Massot ya tiene quien le escriba

(Nota con audio) El juez Claudio Pontet, recusado por la Fiscalía, en un fallo digno de la defensa, dictó la falta de mérito de Vicente Massot, “sin perjuicio de la prosecución de la causa y la continuación de la investigación” sobre su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. No sólo afirmó que La Nueva Provincia (LNP) ejerció simplemente su libertad de expresión durante el genocidio sino que victimizó a la empresa que, a su entender, fue “utilizada” por las fuerzas armadas para desplegar acción psicológica contra la población.

Sobre los secuestros, torturas  y homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola el juez responsabilizó a la Triple A. El fiscal Miguel Palazzani comentó que con el avance de las causas “no puede haber ninguna duda que los que asesinaron a Enrique y a Miguel obviamente fueron miembros de las fuerzas armadas, a lo sumo conjuntas y obviamente con la complicidad absoluta y la instigación y el encubrimiento de las autoridades del diario”.

La resolución también fue firmada por Mario Fernández Moreno, el secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal que tras un ataque de “violencia moral” facilitó el apartamiento del juez Álvaro Coleffi. Bajo la subrogancia del magistrado habían avanzado las causas contra los civiles del terrorismo de Estado. “Es la culminación de la maniobra pergeñada”, advirtió Palazzani.

Entre las acusaciones realizadas por la Unidad Fiscal -que además de Palazzani integra José Nebbia- se señalaba que la empresa de Massot actuaba en estricto cumplimiento de los reglamentos militares durante la dictadura. Pontet sostiene al respecto que LNP fue “utilizada” por los genocidas: “Las Fuerzas Armadas propiciaban el uso de información y propaganda falsas, desde donde se exponía una figura demonizada en todo lo relacionado a la llamada ‘subversión’; y así como se manipuló al Poder Judicial (…) se utilizó a los medios de comunicación (sea La Nueva Provincia en el ámbito local, u otros medios en distintos niveles)”.

En contrapartida, afirma a su vez que LNP “participa claramente en una contienda, en una ‘guerra’ contra ese enemigo que identifican con la subversión, el marxismo, la guerrilla y expone su punto de vista y posición política sobre el tema, si se quiere, colaborando con la dictadura” pero diferencia la “guerra antisubversiva” del “genocidio”. El abogado ubica a la primera “dentro de la ilegalidad del gobierno de facto” como “un objetivo legítimo del Estado”.  Agrega que desde las páginas del diario “no se llama a la población ni a sector alguno a secuestrar, asesinar, torturar o desaparecer personas. (…) Inclusive, se observa en varios artículos un llamado a aplicar la ley, en forma rigurosa, sí, pero con apego a ella”.

Sin embargo, diez días antes de los secuestros y homicidios de Heinrich y Loyola, los Massot advertían en sus páginas que bastaba “una orden y una estrategia desarrolladas sin desmayos ni contemplaciones contra ese enemigo de la República, y la definitiva solución del problema comenzará a tomar forma. Pues la violencia antisubversiva ha de ser absoluta o no ha de ser nada”. “Opinión política. Cuestionable, antidemocrática, belicista, maniquea. Pero opinión política al fin”, dijo el juez.

Citando prueba de la Causa Bayón, tras cuya sentencia se ordenó abrir la investigación contra LNP, manifiesta que “no sólo había censura, sino que ni siquiera los medios del grupo Massot estaban exentos de la misma”. Aunque, más adelante, Pontet subraya reiteradas veces las “múltiples críticas al gobierno militar”. Por ejemplo: “Un hecho que debilita gravemente la postura fiscal, dado por la conducta desplegada por la dirección del diario La Nueva Provincia durante la etapa final del llamado Proceso de Reorganización Nacional, debido no sólo a que -como señalé antes- el diario ‘adoptó posiciones muy críticas del gobierno militar, al que definió como un fracaso’”.

«Si él leyó como dice, diez años de editoriales en treinta días -hay que felicitarlo a Pontet por la velocidad de análisis y de lectura, a nosotros nos llevó más tiempo-, si lo leyó bien, se va a dar cuenta que la crítica viene por blandos, porque pedían más y más exterminio, no porque pregonaran el apego a la ley como sostiene», explicó el fiscal Palazzani.

Correr el eje

Respecto a los secuestros, torturas y homicidios de los obreros gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, Pontet abonó la teoría que responsabiliza a la Triple A. Expuso: una “débil” vinculación de los trabajadores con Montoneros, la persecución de la banda parapolicial contra dicha organización, la “oposición y denuncia” de LNP al accionar de las AAA, la “consecuente respuesta” de ésta a la empresa, la pertenencia de las víctimas al diario y coincidencias entre el  “modus operandi” de la Triple A con el desplegado en los casos de los dirigentes gráficos.

Al quitar la acusación de la familia Massot, Pontet aseguró que “la eliminación de Heinrich y Loyola tampoco dio solución al conflicto gremial porque aquél -al momento de los homicidios- ya había culminado” y así “desvanece el motivo o móvil en el que la Fiscalía sustenta y hace reposar toda su hipótesis”. Cabe destacar que aquel conflicto había terminado pero el logro de la empresa fue aún mayor: destruyó la capacidad gremial de sus trabajadores –que tenían las peores condiciones laborales en comparación con otros medios similares del país- e impidió la correcta afiliación de los gráficos hasta la actualidad.

Pontet planteó algunas debilidades de su propia hipótesis: el momento en que ocurrió el hecho; los nudos marineros con los que fueron encontrados atados los cuerpos; el uso de drogas para adormecer a la familia de Loyola y la “complejidad del procedimiento” realizado para secuestrarlos; la comisión de los hechos con posterioridad al golpe de Estado cuando “varios de los integrantes de la célula de AAA en Bahía Blanca fueron detenidos; recuperando su libertad al poco tiempo”.

Editoriales y espías

En cuanto a las editoriales citadas en el recurso fiscal el magistrado manifestó haber analizado las publicadas durante la década que va de 1973 hasta el retorno de la democracia. “Lo fundamental no es identificar los tipos de editoriales cólericos y amenazantes que encajan en el discurso beligerante (como si fueran arengas dicen los fiscales) (…) sino advertir que la política editorial de La Nueva Provincia fue siempre igual, ayer y hoy, en 1974 o en 2009, y, precisamente por ello, se puede concluir que no actuó en el período investigado a modo de ‘usina ideológica del terrorismo de Estado’”, opinó. Además, dijo que no está probada la autoría de las mismas por parte de Vicente Massot y que el empresario intervenía como mero “hijo de la dueña” más allá de su pertenencia al directorio.

Además de rechazar la posibilidad de que la familia Massot conociera la “parte subterránea” de la “lucha contra la subversión”, sugiere que dicha ingenuidad implicaba también la ignorancia de que al menos dos de sus empleados fueran Personal Civil de Inteligencia del Ejército, el fotógrafo Gustavo Jorge Lobos y el redactor Jorge Carlos Soldini. Marca que este último estaba incluido en la lista de la Sección Informaciones de la Prefectura que señalaba el “personal a ralear”, empezando por Heinrich y Loyola. Para el juez el diario era víctima de la infiltración de los espías del Ejército “para nutrirse de información constantemente, y después volcarla en los carriles formales a los que respondían”.

Por otra parte, Pontet declaró la nulidad del testimonio del teniente y abogado Mauricio Gutiérrez por ser defensor de otros imputados de lesa humanidad y violar secretos profesionales y militares. Palazzani advirtió que “ni siquiera la defensa de Massot cuestionó y pidió la nulidad del testigo Gutiérrez”.

“Quieren disciplinar”

“La resolución está firmada por otro personaje bastante complicado de ese juzgado federal que es el secretario Fernández Moreno. De él en algún momento habrá que empezar a hablar más claramente y poner la lupa. Fue el que dinamitó e introdujo un manto de sospechas contra el juez y los fiscales”, dijo esta mañana el fiscal Miguel Palazzani en el programa Enredados que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Altos.

Agregó que “lo que quieren ahora es disciplinar la jurisdicción, no solamente van por la impunidad de Sierra, Massot y Garlatti sino por disciplinar a quienes impulsaron esas investigaciones. La metáfora final es que juez y fiscales están denunciados penalmente y para Massot, Garlatti y Sierra no hay ni siquiera pruebas para avanzar a un estado posterior de la causa e iniciar un juicio oral y público”.

“Es una trampa decretar la falta de mérito porque la investigación está terminada, apelaremos eso y el sobreseimiento de Sierra”, anunció y detalló que en el fallo sobre el ex secretario del juez genocida Guillermo Madueño “es grave lo que dice Pontet porque pone en duda los dichos de una víctima que está probado que fue secuestrado, torturado. Le toma declaración en una cárcel donde le dice lo que ha ocurrido, donde la víctima dice que le tergiversó los dichos. Lo tenemos probado en otras causas también, varios profesores de la universidad lo han dicho. Bueno, Pontet también entiende que en ese caso no hay ninguna prueba y, peor, lo sobresee”.

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Otros argumentos del fallo sobre Massot

• El texto de Pontet y Fernández Moreno teoriza sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión y explica que “cuando el propósito del actor es causar el mal y el discurso formulado es propiciatorio de la incitación a la acción directa e inminente de la violencia” el discurso no se encuentra amparado en dicha figura aunque sostiene que para que sea penalizada la expresión de odio “requiere la inminencia de la consumación de una conducta prevista en el Código Penal”  con “algún nexo de causalidad con el delito”.
• Sobre los antecedentes internacionales -Der Stürmer en Alemania y Kangura en Ruanda-, Pontet marca “diferencias” entre los directores de esos medios que fueron condenados y Vicente Massot. Por ejemplo, dice que no está acreditada la vinculación personal de Massot con el aparato estatal genocida, ni que ocupara cargos públicos al momento de los hechos, “tampoco la autoría de su puño y letra de las noticias y editoriales que publicaba La Nueva Provincia, o su directo control y capacidad de decisión en ese medio, y menos aún su efectiva participación en los secuestros, torturas y homicidios imputados”.
• Descarta que haya apología de delito porque no encuentra “ninguna mención concreta a delitos o condenados del pasado” y también lo hace con las  amenazas y el encubrimiento –“porque el encubridor debe haber sido ajeno a la comisión del delito que lo precede”.