Investigar y castigar a la Triple A

Watu y el Negrito, símbolos de la represión a estudiantes y trabajadorxs.

Watu y el Negrito, símbolos de la represión a estudiantes y trabajadorxs.

El fiscal José Nebbia aseguró ayer que junto a su colega Miguel Palazzani comenzaron a desandar un compromiso “histórico” y “personal” al presentar el requerimiento de instrucción sobre crímenes de la Triple A, ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. “Mirando la cara a la mamá del Negrito García y la hermana del Watu” detalló que, además de los asesinatos de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Federación Juvenil Comunista, Jesús García y David Cilleruelo, la presentación exige “que se investigue y se castigue a los responsables aun vivos” de los asesinatos de otras 23 personas.

En una charla en la Universidad del Sur, enmarcada en el Día de los Derechos Humanos que se conmemora cada aniversario del homicidio de Watu en los pasillos del ala de Ingeniería hace cuatro décadas, su hermana Raquel Cilleruelo se preguntó: “Cuando se cumplan los 40 años de que murió Videla o Massera o López Rega, ¿alguien se acordará de ellos? ¿Alguien se acordará con cariño, como recuerdan ustedes a Watu?  Ese es el mejor premio que tenemos”.

Marcela, madre del Negrito García, aseguró que recuerda a su hijo con mucho orgullo porque militaba por un mundo mejor, por un sistema socialista, y a mí se me infla el corazón de orgullo”. “El tema de la Triple A todavía no se ha tocado, los jueces no han hecho nada para que se esclarezcan tantos casos que todavía están durmiendo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar señores jueces? ¿Hasta que nos muramos? Yo, mientras me quede un hálito de vida voy a seguir buscando esa justicia. Pido justicia no solamente para mi hijo sino para casos como el de Watu y el de miles y miles de desaparecidos, muertos y torturados. ¿Cuántos fachos como Montezanti tenemos dando clase en esta universidad?”, agregó.

Las patotas comandadas por el diputado nacional del Partido Justicialista y secretario general de la CGT, Rodolfo “Fito” Ponce, y el interventor de la Universidad Nacional del Sur en el marco de la Misión Ivanissevich, Remus Tetu, sembraron el terror en las calles bahienses y provocaron alrededor de cuatro decenas de muertes.

José Nebbia comentó que la investigación de la Unidad Fiscal comenzó tratando de establecer si antes del 24 de marzo de 1976 hubo grupos que cometieron delitos al amparo del Estado porque “esa es la llave que técnica y judicialmente nos permite calificar esos delitos de lesa humanidad, lo que los transforma en imprescriptibles. Y si eso ocurrió es el deber de investigar y castigar”.

“Como todo proceso no hay un momento de inicio sino que, como su propia definición lo establece, el proceso es un discurrir en el tiempo y sí hemos encontrado que en la persecución política, tanto local como nacional, hay una continuidad antes y después del 24 de marzo”, dijo. Por ejemplo, la definición del objetivo, el delincuente subversivo. “Estas bandas paraestatales que cazaban a personas como después hicieron las fuerzas armadas, estaban caracterizadas de la misma manera y atacaban a los mismos grupos: a los obreros, a los estudiantes, a los organizados políticamente, a los opositores políticos”.

Reconoció dos tipos de respuestas estatales antes del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, una respuesta normativa y una respuesta paraestatal. Dentro de la primera se incluyen la Ley 20.840 -“que muchos aquí en la universidad la sufrieron quedando cesanteados”-, las leyes anticomunistas y los decretos que llamaban a aniquilar la subversión -“puerta de entrada legal de las fuerzas armadas”-. En tanto, lo paraestatal se manifiesta en las patotas de la Triple A, “que en cada lugar tuvo sus particularidades, tenemos la CNU en Mar del Plata y La Plata con conexiones entre ellas, tenemos lo que sucedía en Buenos Aires desde la cartera de Acción Social y las particularidades que tenía acá en Bahía Blanca”.

Producido el golpe, “las fuerzas armadas pasan a ocupar claramente un rol protagónico en la ejecución de ese plan de persecución y exterminio”. El fiscal destacó los “lazos conectivos” con el rol del Poder Judicial mostrando los casos de las investigaciones sobre los asesinatos del Negrito y de Watu: “Casos delictivos paradigmáticos porque los autores materiales, inclusive intelectuales, estaban identificados del primer momento y sin embargo no tuvieron más resultado que una impunidad tan larga como de cuarenta años”.

“Esos grupos paraestatales encontraban en el Estado distintas formas de participación, ya sea el Estado entregándole las armas como así también la liberación de zona, una práctica que después se extiende en la dictadura. Hay una participación y complicidad de parte de la fuerza policial y la garantía de impunidad por parte de quienes tenían que investigar estos crímenes y no lo hacían. Eso también se repite en dictadura y quienes llevan adelante los crímenes con la carta previa de impunidad recrudecen su actuación”. En Bahía los nombres propios en la justicia son los de Guillermo Federico Madueño y sus secretarixs Hugo Sierra y Gloria Girotti.

Nebbia explicó que los grupos paraestatales “tenían el rol o función de llevar adelante esas tareas despreciables o repudiables por parte del Estado que era la eliminación física, los asesinatos. No podía esa empresa criminal ser asumida por parte del Estado abiertamente como después sí sucedió cuando las fuerzas armadas tomaron el poder”.

Tanto las bandas parapoliciales como las fuerzas armadas “se concentraron en los mismos ámbitos, en los mismos objetivos históricamente perseguidos”. Por un lado lxs trabajadorxs  como el Negrito García, “un pibe de 18 años que laburaba en la construcción pero que como decía su mamá, militaba, participaba del sindicato y organizaba a sus compañeros en las obras”; y lxs estudiantes universitarios como Watu. “Son dos lugares que aportaron la mayor cantidad de víctimas tanto en la Triple A como en la dictadura”.

El representante del Ministerio Público sostuvo que “parte de esa mano de obra de las patotas después se reciclan durante la dictadura, algunos como PCI, personal civil de inteligencia”. Aun durante el gobierno de Isabel Perón las bandas “se empiezan a insertar en el ámbito sindical y estudiantil con un primer momento que es un desplazamiento forzado de las conducciones copando los sindicatos y los centros de estudiantes y después, hay una acción directa en la represión”. En la ciudad se expresa primero en el copamiento de la Universidad Tecnológica por parte de las patotas de Ponce y Tetu y la UNS con la intrusión del rumano desplazando a las autoridades tal como sucedió en Neuquén, Mar del Plata y La Plata.

El propio asesinato de Cilleruelo fue precedido por tareas de inteligencia tan prolijas como las de la dictadura genocida. “Encontramos en los archivos de inteligencia una gran cantidad de persecuciones y señalamientos. Fijensé cómo se cruza, hay un informe de Prefectura que ya a fines del 74 lo señalan al Watu en el sepelio del Negrito. Pero inclusive es señalado en una asamblea el 6 de marzo del 75. Tenemos acreditado que cuatro días después de esa asamblea Remus Tetu participa en la comunidad informativa, con representantes de distintas fuerzas tanto militares como de seguridad, donde compartían la inteligencia y definían esos blancos universitarios y entre ellos, se señaló a compañeros del Watu, a Héctor Bazán y Eduardo Zanotto”.

En cuanto al impacto del asesinato del Watu, cuyo 40º aniversario se conmemora este viernes 3 de abril, “fue un claro mensaje y causó efecto porque la desmovilización fue muy grande”. Nebbia recordó los registros de inteligencia sobre el juicio popular a un año del homicidio cuando “terminan todos detenidos antes de iniciarse la asamblea” y puso el foco en la actualidad: “Eso tiene efecto al día de hoy, no solamente cerraron carreras y se borraron programas, por ejemplo el de la carrera de Economía de la UNS era de los más avanzados, sino que se perdieron estudiantes y profesores, profesores de la época y estudiantes que hoy serían profesores. El daño también lo sufren los pibes que hoy vienen a estudiar acá”.

¿Se rectificará la justicia?

“Tanto en la causa del Negrito García como del Watu inmediatamente se le dio intervención a la justicia. En la hoja 45 del expediente que se inicia cuando matan al Negrito ya están identificados al menos dos de las personas que fueron a secuestrarlo esa madrugada a su casa. Sin embargo, sin haber sido indagada ninguna de las personas es archivada el mismo año a tres meses de abrirlas. Estuvo cerrada diez años, la mamá del Negrito, vuelta la democracia insiste en la justicia, se reabre en el 85, estaban vivos los responsables y no pasó nada”, relató el fiscal.

Sobre la causa de Cilleruelo informó: “Hubo cuatro jueces que intervinieron, entre ellos Madueño, (Jorge) Sutter y también el secretario Sierra. Las actuaciones judiciales siempre estuvieron dirigidas a impedir el avance. De hecho se la puso a investigar a la Policía Federal, estaban denunciados desde el primer momento quiénes habían sido los autores materiales porque sus compañeros los habían visto y también como autor intelectual el rector de la universidad y nada se hizo sobre eso. Es más, a (Jorge ‘Moncho’) Argibay con posterioridad lo detienen en Mar del Platya por otra causa, el juez le avisa a Madueño que lo tenía detenido por si lo quería indagar y Madueño dice que por ahora no está interesado”.

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