciones propias de una guerra”.

En aquella presentación, los fiscales evaluaron un informe de inteligencia de la Prefectura Naval sobre el conflicto sindical, que presenta una nómina de “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” (sic), encabezada por Heinrich y Loyola, con la indicación de sus domicilios y episodios que se les atribuían en el marco de la protesta.

Los fiscales no tienen duda que esos datos fueron proporcionados a las fuerzas represivas por las autoridades del medio: “No puede escapar a ningún razonamiento la naturaleza de la información contenida en el informe, la minuciosidad de los detalles en los nombres de las personas marcadas, las funciones, los antecedentes en el diario y en el conflicto gremial, el lenguaje y los conceptos utilizados, y el interés prioritario y último”.

La otra imputación que afronta Massot, además de los homicidios de los obreros gráficos, es su aporte en el “ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica, propias de la inteligencia militar.

En el detallado requerimiento de más de 200 carillas que presentaron cuando pidieron por primera vez la indagatoria, los fiscales sostuvieron que “el diario, la radio (LU2) y el canal (9) de TV –que conforman el grupo mediático- junto con las FFAA” cumplieron en la asociación ilícita “roles prefijados por reglamentaciones y planes militares, desde la ‘interminable’ serie de editoriales, presentación de falsas noticias, propaganda negra, manipulación mediática y todas las acciones psicológicas posibles puestas al servicio del exterminio”. Según los fiscales, estas acciones fueron desplegadas principalmente desde el diario La Nueva Provincia, al cual definieron como “la nave insignia” del grupo.

El empresario periodístico es el único con vida de los cuatro imputados por la Unidad Fiscal en esta causa. Su madre, Diana Julio; su hermano Federico, y el ex secretario de redacción y “corresponsal naval” del diario, Mario Hipólito Gabrielli, también fueron sindicados, pero fallecieron antes de que la justicia decidiera avanzar en el expediente.

La investigación penal es consecuencia de la denuncia realizada por el Tribunal Oral de Bahía Blanca tras la sentencia que terminó con catorce condenados a prisión perpetua y otros tres a penas mayores a los diecisiete años de prisión, durante el primer juicio oral llevado a cabo en aquella ciudad entre 2011 y 2012, por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”, indicaron los jueces en los fundamentos acerca de la información publicada por los medios del grupo La Nueva Provincia.

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