La Comisión de Apoyo a los Juicios de Bahía Blanca convoca a movilizarnos en repudio al accionar de la corporación judicial contra el avance del juzgamiento de algunos partícipes civiles del terrorismo de Estado. Esta vez, con una obscena puesta en escena, pretenden mantener la impunidad del dueño y director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y la de Hugo Sierra, ex secretario del juez genocida Guillermo Madueño, logrando el apartamiento del juez de la causa.
Fue gracias a la inédita intervención del secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal, Mario Fernández Moreno, quien cuestionó la imparcialidad del juez Álvaro Coleffi en una clara maniobra pergeñada junto al subrogante Santiago Ulpiano Martínez, para habilitar el pedido de recusación finalmente presentado por Rubén Diskin, defensor de Massot y Sierra.
Fernández Moreno llamativamente se sintió violentado moralmente por reuniones operativas que tuvo el magistrado con los fiscales -como suele suceder con cualquiera de las partes de la causa- y lo hizo horas después de la reiteración del pedido de procesamiento y detención de Massot y antes de la definición de la situación procesal tanto del empresario como de Sierra.
Sin embargo, convive con varios de los integrantes de un grupo de funcionarios que muestra públicamente su familiaridad y gusto por los buenos vinos, a pesar de intervenir en las mismas causas desde distintas instancias de la justicia federal. Uno de ellos es el «mentor» del secretario ofendido, Santiago Ulpiano Martínez -excusado de las causas de lesa humanidad por familiaridad de trato con Sierra y por no ver las pruebas suficientes en las acusaciones contra el ex capellán Aldo Vara ni contra Massot, amparándolo al «periodista» en el derecho de libertad de expresión-. Otros son el fiscal general Alejandro Cantaro y el camarista Pablo Candisano Mera, vinculados todos ellos a quienes sostienen la impunidad del ex PCI Néstor Montezanti.
Por supuesto que estos actores no nacieron de un repollo, son la continuidad de tantos otros que hicieron lo posible durante cuatro décadas para impedir la concreción del perseverante reclamo de juicio y castigo a los genocidas manifestado por sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y otras organizaciones políticas.
Podemos recordar desde el jubilado Alcindo Álvarez Canale o el recusado Eduardo Tentoni demorando al máximo las investigaciones en el juzgado federal; pasando por Augusto Fernández -padre del secretario violentado moralmente-, Ricardo Planes y Ángel Argañaráz firmando la excarcelación de 36 represores desde la Cámara de Apelaciones que preside Montezanti; hasta las reuniones en el Club Argentino de Leopoldo Velázquez -presidente original del tribunal oral- con, entre otros, el defensor Diskin y el imputado Sierra.
Esa última cena fue la que motivó la conformación de un tribunal netamente integrado con jueces foráneos que condenaron y/o juzgan actualmente a represores que actuaron desde el V Cuerpo de Ejército y la Base Naval Puerto Belgrano y ordenaron comenzar las instrucciones contra civiles del poder judicial, la Iglesia Católica o el empresariado mediático.
Desde entonces y con el invalorable aporte de sobrevivientes y familiares de los crímenes cometidos por el clan Massot y una profunda investigación de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, se logró dejar a Massot al borde del procesamiento. Esa investigación fue avalada por el juez Álvaro Coleffi, quien también produjo avances en los procesos contra Sierra y Vara y el procesamiento del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, por el encubrimiento del cura represor.
Sin embargo, y a pesar de ser consciente de la «causalidad» de los «excesos funcionales» de Fernández Moreno y del «concierto infame» que opera en su contra, se aparta inmediatamente siendo él mismo funcional a la impunidad, ya que estaba dentro de sus facultades continuar al frente del proceso judicial continuando con el trámite que indefectiblemente llevaría a Vicente Massot a la cárcel, a la espera de un juicio oral.
Seguiremos acompañando a lxs testigos de las causas y a los fiscales continuadores del digno trabajo de Hugo Cañón, Abel Córdoba y Luis Alberto Cotter y exigiendo la intervención de los órganos competentes para garantizar el juicio y castigo a los responsables civiles del terrorismo de Estado. A su vez, insistimos en la necesidad de reforzar la movilización de los sectores populares. Nos concentramos en la Plaza Rivadavia, frente al municipio hoy lunes 15 a las 18:30 para marchar hacia la sede del Juzgado Federal de Alsina 317 y confluir con otras organizaciones.
Por Heinrich y Loyola
Por lxs 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs.
JUICIO Y CASTIGO A MASSOT!
Comisión de Apoyo a los Juicios
Megacausa Zona 5 - Bahía Blanca 