Mujer en Baterías

Martha Mantovani emigró a Puerto Rico, Misiones, por temor y para no tener que sentarse al lado de sus torturadores en Bahía Blanca. Fue secuestrada en noviembre de 1976 y mantenida en cautiverio hasta el fin de aquel año en el centro clandestino de detención y exterminio Baterías, que funcionó en dependencias de la Armada Argentina.

Declaró este martes en el juicio contra 25 marinos, militares, prefectos, penitenciarios y policías. A días de cumplir ochenta años se sentó ante el tribunal y puso el peso de su testimonio en la denuncia de la violencia machista ejercida contra las mujeres en el campo de concentración.

«Me desnudan, me sacan la ropa, me revisan a ver si tenía algo en el ano. Esto no fueron solamente torturas físicas, esto que hemos vivido todas las mujeres es un delito de género. Yo quisiera saber si esta gente, que pienso que su cabeza se deshumanizó para hacer lo que hicieron, si les hubiera ocurrido lo mismo a su mujer, a sus hijas…», afirmó. El juez José Mario Triputti le avisó que si iba a hablar de abusos sexuales podía pedir el desalojo de la sala. «¿Por qué el público se va a tener que retirar si el público tiene que saber lo que pasó en este país?», preguntó la testigo.

Las mentiras de “Chaleco” Giménez

Giménez declaró como testigo en el primer juicio Subzona 14 en 2010.

(Por Guillermo Quartucci) El  domingo 22 de febrero, según informan diversos medios, en especial de la provincia de La Pampa, apareció colgado (suicidio) en su casa de Santa Rosa, René Rubén “Chaleco” Giménez, quien cumplía prisión domiciliaria a la espera de la materialización del bastante postergado segundo juicio oral Subzona 14, en el cual ahora sí, iba a ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad en los que participó durante la larga noche del terrorismo de Estado que asoló a su provincia.

En el primer juicio, llevado a cabo en 2010, Chaleco había sido citado como testigo y, como tal, ofreció su testimonio, considerado “desafiante” por quienes lo escucharon seguramente en razón de sentirse protegido pos su calidad de no imputado. Fue así como espontáneamente narró acciones que lo involucraban, en especial su participación en el amplio Operativo llevado a cabo del 14 al 16 de julio en la localidad de Jacinto Aráuz, en el cual fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados profesores y personas vinculadas a la escuela secundaria local, el Instituto José Ingenieros, considerada por algunos lugareños como un foco de diseminación de ideas marxistas. Chaleco, básicamente, actuó como chofer del comisario Roberto Esteban Constantino, presente en el Operativo, así como encargado de trasladar a los secuestrados hasta la Comisaría del pueblo, a cuya cabeza se encontraba el comisario Miguel Gauna, y de allí hasta el Puesto Caminero junto a la Ruta 35, en el límite con la provincia de Buenos Aires.

«Hijos de puta, están matando gente»

Vuelos de la muerte. Foto desclasificada por la CIDH.

Fue la expresión del ex marino Roberto Del Valle cuando en 1976 vio en un avión en la Base Aeronaval de Ezeiza «la cantidad de sangre que salía por la puerta y terminaba en el patín de cola» y las «sogas, soguitas, ropa y el ojal con botón» que había adentro. El hombre, quien luego se desempeñó en la Base Espora, describió además un vuelo de traslado de detenidos a Trelew.

El relato se escuchó ayer en el juicio contra 25 represores imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. También aportaron lo suyo y padecieron los planteos de las defensas Héctor Curcio y Liliana Griskan.

Hoy se escucharon nuevos testimonios, las audiencias continuarán el martes 3 y el miércoles 4 de marzo desde las 9 en Colón 80 de Bahía Blanca.

Apelan «absurdo» desprocesamiento de Garlatti

(fiscales.gob.ar) El fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, recurrió ayer ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo por el que la Cámara Federal desprocesó y dictó la falta de mérito al arzobispo local, Guillermo Garlatti, y al apoderado del ex capellán del Ejército Aldo Vara, Leopoldo Bochile, quienes se encuentran imputados de haber prestado asistencia al prelado castrense mientras estuvo prófugo durante ocho meses en una causa por crímenes de lesa humanidad.

«Señores jueces de la Cámara Nacional en lo Penal Federal, si la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones no es casada, esta causa está muerta y no la revivirá siquiera que la suerte de las conductas que se juzgan sean la de los portadores del Verbo Divino», indicó el Cantaro en su recurso, en el que requirió que se revoque la falta de mérito a los dos imputados.

No obstante, el fiscal general señaló que «la responsabilidad de Garlatti aún es mayor» porque su conducta «significó la ayuda económica de quien debiendo ser un siervo de Jesús, era perseguido por delitos contra la mayúscula del hombre, contra la Humanidad que debía resguardar y preservar. No pareció Garlatti reparar en el reproche moral que cabe a quien colabora en sostener a un cura (etimológicamente: sana, no lesiona, tortura, secuestra y mata) que elige la fuga antes que la presencia para dar cuenta de sus actos a la ley, a las víctimas, a la sociedad que debía preservar, cuidar, consolar».

Avanza el juicio Armada-BNPB

Oscar Castro, jefe de un grupo de tareas, sigue el debate desde Comodoro Py como la mitad de los imputados*.

Esta semana continúan las audiencias del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por 25 represores en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano. Las audiencias públicas son en Colón 80 de Bahía Blanca este lunes a las 16 y martes y miércoles a las 9.

A principios de mes un ex conscripto denunció el robo de un bebé nacido en cautiverio y otrxs testigos se refirieron a la desaparición de Cora Pioli. Además, declararon Marta Susana Martí sobre el secuestro de Gerardo Carcedo y Nélida Enriqueta Natalí, esposa del trabajador portuario Aníbal Marciani, cuyos dichos aquí se reseñan.

Montezanti o derechos humanos

El doctor Mario Ricardo Sabbatini asumió este miércoles el rectorado de la Universidad Nacional del Sur homenajeando «a los estudiantes, docentes, no docentes y egresados de nuestra casa de estudios que fueron expulsados, perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados o que engrosaron la larga lista de desaparecidos durante los duros años del Terrorismo de Estado».

El 3 de octubre de 2011 el asambleísta Dante Patrignani presentó ante el entonces rector, Guillermo Crapiste, un pedido de juicio académico para que el docente Néstor Luis Montezanti sea «separado de su cargo» por haber sido Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército Argentino. La denuncia fue girada al Departamento de Derecho, judicializada por el espía, avalada por la Corte Suprema y escondida por las autoridades de Derecho hasta el 17 de diciembre pasado, cuando la declararon inadmisible «por no existir causa para llevar adelante el juicio académico».

El órgano al que perteneció el también presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, a través del Destacamento de Inteligencia 181, resolvía los pedidos de reincorporación de esos alumnos y docentes militantes homenajeados que habían sido encarcelados y expulsados. La nueva conducción podrá ahora profundizar su compromiso con «una universidad que custodia los derechos humanos y  la memoria» al tratar la apelación de Patrignani en el Consejo Superior Universitario.

Revocaron procesamiento del arzobispo Garlatti

Vara, Bochile y el arzobispo.

(fiscales.gob.ar) La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó los procesamientos y decretó la falta de mérito del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, y del apoderado del fallecido capellán militar Aldo Vara, Leopoldo Bochile, en la causa en la que se los investiga por haberle prestado asistencia al sacerdote del V Cuerpo del Ejército mientras estuvo prófugo por crímenes de lesa humanidad y por haber ocultado información que permitiera dar con su paradero.

La decisión fue adoptada por los camaristas Pablo Candisano Mera y Ricardo Emilio Planes, quienes consideraron que Garlatti no incurrió en el delito de desobediencia por incumplimiento de una orden judicial cuando desde el Juzgado Federal se le requirieron los datos del paradero de Vara y contestó que no lo sabía. El fiscal general Alejandro Cantaro adelantó a Fiscales que recurrirá la resolución.

Los camaristas sostuvieron que la omisión del Arzobispado de informar sobre el subsidio de 2350 pesos que paga la Conferencia Episcopal para sacerdotes mayores de 68 años, y que cobraba Vara desde 2001 a través de su apoderado en la curia local, es «un dato que no era requerido expresamente por la sede [judicial]». Al respecto, Candisano Mera y Planes citaron la indagatoria de Garlatti, en la que afirmó que «nunca imaginó que dicho dato podría resultar relevante para dar con el paradero de quien se encontraba prófugo».

“La última vez que escuché a Cora”

Cora Pioli según Jorge González Perrín*.

Nuevos testimonios sobre la desaparición de Cora María Pioli se escucharon entre el martes y el miércoles pasado en el juicio contra 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano durante la última dictadura. La flamante profesora de Letras y militante universitaria fue secuestrada el 25 de noviembre de 1976 y estuvo en el centro clandestino de detención y torturas «Baterías».

Horacio Montes de Oca, vecino y amigo de la joven, fue testigo del secuestro en Patricios 743 de Bahía Blanca: «Nos desataron, nos sacaron la capucha y nos dimos cuenta que Cora no estaba y que la casa estaba prácticamente saqueada, tenía el aspecto de un robo, la biblioteca caída, los libros en el piso, la ropa revuelta, habían revisado todo de forma violenta». Relacionó el hecho con la resistencia estudiantil contra el cierre de carreras de la Universidad del Sur ordenadas por la intervención de Remus Tetu.

María Raquel Loperena confirmó que su hermana María Beatriz -desaparecida junto a su esposo Carlos Rivada- estudiaba con Cora y Valerio Roldán se refirió a las gestiones de la familia Pioli para encontrarla.

Las audiencias continuarán el 23 de febrero desde las 16 y los días 24 y 25 desde las 9 en Colón 80.

Nacidx en el 9 de Julio

«Hubo un nacimiento mientras yo estuve de guardia, una noche atendieron a la mujer que tuvo familia, los médicos se llevaron al bebé y la mujer quedó ahí. Lo supe por mis compañeros. Supuestamente el médico era de la Marina», denunció el ex conscripto Aníbal Américo Agotborde en la reanudación del juicio contra 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Armada Argentina.

El empleado municipal jubilado realizó el servicio militar en la Base Naval de Puerto Belgrano y fue destinado a la «antiterrorista» Compañía Pitón. Describió los operativos de secuestro y sus guardias en el centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en el buque ARA 9 de Julio. «Era castigar gente indefensa, sin posibilidad de ver quién le pegaba, estaban esposados, era infrahumano señor», dijo al juez Martín Bava. «Nosotros éramos partícipes involuntarios de eso, veíamos lo que pasaba pero no éramos quienes les pegábamos. Eran los suboficiales de nuestra compañía, infantes de marina y de marinería».

También declararon Horacio Montes de Oca, Ernesto Reynafé, María Raquel Loperena y Nélida Enriqueta Natali*. Hoy continúan las testimoniales desde las 9 en Colón 80.