Apelaron falta de mérito de Massot

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani apelaron la falta de mérito que benefició al director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad. Insistieron en el pedido de nulidad de la designación del juez Claudio Pontet y en su recusación. Hoy el tema fue tratado en una comisión del Consejo de la Magistratura y mañana habrá reuniones en la Cámara Federal local. Están en la ciudad los consejeros Leónidas Moldes, Luis María Cabral y Jorge Daniel Candis para participar del concurso para cubrir la vacante en el Juzgado Federal Nº1.

La apelación, según los acusadores, es la consecuencia de que el magistrado ad hoc «no admite la configuración de responsabilidad penal (siquiera en este estadio inicial del proceso), por motivos que responden a un orden no jurídico, sino moral o cultural. No logra advertir moralmente el desvalor y la peligrosidad de la conducta imputada, aún cuando las normas y la jurisprudencia se encargan de establecer el deber de investigarla y juzgarla».

«El mismo tenor de los editoriales, los vínculos del imputado y su familia con los altos responsables de la represión en Bahía Blanca, los informes de inteligencia de las propias fuerzas represivas, la presencia de funcionarios policiales de alto rango en el servicio de seguridad de la empresa, así como el personal civil de inteligencia, demuestran el conocimiento que tenía el diario acerca de la verdadera naturaleza de los hechos ‘informados’. Es difícil concebir que se sostenga que el medio compartía los fines de aniquilamiento de la subversión y, al mismo tiempo, desconociera que la misma se estaba llevando a cabo», respondieron al juez defensor.

Presión

Los fiscales ratifican que es el Consejo de la Magistratura el que debió y debe designar al juez de la causa y no la Cámara Federal bahiense. Destacan nuevas posibilidades de resolver la situación a partir del nombramiento de la dra. Gabriela Marrón en el Juzgado Federal Nº2 y la publicación de la lista de conjueces de la jurisdicción. Esto motivó nuevas presentaciones y si bien Pontet sabía que estaban en trámite dictó “apresuradamente” la falta de mérito de Massot. Están pendientes también su propia recusación y la del secretario Mario Fernández Moreno.

Esta “encrucijada” presiona sobre la Cámara y el Consejo que debían analizar la permanencia del juez “sabiendo que su eventual apartamiento implicaría la nulidad de ciertas decisiones relevantes” sin afectar al imputado. Sin embargo, hoy, “su eventual apartamiento implicará que un nuevo juez (ahora sí, imparcial y competente) analice nuevamente la situación procesal de Massot, cayendo de esta manera la falta de mérito. Imaginemos, por un instante, los planteos que realizará la defensa en dicho escenario forzado por el apresuramiento en resolver”, manifestaron los fiscales.

Ilegal pero legal

Desde el Ministerio Público afirman que el fallo de Pontet reproduce el mismo discurso que el diario de Massot al plantear “que lo que convierte en ilegal a la lucha contra la subversión, es que la supresión del subversivo no se realice por medios ‘legales’”.  (…) ¿De qué modo exterminar el accionar de la subversión, como reclamaba La Nueva Provincia, puede ser legal?”.

“Pontet encuentra que el genocidio y los crímenes contra la humanidad como tales, no estuvieron en la eliminación física (entre otros ilícitos) de una parte de la población (grupo nacional), sino única y exclusivamente en el carácter clandestino y en los medios con que se llevó a cabo. Es decir que de no haberse configurado esta última característica, la actividad desplegada por el estado hubiera sido legítima, incluso si conllevara una matanza general”.

El juez nunca advirtió el modo en que “una exhortación masiva y constante a la aniquilación del “subversivo” (eje central de la imputación) constituyó un ilícito penal”. Y para ello ocultó la prueba y no valoró ninguno de los textos señalados por la Unidad Fiscal.

A su vez, “sostiene la existencia de una guerra psicológica” y “falla también allí: no hubo una guerra psicológica (teoría de los dos demonios), sino una empresa de acción psicológica como herramienta fundamental del plan genocida”.

“Pontet pretende hacernos caer en la trampa de que lo aquí discutido se trata del derecho a expresarse libremente, cuando hemos dejado en claro que lo que estamos analizando no son expresiones sino conductas criminales”, dicen los fiscales y manifiestan que eso es posible al desdoblar el programa represivo en un componente legal, y uno ilegal: “Es claro que si se le niega ilegalidad al mensaje de aniquilamiento (porque se puede exterminar ‘legalmente’), luego ese discurso podría quedar atrapado por la libertad de expresión”.

Pruebas fragmentadas

Subrayan Nebbia y Palazzani que es la sumatoria de las pruebas aportadas la que permite concluir que “puede y debe” procesarse a Massot. Por el contrario, la resolución del juez hace una valoración “fragmentada y aislada”.

Descarta los antecedentes internacionales de Der Sturmer y Kangura por no tener características “idénticas –en todas y cada una de sus circunstancias” con el caso de La Nueva Provincia  y “realiza tal comparación acudiendo a aspectos irrelevantes de cada caso”. Dichas experiencias de juzgamiento de propietarios de medios pretendían ejemplificar “el modo en que un órgano de propaganda y un discurso de eliminación física pueden representar un aporte esencial a un plan criminal” y no como “definiciones legales”.

La Unidad Fiscal explica que mientras se ocultan las editoriales y notas aportadas se resaltan otras en las cuales no se habla de la lucha contra la subversión, “pretendiendo licuar el preponderante discurso del odio, la aniquilación, el exterminio que emanaba de las páginas del diario La Nueva Provincia. (…) Inclusive, en un giro copernicano, Pontet se anima a más, y presenta a la empresa periodística, en una posición de cuestionamiento al régimen militar y defensa de la legalidad”.

Aunque las citas corresponden al año 1982: “sugestivamente, en su afanosa búsqueda, no encontró muestras de los años anteriores” y coincide con las críticas de la familia Massot sobre los “errores” cometidos por los genocidas que “impidieron la cristalización de su proyecto refundista y avizoraba la tan temida y repudiada salida democrática (ese invento marxista, esa dictadura de las estadísticas). Así, los títulos citados hablan de fracaso”.

“No encontramos en las pretendidas críticas aludidas por Pontet un repudio al exterminio como tal por parte del diario, sino todo lo contrario: un lamento por no haber encarado la tarea de aniquilamiento hasta las últimas consecuencias, permitiendo el resurgimiento de los ideólogos subversivos, por hacer concesiones hacia el partidismo y la apertura política, y también por ceder frente a las presiones internacionales en materia de derechos humanos. Agregan los fiscales que el juez “pretende todo el tiempo (demostrando así su clara inclinación ideológica-política) asimilar un Estado democrático de derecho –como el actual- con un Estado terrorista y genocida”.

En la enumeración de agravios sobresale además la valoración de los reglamentos militares y la supuesta “utilización” de La Nueva Provincia por parte de las fuerzas armadas. “Todos los testimonios que señalan a los integrantes del clan Massot tildando de ‘poco hombres’ o ‘cagones’ a los jerarcas del terrorismo de Estado, las editoriales y las notas en donde se les daba indicaciones de profundizar la lucha contra la subversión que las Fuerzas Armadas llevaban adelante y a no quedarse en las medias tintas, y, los reconocidos vínculos por el propio imputado Vicente Gonzalo María Massot, con aquellos jerarcas, dan cuenta que aquella cultura del terror que imperaba en vastos sectores de la sociedad no corría para los integrantes del medio en cuestión”.

Sobre el punto el juez opina que todos los directores de diarios deberían estar acusados por la acción psicológica y para Nebbia y Palazzani “agravia que, nuevamente, se recurra a la supuesta generalidad de una conducta para sustentar su atipicidad y, fundamentalmente, que se desentienda de las particularidades de la presente causa y que desconecte lo que dicen las reglamentaciones militares con lo que efectivamente hizo el diario y el imputado”.

¿Hijo de la dueña?

Al analizar el peso de Massot en el multimedio familiar, Pontet “niega, desconoce y/o deforma cada uno de los –contundentes– elementos de prueba llevados a su consideración, al mismo tiempo que le otorga pleno crédito a cada una de las aseveraciones del imputado, en su acto de defensa”. La apelación marca las omisiones: “su carácter de dueño, de encargado de representar a la empresa internacionalmente, de su intervención en los conflictos laborales, de sus reuniones con jerarcas de las Fuerzas Armadas, sus antecedentes periodísticos y, fundamentalmente, de su carácter de editorialista, incluso cobrando los sueldos al momento de los hechos”.

Para “bajarle el precio” al empresario se deja de lado que poseía título universitario en la materia, había fundado una revista de alcance nacional y corte netamente político (nacionalismo católico) y ocupado cargos de jerarquía en esa y otras publicaciones políticas de la época.

Desinteligencias

Otro ejemplo de fragmentación de prueba se encuentra en el abordaje de la presencia de agentes de inteligencia en el diario y sus consecuencias. El juez sostiene que no puede asegurarse que la empresa supiera que Jorge Soldini y Gustavo Lobos eran PCI  y omite que su propio jefe de seguridad, el subcomisario Ramos, fue hasta su muerte subjefe de inteligencia local de la Policía provincial y comandó una “investigación antisubversiva” en La Nueva Provincia como lo confiesan los servicios de la Prefectura Naval.

“Tampoco valoró –en conjunto con la presencia de los PCI– la actividad desarrollada dentro de la empresa por Remus Tetu, miembro de las comunidades informativas de Neuquén y Bahía Blanca. (…) Incluso, recurre a un supuesto de imposible acaecimiento: sugiere que la información de la PZAN pudo haber sido aportada por los PCI de la empresa, lo que demuestra su desconocimiento de la causa, porque los mismos ingresaron al Destacamento de Inteligencia con posterioridad a aquella fecha”.

Luego, la apelación reivindica el peso probatorio de otros aportes descalificados o directamente omitidos por Pontet: las actas notariales que ubican a Vicente Massot en medio del conflicto gremial y ante los obreros posteriormente asesinados; la documentación producida por la OFINEC comprobando su cargo de editorialista desde 1976; su representación de LNP en un ámbito internacional como la SIP; y las propias declaraciones del imputado sobre sus tareas de correo entre los jerarcas Suárez Mason y  Azpitarte en el marco de la interna militar.

“Ribetes grotescos”

Al momento de evaluar lo sentenciado en torno a los homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, los fiscales destacan otro aporte no analizado por Pontet: “actas que constatan un claro enfrentamiento entre las víctimas y la empresa, participando personalmente el imputado, agravado ello con el informe de inteligencia que da cuenta que las fuerzas represivas contaban con la información de esas actas –labradas privadamente–».

Allí, el magistrado argumenta que es ilógico que alguien consigne en actas notariales una situación que luego podría ser usada en su contra. Pero omite que “los delitos que se juzgan en estas causas se cometieron sabiendo el autor (o actuando éste bajo una ceguera intencionada) de que el mismo formaba parte del ataque, amparándose en el manto de impunidad que provocaba el contexto general en el que se insertaba, e incluso olvida que las mismas aparecieron gracias a la revelación del informe de la PZAN, no contando por entonces que la develación de dicho elemento –originalmente de carácter secreto- iba a poner en evidencia aquella circunstancia”.

Si bien la responsabilidad del Estado terrorista está lo suficientemente probada como para debatirse en el juicio oral en curso de la causa Armada, Pontet hace “absurdas y disparatadas elucubraciones” para responsabilizar a la Triple A y liberar de culpa a La Nueva Provincia. Y para ello su fuente principal son las investigaciones de la historiadora Belén Zapata quien “ha negado pública e inmediatamente la hipótesis puesta en su boca por parte de quien desempeña las funciones de juez”.

“La afirmación en cuanto a que el único elemento de cargo que conecta los homicidios con el diario en cuestión es el informe de la PZAN, conforma una alarmante desatención de la prolífica prueba del caso (entre ellas: las numerosas declaraciones testimoniales que apuntaron y dieron elementos contundentes sobre la responsabilidad del mismo en el hecho, las actas notariales, editoriales, citación al Quinto Cuerpo, misivas a las autoridades públicas, denuncias a las fuerzas represivas, dichos de Vilas, etcétera)”, se quejan los fiscales.

Y concluyen: “Es evidente que PONTET, por un lado, descree de las claras, convincentes y coincidentes declaraciones de los testigos, deforma sus dichos, deforma opiniones de investigadoras, mantiene oculto –a lo largo de su extenso escrito– todos y cada uno de los mensajes de aniquilamiento y relativiza la documentación de inteligencia y, como contrapartida, da crédito pleno a los dichos del imputado en su acto de defensa (amparado en su derecho constitucional a mentir), pese a que sus olvidos y contradicciones quedaron en evidencia en esta causa’.