En busca del juez imparcial

111Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron la nulidad de la designación y aceptación del cargo por parte de Claudio Pontet como juez subrogante en la causa que investiga al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, por la comisión de crímenes de lesa humanidad. A su vez, exigieron al Consejo de la Magistratura la selección de quien deba continuar al frente de la causa.

La medida incluye la solicitud del inmediato apartamiento del abogado sorteado por la Cámara de Apelaciones local “de todas las causas por delitos de lesa humanidad en las que ha sido designado” y la inhabilitación a Mario Fernández Moreno para seguir interviniendo como secretario”.

Como argumentos para rechazar al juez ad hoc describen sus vínculos con la ex secretaria del juez genocida Guillermo Madueño, Gloria Girotti; y su participación como asesor letrado de la Municipalidad de Bahía Blanca en diversas gestiones comerciales y la provisión de la millonaria pauta oficial que la comuna destina a empresas de Massot. Por otra parte, destacan que el abogado es defensor de su tío, el ginecólogo Jorge Rubén Pontet, en un juicio por comercialización de un niño nacido en 1976.

Nulidad insanable

En el primer tramo de la presentación, los fiscales fundamentan el pedido de nulidad de la designación y la aceptación del cargo por parte de Claudio Pontet en la Resolución 8/2014 del Consejo de la Magistratura que regula el reemplazo de magistradxs federales. La norma distingue entre subrogancias breves -de duración menor o igual a sesenta días- y prolongadas -mayores a dicho plazo-, independientemente del número de causas en las que participe.

“El estado procesal de la presente causa (no requiere mayores esfuerzos advertir esto) demuestra que la subrogancia en la misma insumirá un plazo mayor que el de sesenta días, ya que en el Juzgado Federal N° 1 no existe un juez designado en forma permanente y quién subroga en la generalidad de las causas del mismo (Santiago Ulpiano Martínez) se encuentra apartado de estos autos (además de encontrarse recusado –aún pendiente de resolución– en todas las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad). Asimismo, el juez interviniente hasta el momento (Coleffi), al aceptar la recusación de la defensa, se encuentra impedido de reasumir el cargo”, explican desde la Fiscalía.

La resolución invocada expresa claramente que “compete al Consejo de la Magistratura la decisión de las subrogancias prolongadas de los juzgados nacionales y federales de todo el país” y se apoya en la ley 26.376. El procedimiento difiere en casos de subrogancias breves otorgándole “un mayor poder de actuación a las Cámaras de Apelación respectivas” aunque el Consejo “se reserva la facultad de ratificar o revocar la decisión y, en este supuesto, designar a su reemplazante”. Mientras en la Magistratura definen, la Cámara puede designar a alguien que “cesará en funciones con la efectiva integración del nuevo subrogante, de no tratarse de la misma persona”. En reemplazos prolongados la Alzada puede “proponer” al Consejo un/a magistrado/a subrogante -pero no tiene la obligación-, siempre que sea de su jurisdicción y si no hubiere “deberá abstener de efectuar dicha propuesta”.

En la causa Massot, los camaristas advirtieron que no hay “juez hábil” en la jurisdicción ni lista de conjueces elaborada por el Poder Ejecutivo ni tampoco puede elegirse un secretario, por lo cual realizaron un sorteo. Entre diez matriculados el resultado fue: 1º) Claudio Pontet; 2º) Luis María Esandi; y 3º) Héctor Bertonchello.

Esandi es vicepresidente del Colegio de Abogados bahiense y compañero de lista del imputado Hugo Sierra en esa institución y lo fue también en el Departamento de Derecho de la UNS. En septiembre de 2011 le otorgó al ex secretario de Madueño el benefició de una liberación exprés tras su detención ordenada por el Tribunal Oral que escuchó varios testimonios que lo ubicaban en centros clandestinos de detención tomando declaración a personas en cautiverio. Esandi fue recusado además por ser apoderado de la Sociedad Militar “Seguro de Vida” que brinda asesoramiento a los represores imputados por crímenes de lesa humanidad.

Héctor Bertonchello es el abogado defensor del arzobispo católico de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, procesado por el juez Álvaro Coleffi por el encubrimiento del ex capellán del V Cuerpo de Ejército, Aldo Omar Vara. Por fuera de la selección de conjuez y suplentes quedó en cuarto lugar ni más ni menos que Rubén Diskin, defensor particular de Vicente Massot y Hugo Sierra.

Conclusión: la Cámara de Bahía Blanca no se limitó a nombrar un subrogante mientras el Consejo de la Magistratura seleccionaba a quien corresponda “sino que directamente designó a Pontet”,  y comunicó al Consejo “como si el presente se trataría de un supuesto de subrogancia breve que, como vimos, no es el presente caso y tiene una regulación diametralmente diferente”.

Un tipo con vínculos

Pontet trabajó en la Universidad del Sur con la ex secretaria de Madueño, Gloria Girotti -imputada por crímenes de lesa humanidad-, en el proyecto de investigación “Doctrina de la imputación material en el ámbito del Derecho Privado”. Esa labor ejercida durante dos años junto a otras ocho personas “conlleva una proximidad directa y una asiduidad en el trato, que reúne todas las exigencias relacionales y los esfuerzos recíprocos de una empresa común”.

La Fiscalía destaca que si bien Pontet no tendría que intervenir directamente en la causa contra Girotti, lo que pueda decidir en relación a Sierra podría influir en la situación de su colega, dado que “se encuentran íntima y directamente vinculadas, en orden a su actuación conjunta en la actividad criminal que se les atribuye” como secretarios del juez genocida.

En cuanto a Vicente Massot, la confianza del Ministerio Público en el subrogante se ve afectada por su paso por la Asesoría Letrada del municipio entre 2006 y 2013. El magistrado intervino en “el asesoramiento y evaluación de gestiones comerciales” realizadas por el gobierno municipal y en la millonaria compra de pauta oficial a proveedores directamente vinculados al empresario: Diario La Nueva Provincia S.R.L., REX Agencia de Publicidad S.R.L. y LU2.

“Dicha situación ha generado, incluso, cuestionamientos desde otros medios de comunicación, que han puesto de manifiesto la falta de equitatividad en la adjudicación de la pauta oficial, y el modo en dicha práctica pueda vincularse a una búsqueda de prensa favorable por parte de los medios de mayor alcance”.

“Se trata de una persona que ha estado ligado durante ocho años al ejercicio de dicha función pública, y todos ellos, como integrante del equipo de gestión de los mismos mandatarios. Ese bagaje tampoco permite descartar la existencia de identidad entre Pontet y las actuales autoridades municipales, que asignan en el presente a los medios de Massot un monto de $3.152.017,75, que supera en casi dos millones al segundo proveedor (que se incrementó de modo abrupto durante el período de Pontet)”, sostienen Palazzani y Nebbia.

Como último punto para recusar al magistrado, informan que Pontet, “en el ejercicio de la profesión liberal, ha intervenido en una causa judicial que lo inhabilita para actuar en cualquier proceso por delitos de lesa humanidad”.

Se trata de la defensa de su tío, el ginecólogo Jorge Rubén Pontet, en una causa que tramita el Juzgado Civil y Comercial 3 de Bahía Blanca, en la cual Marcelo Gabriel Fair denunció haber sido vendido tras su nacimiento en 1976 y que Pontet fue su entregador. Si bien el acusado rechazó la imputación, sí reconoció “haber intervenido en el nacimiento del menor comercializado”. El hecho también es investigado por el Juzgado Federal N°2.

“A la luz de la sistematicidad que adquirió la apropiación de criaturas nacidas en cautiverio durante el terrorismo de Estado, irregularidades de una inusitada gravedad” como la mencionada, “más allá de que se encuentre acreditada o no su vinculación con delitos de lesa humanidad, se enmarcan en prácticas que contribuyeron a la comisión de los mismos”. Debe considerarse además que las causas en las que interviene ahora Pontet tienen “conexidad” con las causas madres del V Cuerpo de Ejército y la Armada Nacional donde “se investiga, entre otras circunstancias, la apropiación de menores durante la dictadura cívico-militar”.

La Fiscalía sostiene que los planteos deben encuadrarse en “la existencia de una maniobra en curso para impedir el avance del proceso de verdad y justicia como tal. En ese marco, no puede pretenderse encontrar una solución al cuadro de gravedad institucional, trayendo al proceso –en reemplazo del juez subrogante recusado, dr. Martínez– a una persona que ofrece tales demostraciones de vinculación, previa a la causa y concomitante a la causa, tanto con el plano de los imputados como del objeto de investigación”.

2 thoughts on “En busca del juez imparcial

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