Tras la feria comenzarán los alegatos

Durante las cuatro audiencias de agosto, el fiscal José Nebbia desarrollará su alegato en el juicio contra más de una veintena de represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano. Será los días 11, 12, 24 y 25 en Colón 80 y luego continuarán las querellas y las defensas los días 1, 2, 22 y 23 de septiembre.

Las fechas fueron anunciadas por el tribunal oral tras dos breves jornadas durante las cuales se dio la posibilidad de declarar a represores cuyas imputaciones fueron ampliadas por crímenes de violencia sexual contra mujeres cautivas en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que creó la Armada Argentina en la región.

Nebbia se mostró “sumamente satisfecho” con el desarrollo de la etapa probatoria y consideró que “se ha acreditado sobradamente la hipótesis acusatoria que se había planteado en un comienzo y que inclusive hay nueva información que sirve para profundizar las causas en trámite”.

En ese sentido afirmó que “hay metodologías utilizadas por las fuerzas represivas, también el buceo de la prueba documental nos permite encontrar nuevos puntos de contacto entre los represores que hoy están siendo acusados y personas que encontramos el rol dentro de la estructura; han salido algunos datos sobre personas detenidas que no teníamos; el caso del bebé nacido en el (buque) 9 de Julio. El juicio también ha marcado de manera patente lo importante que han sido los testimonios de los conscriptos, los civiles que son llamados a hacer el servicio militar obligatorio en su momento y que fueron testigos directos involuntarios de estos hechos”.

Durante las audiencias, se le dio la posibilidad de declarar al represor Luis Ángel Bustos, a partir de la ampliación de la imputación por delitos sexuales contra cuatro mujeres. Luego de manifestar que prefería el silencio el prefecto fue autorizado a ser retirado de la sala por cuestiones de salud. Tampoco habló el ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora, Domingo Ramón Negrete, cuya acusación sumó un hecho de abuso sexual.

Desde Comodoro Py, el marino Enrique de León, ex jefe de la División Contrainteligencia del Departamento Operaciones de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías leyó su defensa hasta que un corte de luz acabó con la audiencia del martes. Al día siguiente y nuevamente con demoras por falta de electricidad en Buenos Aires, el represor pudo finalizar su intervención quejándose, entre otras cosas, de que “la acusación no tuvo en cuenta la diferencia entre la inteligencia y la contrainteligencia”.

Completaron las indagatorias el ex jefe de la División Contrainteligencia y del Registro Civil de la Base Naval Puerto Belgrano y jefe militar del Barrio Puerto Rosales, Tomás Hermógenes Carrizo, y Héctor Luis Selaya, ex titular de la Unidad Penal de Villa Floresta condenado a 17 años y medio de prisión.

El fiscal Nebbia sumó dos nuevas pruebas al proceso originadas en relevamientos documentales que realiza el Ministerio de Defensa y en inspecciones a las bases de la zona. Es el caso de los mensajes navales reservados que reportaban la actividad de las fuerzas de tareas de todo el país al almirante Emilio Massera y al Estado Mayor de la Armada. “Son mensajes encriptados, el Ministerio de Defensa pudo dar con ese material y allí, por ejemplo, en un día se pasan un parte y las distintas fuerzas de tareas dicen si tuvieron o no novedades. Si las tenían, señalan un procedimiento en tal localidad con tantos detenidos”.

El tribunal comunicó que el 30 de junio resolvió disponer como medida de no innovar la prohibición de modificar o realizar transformaciones sin autorización judicial respecto del predio y edificaciones adyacentes que ocupa la séptima batería ubicada en la Base de Infantería de Marina del Partido de Coronel Rosales, área recorrida por jueces y partes durante las inspecciones oculares del debate.

Además, aceptó el pedido del represor de León de ejercer su derecho democrático a votar en el ballotage porteño, tarea que concretará en la Mesa 0565 de Ayacucho 1680 de la Capital. En tanto, los imputados González Chipont, Fogelman y Martínez Lloydi serán trasladados hasta el 8 de agosto a sus cárceles de origen “por razones humanitarias”, mientras que a Carrizo se le permitió el traslado temporario a la ciudad puntana de Merlo.

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