Por violadores

Foto Marcelo Nuñez.

El ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, Manuel Jacinto García Tallada, no fue incluido por tener el proceso “suspendido” por “incapacidad mental”. (Foto: Marcelo Nuñez)

El Tribunal Oral de Bahía Blanca aceptó ampliar la imputación por delitos sexuales contra 19 de los 25 represores que son juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada durante el último genocidio.

“Estamos conformes porque es parcialmente lo planteado desde la Fiscalía. Las víctimas habían contado los abusos y las violaciones que sufrieron estando secuestradas y eso debía ser juzgado en este juicio, no se podía esperar a otro”, aseguró el fiscal José Nebbia quien solicitó la medida a principios de marzo.

Tras una frustrada comunicación con Madrid para escuchar el testimonio del genocida Adolfo Scilingo, condenado a 1084 años de prisión, declararon en las audiencias del 5 y 6 de mayo Gustavo Jorge Barragán, ex detenido en el Buque ARA 9 de Julio, los ex conscriptos Hugo Miranda y Víctor Ricardo Cruz y el teniente de navío Edgardo Luis Lainati.

Los días 19 y 20 de mayo se realizarán inspecciones oculares en la Base de Infantería de Marina Baterías y la Base Naval Puerto Belgrano. En tanto entre el 2 y el 3 de junio se recorrerán la Base Aeronaval Comandante Espora y las sedes de Prefectura Zona Atlántico Norte y Bahía Blanca. Desde Colón 80 partirán jueces, fiscal, abogadxs querellantes, defensores y sobrevivientes de los CCDyT que allí funcionaron. 

El deber de juzgar y el derecho a la verdad

La decisión de ampliar parcialmente la imputación y juzgar los delitos de violencia sexual cometidos por 19 represores, tal como había solicitado la Fiscalía,  fue comunicada por el Tribunal Oral durante uno de los reiterados cortes de la videoconferencia con España, donde se encontraba el genocida Adolfo Scilingo para responder preguntas de la defensa particular.

En su resolución, los jueces destacan la “interdependencia entre el cautiverio, las torturas y los abusos de índole sexual que se produjeron en un mismo lugar de detención respecto de la misma persona”. Reconocen el deber del Estado de atender “en un solo proceso penal” todas las acusaciones contra los imputados y “el derecho a la verdad de las víctimas”.

“El transcurso del tiempo, la multiplicación de las causas en forma parcializada, su fragmentación probatoria, tienen una incidencia directa en la posibilidad de avance y conclusión de los procesos penales en los que se investigan delitos de lesa humanidad”, afirmaron.

El tribunal se apoyó -“desde otra mirada”- en el argumento defensista que planteaba que los hechos no eran desconocidos y definió “una de las razones centrales para hacer lugar a la ampliación, en tanto estos hechos se conocieron durante la etapa de investigación, y a pesar de haber sido subsumidos bajo otra calificación legal, formaron parte de la acusación desde un primer momento”. Y aclara: “No se trata de una omisión o inclusión tardía de los hechos sino de un cambio de perspectiva en cuanto a las consecuencias jurídicas de los hechos que ya forman parte del objeto procesal”.

Por su parte, el defensor Gerardo Ibáñez sostuvo que los tormentos y los abusos eran “hechos distintos”, por lo cual debía iniciarse una nueva investigación sobre la violencia sexual mientras se juzgan las torturas. Esto para los magistrados “se erige como una autocontradicción patente además de una clara violación a los derechos de los imputados”. “Sería irrazonable no reconocer la interdependencia entre el cautiverio al que se sometió a una persona y los hechos que se produjeron mientras ese cautiverio se desarrolló”.

El fallo diferencia el secuestro, la tortura y la violencia sexual padecida por la ex telefonista del Hospital Municipal Aurora Estela Pierresteguy, cuyo caso no estaba incluido entre las más de sesenta víctimas del juicio, respecto de las otras diez mujeres que sí lo estaban.

Así, descarta la ampliación de la imputación sobre Pierresteguy y la habilita para el resto de los hechos, “más allá de que no es esta la oportunidad para expedirse respecto de si están o no acreditados, si se ha cumplido el estándar probatorio que ello requiere, si tienen un carácter autónomo, como también si la autoría y responsabilidad ha sido correctamente definida”. Todo ello deberá definirse entre los alegatos y la sentencia.

Otro argumento de la defensa para evitar que los represores sean juzgados por los abusos y violaciones es que se trata de delitos “de instancia privada”. Los jueces advierten en principio que tres de las víctimas “habrían resultado muertas como consecuencia de su presunto cautiverio” -Cristina Coussement, Laura Susana Martinelli y Cora María Pioli- por lo cual no existe “obstáculo” para que el proceso avance.

Y en cuanto a las mujeres que declararon en el juicio, “no sólo han exteriorizado los hechos que las habrían damnificado sino también su interés en que se los investigue y se juzgue a los responsables”. Por ejemplo, la testigo-víctima y querellante Martha Mantovani “mientras contaba lo sucedido estando secuestrada en un centro de detención clandestino, cuando el Tribunal le hizo saber sus derechos (desalojar la sala o hacer su declaración en otras condiciones en la que pudiera sentirse libre, sin temor) insistió en que quería que lo acontecido se conociere, y dijo ‘el público tiene que saber lo que ocurrió en el país'”.

Citan de la compilación “Género y Poder” de María Sonderéguer: “La acción dependiente de instancia privada se sostiene en una justificación paternalista que lleva implícita una subestimación de la víctima y una sobreestimación de los intereses y sentimientos de quienes no fueron afectados por el delito (familiares y sociedad)”. Agregan los jueces: “Llegaríamos al absurdo de utilizar un requisito formal que tiene en miras la protección de la víctima para dar lugar a una nueva revictimización (profundizando el trauma). Requerir una nueva presentación y exposición de la víctima (luego de que ha contado el hecho y su interés en que se juzgue) para preguntarle si habilita o no la instancia vulneraría los derechos que se alega proteger”.

Cabe destacar que la ampliación de la acusación aceptada no incluye al ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales de la Armada, Manuel Jacinto García Tallada, cuya imputación esta “suspendida” por “incapacidad mental”. Dicha medida fue apelada por la Fiscalía ante la Cámara de Casación.

Testimoniales

Gustavo Jorge Barragán fue secuestrado la noche del 16 de agosto de 1976 en su casa familiar de Mar del Plata. Tras colocarle una capucha lo llevaron a la base naval de dicha ciudad donde estuvo treinta o cuarenta días. Vía aérea fue trasladado a Bahía Blanca donde estuvo hasta ser blanqueado en las listas de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y encerrado en el penal de Sierra Chica.

En la región, “estaba en un camarote de un buque que estaban desguazando, lo hablamos después con los otros tres detenidos que estuvieron en el mismo grupo. (…) Cuando nos llevaban al baño se veía que lo estaban desarmando, faltaban los inodoros,  las duchas, era todo muy parcial y no parecía un buque nuevo que lo estaban construyendo”.

Barragán aseguró que no tenía militancia de ningún tipo y cuando se le preguntó cuál creía que podría haber sido el motivo de su secuestro relató que una vez, durante un interrogatorio, “corrieron una cortina y me dijeron ‘esta es la persona que dice que vos sos guerrillero’, yo dije que no, no es así. Obviamente no fue de muy buenos modales que me lo preguntaron”. Lo conocía por haber trabajado una temporada en el bowling del Club Mar del Plata aunque no lo volvió a ver hasta ese encuentro en el centro clandestino.

Otros dos ex colimbas del Batallón de Infantería de Marina Baterías fueron convocados ante el tribunal, Hugo Miranda y Víctor Ricardo Cruz. Éste último fue asistente del capitán de navío Rodolfo Abel García Arguijo.

Mencionó que un día llevó café a una oficina y se encontró con una reunión de la plana mayor de la base con el almirante Emilio Massera. “Él como enojado porque había entrado, aparentemente no sabía que yo llevaba el café como me habían pedido, se sorprendió al ver que era un conscripto. De mala manera me dijo ‘deje eso ahí y salga ya’. Alcancé a ver en la mesa un trapo blanco largo que, por comentarios de ahí adentro, sé que había habido un procedimiento en Bahía Blanca un día antes y habían secuestrado esa bandera”.

El docente del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, teniente de navío Edgardo Luis Lainati, fue vuelto a convocar por el tribunal para responder preguntas del juez Jorge Ferro  vinculadas a la función y acción de la contrainteligencia.

Otras resoluciones

Más allá de las inspecciones oculares mencionadas arriba, el tribunal informó que aceptó realizar un careo entre el ex conscripto Gustavo Monforte y el imputado Alejandro Lawless, ex jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181. A su vez, hasta el 13 de junio autorizó la prisión domiciliaria de Tomás Hermógenes Carrizo en Merlo (San Luis) y el traslado de Francisco Martínez Loydi y Guillermo González Chipont a las cárceles de Batán y Ezeiza respectivamente.

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