Fotos y documento del 24 de marzo

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(Opinión*) A 39 años del comienzo de la dictadura cívico militar clerical, la realidad política nos vuelve a encontrar unidos para ratificar los reclamos y la construcción de memoria, verdad y justicia.

Memoria sobre los 30000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y un proyecto político propio de los sectores comprometidos con la liberación nacional y social que expresaban la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados.

Verdad para desvelar los mecanismos de tortura que aplicó una estructura militar imponiendo un modelo económico que garantizó la concentración de la riqueza, la desarticulación de los organismos de base que expresaban la organización popular, sindical y política y la exclusión de amplios sectores de trabajadoras y trabajadores.

Justicia que garantice la cárcel común y efectiva a todos los genocidas, así como a los civiles que planificaron la dictadura quienes, aún hoy, son actores importantes en instituciones de la democracia, de empresas influyentes y de medios de comunicación. Los distintos sectores de las Clases dominantes profundamente vinculados a las burguesías locales, terratenientes y a los imperialismos, se unieron para cerrar el auge abierto en la argentina a partir del Cordobazo y definieron dividir y neutralizar a las organizaciones que protagonizaron las luchas populares de los años ’60 y ‘70. Centralmente golpearon contra los delegados obreros, como así también contra todas las expresiones políticas y sociales, articulando internacionalmente a través del plan Cóndor con los EEUU y también con otros Imperialismos, como el Ruso.

Las organizaciones paramilitares ensayaron con avidez los secuestros, tortura y violencia de clase. La acción armada y psicológica de la triple A fue fundamental para construir el escenario que dio un salto y se profundizó a niveles insospechados, con la concreción de la dictadura más sangrienta y fascista de la historia.

Las acciones del terrorismo de la triple A y del terrorismo de Estado tuvieron como objetivo central el enriquecimiento de minorías a través de políticas económicas que buscaban garantizar dependencia, desarticulación sindical y exclusión. Así se incrementaron fraudulentamente los niveles de deuda externa, descargando la más brutal represión contra quienes opusieran resistencia a este proyecto económico.

En la actualidad la deuda pública se ha incrementado notablemente superando un 60% su monto desde el 2001. El desendeudamiento con los acreedores privados tiene como contrapartida el endeudamiento cada vez mayor del Estado a nivel interno. La Anses posee el 62% de la plata de los jubilados en títulos públicos, el Banco Central ha sido vaciado y sus reservas internacionales se utilizaron para el pago de la deuda externa -más de 30.000 millones de dólares- y para la salida masiva de capitales. El llamado “desendeudamiento” es una impostura oficialista, garantizada por la oposición tradicional, que consiste en un re-endeudamiento del país, sumado al levantamiento del cepo, la devaluación y un ajuste en regla.

Los posteriores gobiernos de esta democracia formal no aplicaron políticas que pusieran freno al crecimiento de acumulación del capital, sino que lograron sofisticar herramientas fiscales y legales, garantizando la aplicación de negocios nocivos para la población, como la primarización de la economía. Por otra parte, la burguesía financiera ha incrementado increíblemente sus ganancias mientras se imponen techos a las paritarias y se aplican impuestos al salario: lo que constituye una clara voluntad de redistribuir sólo a través de asistencia social; metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras.

Este proceso es la contracara de la impunidad garantizada por las fuerzas políticas capitalistas de nuestro país; impunidad expresada también en los límites que tuvo el juicio a las juntas bajo las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem. Luego de tres décadas de lucha los juicios que se desarrollan hoy, son completamente insuficientes: a la fecha hubo sólo 550 condenas. El aparato represivo del Estado sigue vigente y podemos ver en escena a personajes siniestros como Milani y Stiusso.

Nuestra ciudad también es víctima de una nueva estrategia instrumentada por los militantes de la impunidad: el juez ad hoc Claudio Pontet, asesor letrado en la intendencia de Cristian Breitenstein –aquel que aseguró que en Argentina hubo “una guerra entre dos bandos”-, dictó la falta de mérito en favor de Vicente Massot sobre su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. El fiscal Miguel Palazzani afirmó que se trató de la culminación de una maniobra pergeñada antes de ésta resolución, refiriéndose a las operatorias para defender a los civiles, como en el caso de las resoluciones que beneficiaron a Hugo Sierra donde pone en duda las declaraciones de una víctima y a monseñor Garlatti, quien aseguró en sus declaraciones desconocer el paradero del prófugo Aldo Vara.

El juez Pontet se animó a afirmar que La Nueva Provincia ejerció simplemente su libertad de expresión durante el genocidio victimizando a la empresa y planteando que fue “utilizada” por las Fuerzas Armadas, para desplegar acción psicológica contra la población. Esta maniobra intenta desvincular a La Nueva Provincia y a su actual director, Vicente Massot, del plan terrorista del estado, cuando se ha acumulado prueba suficiente para demostrar que fueron parte orgánica de la implementación del genocidio, así como autores intelectuales del secuestro y asesinato de los obreros gráficos Heinrich y Loyola.

Estos órganos de la justicia no trabajan solos al momento de garantizar la impunidad. Las autoridades de la Universidad Nacional del Sur han hecho grandes esfuerzos para decir una cosa en materia de Derechos Humanos, y hacer otra en la aplicación práctica dentro de sus claustros.

El 3 de octubre de 2011, Dante Patrignani presentó un pedido de juicio académico para que Néstor Luis Montezanti sea separado de su cargo docente. El pedido se basa en su actuación como Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército Argentino. Montezanti también ha sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para lograr su separación como Camarista. A casi tres años de la denuncia, y si bien prosigue el tramite, todavía no hay una definición para su Juicio Político.

En el ámbito judicial, Montezanti ha podido evitar el juicio político, en su carácter de camarista en la justicia federal, porque fue protegido en el consejo de la magistratura, debido a que el expediente fue archivado contando con las firmas de los kirchneristas Diana Conti y el “Cuto” Moreno. La respuesta del acusado fue una campaña de judicialización contra el compañero Patrignani. El Departamento de Derecho por su parte, demoró una lamentable resolución declarándolo inadmisible.

Exigimos por lo tanto, que el Consejo Superior resuelva positivamente el pedido de juicio académico contra Montezanti, al mismo tiempo que llamamos a todas las organizaciones a redoblar esfuerzos en este camino de lucha contra la impunidad de civiles partícipes del genocidio, que caminan libres por las calles y son parte activa de instituciones públicas, en este caso de un departamento del cual se nutre la justicia en democracia.

Este clima de revigorización de la impunidad de las fuerzas represoras de ayer, está estrechamente vinculado al fortalecimiento del aparato represivo de hoy: en los últimos años hemos padecido el consenso político de los poderes ejecutivo y legislativo para la aprobación de una ingeniería represiva, articulada por la Ley Antiterrorista y el Proyecto X, que tienen como objetivo espiar, perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social.

A su vez, las designaciones del represor Cesar Milani como jefe del Ejército, Sergio Berni como secretario de seguridad y Alejandro Granados, constituyen una apuesta firme y clara a la permanencia de la inteligencia militar sobre los civiles, las políticas represivas y la criminalización de la pobreza y de los luchadores, luchadoras, con más de 5.000 activistas procesados. Estos cargos promovidos por Cristina Fernández de Kirchner, muestran la verdadera cara del supuesto “gobierno de los derechos humanos”, que mantiene en lugares de primerísima importancia a funcionarios como Aníbal Fernández, vocero oficial, y uno de los responsables políticos de la Masacre de Puente Pueyrredón que tuvo como víctimas a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

La impunidad nuevamente se expresa en la desaparición de Jorge Julio López y la apuesta al silencio de parte de los personeros políticos y mediáticos en el poder. La política de gatillo fácil se mantiene implacable: Luciano Arruga, Giuliano Gallo e Ismael Sosa son algunos ejemplos de que esto sigue siendo una práctica habitual de los organismos de seguridad, destinada a poner en la mira siempre a los más pobres.

El avance de la violencia de género también práctica hoy habitual, se expresa, en parte, en redes de trata vinculadas a las fuerzas de seguridad y al narcotráfico; hecho que demuestra la complicidad entre los sectores de poder, al margen de los discursos para la tribuna. La reciente denuncia de trata en la provincia de Río Negro y el fallo, que con las firmas de Montezanti y Candisano Mera se exculpa al intendente y al comisario de Lonquimay, La Pampa, del delito de proxenetismo, es un ejemplo de esta complicidad.

Hoy también siguen siendo “desaparecidos entre los desaparecidos” las personas perseguidas sistemáticamente por ejercer una sexualidad por fuera de la heteronorma durante el golpe genocida; el informe “Nunca más” de la CONADEP, no mencionó uno solo de estos casos. Por presiones del ala católica de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se ocultó que tanto homosexuales como judíos habían sufrido persecuciones y torturas particularmente sádicas y violentas, y que se calculan entre 400 y 600 personas LGTBI desaparecidas. Las mujeres militantes, las que luchaban por la legalización del aborto, las que abortaban, las feministas, los homosexuales, transexuales, travestis y lesbianas fueron sujetos y sujetas de punición dentro de aquella campaña de moralización que secuestró, torturó y desapareció varones y mujeres que no cumplían con el rol que les asignaba la moral burguesa, patriarcal y homolesbotransfóbica, fundamental para el sostenimiento del régimen capitalista.

Por esto reiteramos el pedido de que la violencia de género sea considerada delito de lesa humanidad en el marco de los juicios y no un mero agravante.

En nuestra Latinoamérica, también hay rastros y registros de impunidad desde los primeros tiempos de la conquista, donde el Estado argentino no ha hecho más que continuar con la línea de más de 500 años de exterminio y explotación de los pueblos originarios a lo largo y ancho de nuestro país. Podemos recordar, entre los hechos más significativos de los siglos XIX y XX, la llamada “conquista del desierto” en el siglo XIX y las masacres del 19 de mayo de 1859 y de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924.

La represión sistemática hacia los pueblos originarios no ha cambiado y la persecución ha aumentado en los últimos años. Los reclamos y planteos de las comunidades se han hecho más visibles y han dejado en evidencia el desastre ambiental y cultural, producto de la explotación de hidrocarburos y empresas mineras, así como la desforestación y la expansión del monocultivo de soja, por nombrar solo algunos ejemplos que deja en evidencia la complicidad de los funcionarios de turno y del poder judicial, al servicio de los intereses capitalistas. Hoy muchos son los Hermanos Originarios que se encuentran procesados por oponerse a este sistema; la resistencia de los Qom en Chaco y Formosa y de los mapuches de la comunidad Winkul Newen, por quienes exigimos el desprocesamiento, son claros ejemplos de los pueblos hermanos que luchan por defender su tierra ante el avance de las motosierras y del desalojo por parte de las empresas petroleras.

Otro de los ejemplos más notorios de la ausencia de justicia en los últimos tiempos, se vio reflejada en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, un nuevo capítulo expresado en la muerte del fiscal Nisman, tratándose un complejo entramado de intereses entre agencias de inteligencia, negocios espurios y enquistados en la justicia y el gobierno. Este hecho dejó más que nunca en evidencia que el Estado sigue siendo, en lo esencial, un aparato de espionaje y represión contra el conjunto de la población. La exposición de Stiusso, el hombre de la CIA, también permitió ver que los sucesivos gobiernos constitucionales han preservado los servicios de inteligencia de la dictadura militar, incluso el gobierno kirchnerista, quien siguió manteniendo las relaciones de la SIDE con aparatos de espionaje de estados extranjeros, como la CIA y el Mossad. De esta manera, a la represión y el espionaje se le suma la pérdida de toda soberanía nacional, aunque ahora se pretenda ocultarlo con la implementación de la AFI como lavada de cara.

En relación al asesinato del fiscal, denunciamos que los convocantes a la movilización del 18F son igualmente responsables de la impunidad y el encubrimiento de los crímenes de Estado y de la criminalización de la protesta, así como lo son los sectores políticos que participaron de dicha convocatoria, representados en partidos políticos burgueses y en referentes de lo más nefasto de nuestra historia, como el ya mencionado Vicente Massot, Mauricio Macri o Sergio Massa.

Todas estas políticas se articulan con la continuidad y profundización de la dependencia y con los distintos sectores del poder que intentaron e intentan dividir, usando la fuerza del pueblo a su favor, en los alineamientos que ellos tienen con los imperialismos que se disputan la tajada más importante. Sin duda acuerdan en lo principal: la explotación y el saqueo. Los yanquis, chinos, rusos e ingleses entre otros, están presentes en todas las ramas de la economía como se expresa claramente en Vaca Muerta. Este avance contra los intereses populares requiere el disciplinamiento de quienes resisten, así vemos, entre tantos ejemplos, la persecución y procesamiento a docentes camioneros en Tierra del Fuego, por quienes exigimos el desprocesamiento y denunciamos la judicialización de la lucha, por parte de la Gobernadora Fabiana Ríos, que lleva a la fecha más de 40 procesados.

En este 24 de marzo, reafirmamos la defensa de todos los derechos humanos: Libertad, trabajo, vivienda, educación, salud y justicia. Seguimos reivindicando la lucha de los compañeros y compañeras levantando sus banderas, denunciando todo intento de agresión contra la autodeterminación de los pueblos y repudiando la injerencia de los intereses imperialistas en los países de América Latina y todo el mundo, por esto nos solidarizamos con el pueblo venezolano ante la amenaza directa de los Estados Unidos.

Una vez más, ratificamos que la lucha contra la impunidad de la dictadura, es la lucha para retomar los sueños de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, militantes revolucionarios defensores y defensoras de un proyecto político anticapitalista. Memoria por los caídos y, sobre todo, por el ejemplo de lucha y compromiso que nos dejaron como legado. Verdad sobre el entramado del terrorismo de Estado y sobre quienes se han reciclado en democracia. Justicia y cárcel común y efectiva a los responsables militares y civiles del genocidio.

-CARCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS.

-APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA Y DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA HASTA LA ACTUALIDAD.

-APLICACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE EN EL CASO AMIA, INTEGRADA POR ORGANIZACIONES POPULARES Y REFERENTES DESTACADOS.

-FUERA MILANI – FUERA BERNI.

-BASTA DE PERSECUCION A LOS HERMANOS QOM DE LA COMUNIDAD POTAE NAPOCNA NAVOGOH. INVESTIGACION Y JUSTICIA POR LAS MUERTES DUDOSAS

-NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA Y LA POBREZA

-JUICIO Y CASTIGO A MASSOT Y MONTEZANTI

30.000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!

*Comisión de apoyo a los juicios / SUTEBA / CTA / PC-La fede de Watu/ PO – UJS / PTS Juventud del PTS/ Pan y Rosas/ Tesis XI / Frente de Izquierda y de los Trabajadores/ MST Nueva Izquierda – Juntas y a la Izquierda / CRCR /Puño y Letra/ Cehum / La Cigarra / Kumelen Newen Mapu / Agrupación Cardumen / Colectivo Pueblo en Lucha / FM De la calle /Corriente Emancipación Sur / ASTRAMyC/ Coordinadora por el juicio académico a Montezanti

FOTOS: FM DE LA CALLE

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