Desestabilizar y conseguir impunidad

Hugo-Omar-Cañon“Siempre hubo una resistencia muy grande” por parte de la corporación judicial y sus alianzas con golpistas y genocidas militares y civiles, destacó este fin de semana el ex fiscal general Hugo Omar Cañón, y aseguró que “esta movida de la estructura corporativa local vinculada al poder judicial es un esfuerzo que se está haciendo para lograr impunidad”.

Se esperan definiciones sobre la situación procesal del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por crímenes de lesa humanidad. Mediante denuncias contra el juez y los representantes del Ministerio Público, desde el mismo Juzgado Federal Nº1 que subroga Álvaro Coleffi, se obstaculiza la causa.

“Es evidente que hay alianzas de jueces, tanto en primera instancia como de la Cámara, y algún fiscal, que están apostando a esa impunidad. Y hay alianzas que afortunadamente se han visibilizado”, opinó Cañón en el programa Enredados y agregó que “son maniobras que apuntan a la desestabilización emocional (del juez y los fiscales) y a demostrar un poderío que apunta a la impunidad”.

-¿Cómo evaluas la situación en la justicia federal en el marco del pedido de procesamiento y detención de Massot solicitado por los fiscales que debe resolver el juez Coleffi?

Es interesante hacer una mirada retrospectiva porque, en general, en Bahía Blanca siempre ha sido muy difícil, desde que comenzamos los juicios allá por 1986. Las resistencias de la corporación judicial y las alianzas que ellos tienen con aquellos que tuvieron que ver con el golpe de Estado y con el plan de exterminio, me refiero al poder no solamente militar y de las fuerzas de seguridad sino también y especialmente a los empresarios y a aquellos que acompañaron el golpe, siempre hubo una resistencia muy grande y los aliados de la justicia fueron muy evidentes.

jueces

Marcha contra la excarcelación de 36 genocidas ordenada por la Cámara Federal en 2011.

Por citar un solo ejemplo, uno de los integrantes del Tribunal Oral, (Raúl) Fernández Orozco, era defensor de los militares, era pagada su defensa por el Estado Mayor del Ejército de aquella época y así fue siguiéndose este camino con muchos obstáculos. En el año 1990 se lo designa al juez Augusto Fernández, padre del actual secretario de la Secretaría de Derechos Humanos (del Juzgado Federal, Mario Fernández Moreno), al que nombra Álvarez Canale. Y Augusto Fernández vino especialmente para oponerse a la inconstitucionalidad del indulto que habíamos planteado. Fue el momento que me reemplazaron a mí por el fiscal Norberto Quatín.

Ha habido una puja de poder muy grande y sabemos que, en definitiva, tuvieron que venir jueces de otros lugares, ajenos a Bahía Blanca, y poder conformar el Tribunal Oral y llegar a los juicios con la condena de 2012 y los juicios de la actualidad.

Así que las pulseadas de este momento, visto retrospectivamente, es un terreno ganado muy importante para la justicia. Y haber llegado, en el caso de Massot, a que se siente en el banquillo de los acusados es algo inimaginable si lo miramos desde hace veintipico de años cuando la impunidad estaba muy instalada y era muy difícil desenmascarar esas complicidades evidentes que existían, que estaban en la documentación, pero era difícil visibilizarlas en la justicia.

Creo que esta movida de la estructura corporativa local vinculada al poder judicial es un esfuerzo que se está haciendo para lograr impunidad. Es evidente que hay alianzas de jueces, tanto en primera instancia como de la Cámara, y algún fiscal, que están apostando a esa impunidad. Y hay alianzas que afortunadamente se han visibilizado hasta inclusive con fotografías que demuestran esas connivencias, incluso con autoridades de la universidad también, que tienen que ver con los sectores más reaccionarios y vinculados indirectamente a aquella época, avalando ideológicamente al golpe de Estado.

-Tanto la presentación de Fernández Moreno el día posterior a la reiteración del pedido de procesamiento y detención de Massot por parte de los fiscales como el hecho de ‘anunciarle’ al juez Coleffi que había sido denunciado por filtración de escuchas a través de LU2 con Massot a punto de ser indagado son maniobras muy burdas, ¿por qué cree que es así?

cantaro lnp

Nueve días antes del debut de Massot en el banquillo de los acusados, el fiscal Cantaro se publicitaba en su diario.

Justamente uno puede mirarlo significadamente diciendo que es torpe la maniobra y en ciertos sectores influye y puede, de alguna manera, también anímicamente tener incidencia en los seres humanos que actúan en el rol de juez o de fiscal. Afortunadamente hay una gran entereza de quienes están actuando, tanto del juez Coleffi como de los fiscales Palazzani y Nebbia tienen muy claro lo que deben hacer. De todas maneras creo que son maniobras que apuntan a esa desestabilización emocional y a demostrar un poderío que apunta a la impunidad.

También pensemos en el reportaje que concedió el fiscal general Cantaro, el que me sucedió a mí en el cargo, que lo dio en vísperas de comenzarse el juicio a Massot. Dio un reportaje a La Nueva Provincia que evidentemente no es ninguna ingenuidad sino que también es parte de esa acción psicológica que pretende redundar a favor de la impunidad.

-¿Compartís el planteo de los fiscales en cuanto a que no se trata solo de salvar a Vicente Massot sino también a Hugo Mario Sierra como integrante del poder judicial genocida? 

Creo que sí, el análisis que hacen los fiscales es muy claro, muy contundente, y tiene que ver con una forma de funcionamiento articulado que ya aparecía en los reglamentos militares, aparecía ya en el ’87 en las declaraciones que hacía el general Vilas respecto a cómo operaba la acción psicológica a través de los medios de comunicación y de La Nueva Provincia.

Si recordamos quienes vivimos en aquellos tiempos, también tenemos esa campaña que se hacía cuando aparecían los carteles en el Canal 9 de Televisión con el número de teléfono y la consigna ‘Denuncie’ incitando a la población a que ante cualquier actitud sospechosa, maniobra como entrada de vehículos, salida y demás, hicieran denuncias anónimas para generar procedimientos, con lo cual, por un lado, se infundía temor en la población y, por el otro, se buscaba complicidad de la población civil para el plan de exterminio.

Para el general Caridi La Nueva Provincia "es propia tropa".

Para el general Caridi La Nueva Provincia “es propia tropa”.

Siempre recuerdo y repito una anécdota de cuando presté juramento como fiscal. Estuvo presente el general (José Dante) Caridi que era el comandante del V Cuerpo de Ejército. Creo que él en aquel momento pensaba que con todos, jueces y fiscales, había una correspondencia con el poder militar y, en la reunión que se hizo en la Sala de Acuerdos de la Cámara, uno de los jueces que estaba allí le preguntó cómo veía él a La Nueva Provincia. Y la definición de Caridi fue: ‘Es propia tropa’. Por lo cual, dio una definición pensando que estaba en una rueda de amigos hablando, de lo que era La Nueva Provincia, ya esto en 1986.

Así que creo que se ha avanzado muy fuertemente en esto y falta todavía el tema Montezanti, lo de los -tanto en el caso de Sierra que ha renunciado a la universidad pero que está comprometido y de Gloria Girotti- que fueron los secretarios del juez Madueño, que concurrían a centros clandestinos de detención y tienen una vinculación directa con la actividad del plan clandestino.

-Es muy poco lo que se sabe de Álvaro Coleffi, ustedes compartieron la tarea en el Juicio por la Verdad…

Él era secretario o prosecretario de la Cámara Federal y genera una gran satisfacción la postura que tiene en la actualidad. En aquel momento su perfil era muy bajo, estaba recién incorporado al poder judicial pero he visto cómo ha evolucionado y se ha desarrollado en un compromiso que tiene que ver con el respeto a la legalidad y a la investigación como corresponde en estos crímenes de lesa humanidad.

Hemos visto también la transformación de otros jueces y fiscales en el resto del país. Algunos en la medida que fueron conociendo el horror y otros porque se han animado poco a poco a asumir el rol que les corresponde desempeñar y, a la inversa, hay otros que han ido asumiendo un compromiso de complacencia, complicidad, de genuflexión frente al poder constituido.

Me refiero sobre todo al poder económico, mediático y eclesiástico que es el que ahora está siendo investigado porque ya el tema militar es como algo aceptado y definido. Pero a medida que se avanza sobre estos sectores civiles hay una presión muy fuerte sobre los actores de la justicia que tienen a cargo la investigación.

-¿Cómo se enfrenta esa resistencia?

Yo creo que la conducta, el comportamiento, que se está llevando adelante por parte de las organizaciones que participan en los juicios, los familiares, las víctimas, quienes declaran, la red solidaria que se ha armado, es el sostenimiento concreto del desarrollo de estos juicios.

Estuve en el juicio de La Cacha en La Plata, que es un juicio muy importante, y lo veía a (al comisario Miguel) Etchecolatz con ese gesto amenazante. Yo estaba al lado de algunas personas que eran víctimas directas y vi el cartelito que sacó hablando de (Jorge Julio) López. El caso de la desaparición de López creo que es un ejemplo, pensaron que era un punto de inflexión, creo que articulado desde los policías retirados de la Bonaerense como también de policías en actividad. Y sin embargo, pese a la desaparición de López, por el contrario, no lograron desactivar la militancia de los que participan sino que generó una reacción mucho más positiva para ser una especie de sostén permanente y participar en los juicios con total compromiso. Ningún testigo fue amilanado ni declinó su compromiso y hubo una actitud militante que permitió llegar a esa condena en el caso de La Cacha como en los demás juicios que se están desarrollando en el país.

Y ciudades muy conservadoras, como es el caso de Bahía Blanca en particular pero también otras como Salta, Mendoza, Córdoba. Pensemos en (Luciano Benjamín) Menéndez vinculado con (Eduardo) Angeloz y la Peña El Ombú con el compromiso con la Fiscalía. O fiscales como el de Mendoza que luego fue juez y camarista y ahora está preso, que es (Otilio) Romano, participó en reuniones conmigo cuando asumí como fiscal desconociéndose en aquel momento su pasado y vinculación con el terrorismo de Estado. Después se profugó a Chile, fue capturado y hoy día ha sido juzgado.

Es un avance muy importante y en otros aspectos también falta avanzar. Por ejemplo, el caso del fiscal general de Mar del Plata que renunció cuando vio que estaba destapándose su compromiso con la dictadura. Su apellido era Monti, también fue compañero con nosotros, de los que venían de atrás, de la época de la dictadura, con quienes nos incorporamos en época de democracia.

Creo que ésta es la única vía reparadora, sanadora y constitutiva de un sistema democrático en serio. Si no hay posibilidad de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad no se puede construir una sociedad solidificada en principios y valores de derechos humanos que rigen a nivel internacional, por lo menos en la letra de la ley, y que falta articularlos en las prácticas y hechos.

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