Por la solidaridad de Trelew

Sergio Maida y su entonces esposa, Liliana Toimberman, declararon días atrás durante el juicio contra 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano, sobre sus secuestros ocurridos en noviembre de 1976 en la ciudad de Trelew.

Sergio integró el comité de solidaridad con los presos del penal de Rawson y fue apoderado del ex dirigente de FAR y Montoneros, Roberto Quieto. Luego de ser capturado, fue trasladado junto a Liliana hacia nuestra región. Si bien pensaron que habían sido recluidos en Sierra de la Ventana o Tandil, las referencias sobre el lugar, sus represores y otrxs detenidxs coincide con el centro clandestino de detención, torturas y exterminio que la Armada Argentina montó en la Base de Infantería de Marina «Baterías».

El juicio continuará esta semana con audiencias los días miércoles y jueves desde las 9 en la sede del rectorado universitario de Colón 80.

Movilización contra la impunidad

La impunidad sigue siendo noticia en Bahía Blanca. El juzgamiento a Vicente Massot, dueño y director del diario genocida “La Nueva Provincia”, por crímenes de lesa humanidad cometidos hace casi cuatro décadas, se ve obstaculizado y amenazado por nuevas maniobras de la corporación judicial local, que dilata y presiona para impedir el proceso.

Para expresar nuestro repudio, desde la Comisión de Apoyo a los Juicios convocamos a concentrarnos en la Plaza Rivadavia, frente al municipio, el próximo lunes 15 a las 18:30 para marchar hacia la sede del Juzgado Federal de Alsina 317 y confluir con otras organizaciones.

A LA IMPUNIDAD OPONDREMOS MOVILIZACIÓN
Por Heinrich y Loyola
Por los 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs
JUICIO Y CASTIGO A MASSOT!

Comisión de Apoyo a los Juicios

El Juicio desde la Calle 12

Compartimos una nueva emisión de El Juicio desde la Calle, un panorama informativo sobre las declaraciones testimoniales del juicio Armada Argentina – BNPB escuchadas durante las audiencias de los días 9 y 10 de diciembre y también sobre los cuestionamientos hacia el juez Ávaro Coleffi, quien está semana se apartó de la investigación contra civiles que participaron en el terrorismo de Estado como Vicente Massot y Hugo Sierra.

El Juicio desde la Calle se emite los viernes a las 20 por FM De la Calle 87.9Mhz. Reemiten: FM De la Ventana 96.9Mhz en Sierra de la Ventana y Radio Universidad AM 1240 (UNS). El programa puede descargarse y reproducirse libremente por cualquier medio.

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«Una espada enviada para punzar»

«¿Quién es el autor que está detrás del autor?», se pregunta el juez Álvaro Coleffi en el escrito donde acepta apartarse de la investigación de crímenes de lesa humanidad imputados al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, a partir de una queja por «violencia moral» presentada por Mario Fernández Moreno, secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1.

El pedido de recusación lo firmó el abogado Rubén Diskin, quien se limitó a copiar y pegar citas jurídicas dado que «el temor de parcialidad» había sido sembrado y abonado por los «fundamentos serios y razonables» del tándem compuesto por el secretario y el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez.

«Nada es casual. Por el contrario, muchas cosas que ocurren son causales, máxime cuando deben resolverse ciertas situaciones procesales», dice Coleffi en referencia a las causas contra Massot y Hugo Sierra, ex secretario del juez genocida Guillermo Madueño. Y agrega: «Si como anunciaron los fiscales federales, la presentación del secretario ocultaba una cabal estrategia para la defensa de los imputados (lo que efectivamente ocurrió), seguramente ello será valorado por las autoridades del Consejo de la Magistratura» y por «la Superintendencia de la Corte Suprema».

Desestabilizar y conseguir impunidad

«Siempre hubo una resistencia muy grande» por parte de la corporación judicial y sus alianzas con golpistas y genocidas militares y civiles, destacó este fin de semana el ex fiscal general Hugo Omar Cañón, y aseguró que «esta movida de la estructura corporativa local vinculada al poder judicial es un esfuerzo que se está haciendo para lograr impunidad».

Se esperan definiciones sobre la situación procesal del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por crímenes de lesa humanidad. Mediante denuncias contra el juez y los representantes del Ministerio Público, desde el mismo Juzgado Federal Nº1 que subroga Álvaro Coleffi, se obstaculiza la causa.

«Es evidente que hay alianzas de jueces, tanto en primera instancia como de la Cámara, y algún fiscal, que están apostando a esa impunidad. Y hay alianzas que afortunadamente se han visibilizado», opinó Cañón en el programa Enredados y agregó que «son maniobras que apuntan a la desestabilización emocional (del juez y los fiscales) y a demostrar un poderío que apunta a la impunidad».

“La Nueva Provincia fue un arma”

Foto: Lina Etchesuri.

¿Es posible afirmar que La Nueva Provincia ejerció su libertad de expresión al sostener un discurso que instigaba permanentemente la aniquilación y exterminio de personas, antes y durante la dictadura cívico militar? ¿Puede aplicarse ese concepto a la negación posterior de aquellos crímenes y a la reivindicación del accionar de quienes dijeron defender a la «Nación histórica»? ¿Puede ser casual la coherencia entre el discurso del multimedios de la familia Massot, en sus distintas etapas, con la reglamentación militar sobre acción psicológica? ¿Desinformó LNP a la población regional en complicidad con el terrorismo de Estado o fue parte activa del plan criminal? ¿Se animará el Poder Judicial a ver más allá de las teorías jurídicas ordinarias y profundizar su mirada sobre la participación del poder civil y económico en crímenes de lesa humanidad?

Algunas respuestas no tardarán en llegar. El juez subrogante Álvaro Coleffi tiene en sus manos la definición de la situación procesal de Vicente Gonzalo Massot, único sobreviviente del grupo imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, y deberá valorar los argumentos de su defensa en contraste con la abundante prueba testimonial y documental aportada por los acusadores. En tiempo de descuento, el club de la impunidad mueve sus fichas.

«No se nos escapa que las conductas que calificamos de criminales y la presente acusación es inédita en los tribunales nacionales y en los internacionales, casi. Estamos obligados, entonces, a entender algo que es básico y obvio pero que no siempre los tribunales del país y los distintos operadores de la justicia entienden», advierten desde el Ministerio Público al presentar el marco teórico de la imputación basado en la «filosofía del lenguaje ordinario» -del británico J.L. Austin– y en «las características performativas» del discurso mediático.

Armada: más testimonios

El próximo martes 9 de diciembre a las 9, en la sede del rectorado universitario de Colón 80, se reanudarán las audiencias del juicio por crímenes de lesa humanidad imputados a 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Armada Argentina durante el terrorismo de Estado.

En las últimas sesiones -25 y 26 de noviembre-, además de las declaraciones de Patricia Gastaldi y Matías Russin y de familiares del desaparecido Jorge Eleodoro del Río, se escucharon testimonios sobre los hechos que tuvieron como víctimas a Gerardo Carcedo, Norberto Eraldo, Susana Martinelli y Carlos Oliva.

Se trata de María Errazu, París Senesi, Lucía Nativa de las Mercedes Aquino y Ulises Edgardo Gelos.

Cayó el jefe de Inteligencia

(fiscales.gob.ar y FM De la Calle) El ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V del Ejército, Aldo Mario Álvarez, de 88 años, fue detenido este martes en el country Laguna del Sol de Tigre. Se encontraba prófugo desde el 15 de junio de 2007 cuando el entonces juez federal Alcindo Álvarez Canale ordenó su captura tras no haber dado con su paradero en el domicilio del imputado de la Capital Federal.

En octubre de 2006, el ex fiscal general Hugo Cañón y el fiscal de primera instancia Antonio Castaño habían requerido la detención del coronel retirado en una extensa presentación que también incluía a otros imputados de nuestra jurisdicción.

Desde entonces, la Unidad Fiscal de Bahía Blanca promovió diferentes medidas de prueba para dar con el militar que, en 1987, había zafado de la persecución penal gracias a la ley de Obediencia Debida.

«Pretenden correr el eje de los civiles»

De espalda, el juez subrogante Santiago Martínez, brinda el fiscal general Alejandro Cantaro y abraza al camarista Pablo Candisano Mera.

Un nuevo actor apareció para garantizar la impunidad cuando están dadas las condiciones para que el juez Álvaro Coleffi defina la situación procesal de Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia imputado por crímenes de lesa humanidad. Se trata del secretario del Juzgado Federal Nº1, Mario Fernández Moreno, quien se quejó por reuniones que el magistrado tuvo sin su presencia con los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia causándole un «alto grado de violencia anímica y moral».

«¿Fernández actúa de igual manera en todas las causas donde ve o se entera de que algún defensor, fiscal o juez de otra instancia dialogan entre sí? ¿Acaso no dialogó nunca a solas con un defensor? ¿Y con los fiscales?», se preguntaron desde el Ministerio Público y advirtieron que «este tipo de presentación es más efectiva a efectos de lograr impunidad que las propias presentaciones del defensor técnico de los imputados».

Además, se mostraron sorprendidos porque a Fernández «no le haya movido un pelo» la íntima relación entre el juez Martínez, el fiscal general Alejandro Cantaro y el camarista Pablo Candisano Mera, «siendo que es -hoy- secretario penal subrogante» en causas donde todos ellos intervienen.

En su respuesta, denunciaron que la «maniobra» de Fernández -en tándem con el juez subrogante Santiago Martínez- «pretende correr el eje de lo verdaderamente importante: la responsabilidad penal de los civiles cómplices con la dictadura cívico-clerical-militar».

Coleffi, luego de procesar al obispo Guillermo Garlatti por el encubrimiento del cura genocida Aldo Vara, fue apartado por la Cámara Federal «sin razones aparentes» quedando a cargo de las tres investigaciones en las cuales, ahora, el secretario se siente agraviado. 

Terrorismo de Estado y civiles en la UNS